En julio de este año, durante una entrevista en televisión nacional, el entonces candidato Donald Trump propuso bombardear a México para atender el problema de fentanilo en su país. “México va a tener que enderezarse muy rápido o la respuesta es ‘absolutamente’”, dijo al ser cuestionado si aún consideraba lanzar ataques aéreos contra los cárteles mexicanos. “Están matando a 300 mil personas al año con el fentanilo que ingresa”. Desde 2020 consideraba esa posibilidad, según el secretario de Defensa, Mark Esper, quien años después se dijo escandalizado ante la propuesta e insistencia de Trump.
Según la revista Rolling Stone, Trump llevaba tiempo buscando propuestas —militares— para enfrentar a los cárteles mexicanos. Además de los ataques aéreos, se propuso enviar unidades militares especiales —con o sin el consentimiento del gobierno mexicano— a asesinar a los líderes de los cárteles. Si bien varios políticos norteamericanos —incluso del Partido Republicano—, las han rechazado y criticado, otros las respaldan. En enero de 2023, dos diputados republicanos presentaron una iniciativa en el Congreso para autorizar el uso de fuerza militar en contra de los cárteles mexicanos que producen y trafican el fentanilo que llega a Estados Unidos por la frontera sur. En el Senado, seis republicanos presentaron su propia iniciativa para designar como terroristas a varios cárteles mexicanos, una figura que implica un proceso largo y complejo para su aprobación. Sus resultados, además, parecen más simbólicos que útiles para detener a los grupos criminales. La designación de Organización Foránea Terrorista, por ejemplo, no autoriza al presidente el uso de militares fuera del territorio nacional, para ello es necesario la autorización del Congreso. Sin embargo, permite perseguir penalmente a miembros de los cárteles, y a quienes les asistan, aunque no se encuentren en territorio norteamericano.
En un video de su campaña Trump sintetiza su estrategia: “Cuando yo sea presidente, será política de Estados Unidos acabar con los cárteles como acabamos con Isis … Voy a desplegar todos los activos militares necesarios, incluida la Marina de Estados Unidos para imponer un embargo naval a los carteles… Ordenaré al Departamento de Defensa a que haga uso de fuerzas especiales, ciberataques y otras acciones abiertas y encubiertas para causar el máximo daño a los liderazgos, infraestructura y operaciones de los cárteles”. A su lista agrega también exponer la corrupción de autoridades vecinas que protegen a las redes criminales e incluir la pena de muerte para traficantes.
El proyecto encaja bien con la imagen de “hombre fuerte”, el discurso nacionalista y antiinmigrante que contribuyó al triunfo de Trump y de los republicanos en las últimas elecciones. Es imposible saber qué acciones están dispuestos a llevar a cabo, pero la amenaza es creíble y es poco probable que las violaciones al derecho internacional sirvan para disuadir.
El panorama para México —y para las relaciones bilaterales— es bastante malo. Durante el pasado mandato presidencial de Trump, México usó la contención de migrantes en su frontera sur como palanca de negociación. El muro antiinmigrante de Trump se irguió también en Chiapas, con el despliegue de militares que realizaban (y continúan realizando) redadas y detenciones de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Los costos de estas políticas para las poblaciones de sur han sido devastadoras. Miles de familias han sido desplazadas y despojadas de sus tierras por el crimen organizado, ante la mirada permisiva —o cómplice— de las autoridades mexicanas. México puede negarse a seguir conteniendo las caravanas de migrantes que llegan a la frontera sur si Estados Unidos realiza intervenciones militares (sin consentimiento). Sin embargo, el prospecto de cuatro años más de intervención militar en la frontera, es una mala noticia para México y no harán más que agravar la actual crisis humanitaria.
México podría consentir, como ha sucedido en el pasado, a intervenciones en territorio nacional. Si no lo hace, el gobierno de Trump puede igualmente, como ha hecho en otras partes del mundo, llevarlas a cabo. De nuevo, las consecuencias para México son deplorables. Junto con el despliegue militar, la detención (o asesinato) de líderes de organizaciones criminales ha resultado ser una de las políticas que más violencia ha generado en el país. Hoy, por ejemplo, Sinaloa vive una de sus peores crisis de violencia tras las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Guzmán Loera (Los Chapitos). Según Animal Político, “la privación de la libertad de las personas creció 100% con respecto a su promedio enero-agosto de 2024; mientras que los homicidios dolosos subieron 230 por ciento”. Cada mañana despertamos con noticias de cuerpos apilados, autopistas incendiadas y balaceras en aquel estado. La posibilidad de nuevas detenciones (o ejecuciones) de cabecillas, no augura nada bueno. Tampoco hará nada por detener el fentanilo u otras sustancias que llegan a Estados Unidos. Si el mercado ilícito y las condiciones (institucionales, sociales y legales) que facilitan que organizaciones criminales subsistan, el efecto de estas intervenciones será mediático y medible en la pérdida de vida humanas.
La respuesta desde el gobierno mexicano para frenar el fentanilo —y mandar un mensaje de mano dura al vecino del norte— ha sido pobrísima, enfocándose principalmente en militarizar y endurecer la política penal. A principio de año, el gobierno de López Obrador propuso una reforma para incluir en la Constitución la prohibición de la producción, distribución enajenación y uso ilícito de fentanilo. El gobierno que comenzó con la promesa de terminar la guerra contra las drogas y defender las libertades, concluyó con la propuesta de elevar a rango constitucional la prohibición del consumo.
La iniciativa no se ha discutido; sin embargo, esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados otra reforma, al artículo 19 constitucional, para agregar diversos delitos “cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de cursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados” a la ya larguísima lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa (que obliga a que, una vez vinculados a proceso, las personas permanezcan en la cárcel “preventivamente” hasta que se dicte sentencia).
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La prisión preventiva oficiosa violenta el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y a la independencia judicial. Lejos de mejorar la calidad de la justicia, premia la ineficiencia de policías, fiscalías y militares. Además, permite que esas autoridades dispongan de la rama más violenta del Estado con mayor facilidad y discrecionalidad. Sabemos que la política penal afecta principalmente a los sectores sociales más desfavorecidos, a los que el Estado tendría que dar mayor atención, no encarcelar. Encima, no sirve para frenar la producción de fentanilo u otras sustancias, ni para proteger la salud. Sirve para encarcelar a pobres y construir una relación de violencia entre el Estado y sus ciudadanos(as).
Peor aún, ante la incapacidad de reducir el mercado de fentanilo ilícito, el gobierno optó por restringir el mercado de fentanilo legal, usado en procedimientos quirúrgicos, para tratar dolor crónico y en pacientes en etapas avanzadas de cáncer. El sexenio pasado, el gobierno federal dificultó la importación y producción de fentanilo y otros opioides creando un desabasto en el país. La Cofepris clausuró la única fábrica de metadona en México, una sustancia usada (exitosamente) para tratar a personas con trastorno por consumo de opioides y así evitar muertes por sobredosis. Algunas clínicas en el norte del país tuvieron que cerrar y dejar a pacientes sin tratamiento.
Intentar suprimir el mercado de drogas (lícitas e ilícitas) es el enfoque equivocado. Existen políticas más efectivas para proteger la salud. Estudio tras estudio lo demuestra. La prohibiciones es una de las grandes timas de nuestra época. Fomenta el negocio de la guerra y el punitivismo sin ningún resultado positivo. La historia de la prohibición y el intervencionismo se ha repetido a lo largo de los años con los mismos malos resultados. Estados Unidos vive —como consecuencia de esta política— una de las peores crisis de salud en su historia. Existe hoy evidencia de que los precursores para producir fentanilo en México ingresan hoy por Estados Unidos sin verificación alguna. También por ahí ingresan las armas que circulan libremente en el país. México tendría que poner su atención en la frontera norte. Lo que viene no será fácil, pero repetir la fórmula prohibicionista (poniendo los cuerpos, militarizando y limitando derechos), no lo hará mejor.
Analista de política de drogas. @cataperezcorrea
