Washington.- Es normal que, en esta era que vivimos, una chica de 18 años se entere a través de las de cualquier cosa en el mundo, incluso de aquello que pueda hacer que su vida quede en el limbo, a punto del descalabre. Hace una semana, por ejemplo, Diana Bautista descubrió que su solicitud para obtener DACA, la protección a la deportación de los Estados Unidos, nunca tendría respuesta: un juez de Texas decidió que el programa era ilegal y frenó todas las aplicaciones por resolver, unas 80 mil. Incluida la suya, por la que llevaba esperando seis meses, pero también la de un amigo suyo quien, sentado a su lado en ese mismo instante, vio a la vez cómo su aplicación, de golpe, desaparecía en la nada más absoluta.

“Es la segunda vez que me pasa”, se lamenta Bautista a través del teléfono desde Los Ángeles. Hace cuatro años, cuando los Estados Unidos “no sabía que yo existía porque había venido completamente indocumentada” -explica a EL UNIVERSAL-, se quedó a solo 31 días de poder iniciar los trámites para obtener DACA. La culpa, en ese caso, fue de la decisión del por entonces presidente Donald Trump de fulminar el programa.“Era un sentimiento muy devastador, muy frustrante”, comenta la joven, originaria de Oaxaca; un sentimiento que se repitió recientemente.

Los obstáculos para siquiera aspirar a DACA son enormes. “No quiero exponerme de esa manera, no quiero darle mi información (al gobierno de EU)”, pensaba Bautista hace medio año, cuando se reabrieron las solicitudes. Pero de igual manera lo hizo, enviando decenas de documentos y pagando 800 dólares, 500 de la aplicación, 300 para la gestión del trámite. “No se logró esta segunda vez tampoco”, se resigna; negándose al lloro porque, dice, “hay gente que la ha pasado peor”.

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“Pero es traumático, afecta a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, no es bueno para nosotros. Mucha gente no mira esto”, explica. 

El culpable, esta vez, fue un juez federal de Texas, Andrew Hanen. “Hay mucha oposición, porque hay gente que no nos entiende”, lamenta Bautista, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). Hanen es un ejemplo: alguien que “nunca ha tomado el tiempo para escucharnos”, “nunca ha estado en nuestros zapatos”, “nunca ha tenido que sacrificar todo por su familia”, enumera. “Nunca ha vivido eso y por eso no nos entiende, y por eso debe ser que nos está atacando”, resuelve. 

La lucha por una reforma migratoria que incluya una protección no solo a los ‘dreamers’, sino también a al menos la gran mayoría de los 11 millones de indocumentados que se calcula que hay en los Estados Unidos, vuelve a tomar fuerza en estos días por el fallo judicial, retomando unas demandas que se esperaba que iban a resolverse de forma fácil con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y la mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso, pero que todavía no ha dado ningún resultado.

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La decisión de Hanen voltea de nuevo el tablero, que parecía en calma tras la decisión del Supremo, a mediados del año pasado, de dar un revés a la administración Trump y obligarle a volver a aceptar solicitudes de DACA. Una nueva denuncia liderada por varios estados republicanos, reafirmada y aprobada por el juez federal hace una semana, ha reavivado la sensación de urgencia en una comunidad harta de promesas y proyectos que no han fructificado, hasta el punto de plantearse casi como un ultimátum para una acción definitiva. “Ese fallo fue como algo que nos despertó a muchos, que a lo mejor estábamos como decayendo o a lo mejor nos estábamos poniendo un poco cómodos”, confiesa a este diario Susie Lujano, activista ‘dreamer’ originaria de San Luis Potosí que llegó a los Estados Unidos cuando tenía dos años.

Bautista cree que ahora es el momento perfecto para la presión máxima y definitiva, ser firme en unas demandas que no solo resuelva el tema de los ‘dreamers’, sino también de toda la comunidad de indocumentados. La estrategia: presentar a los políticos que no es solo que puedan ayudar a millones de personas que viven en la incertidumbre y presas del miedo: los Estados Unidos salen beneficiados por todo lo que estas personas aportan al país.

“Es mucho. Nosotros somos los que trabajamos durante la pandemia, los que salvamos la economía durante la pandemia”, recuerda, “ahora la conversación ha cambiado. No es lo que ellos pueden aportar a nosotros, es lo que nosotros aportamos”, sentencia de forma contundente, para poco después recordar que, si algo ha aprendido de EU, es que “los políticos nunca van a hacer algo si no hay un beneficio para ellos, para los Estados Unidos”. La pandemia, en ese sentido, podría haber generado un sentimiento de empatía y comprensión y agradecimiento hacia la comunidad indocumentada, en un “aprecio al trabajo difícil” que hacen y que, ahora, debe ser recompensado. con una solución migratoria.

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“Me siento optimista, aunque soy realista y sé que no va a ser algo fácil”, admite Lujano, sobre las opciones de que esta vez sí haya una reforma migratoria. “Sabemos que no podemos confiar en que (los políticos) hagan el trabajo solos sin que uno les esté empujando. Yo sé que la comunidad está muy cansada de oír las promesas, yo estoy cansada de lo mismo”, reconoce la activista.

Una de las últimas acciones de presión fue reunirse, el pasado jueves, con la vicepresidenta Kamala Harris en Washington. Lujano estuvo en la capital, Bautista se conectó virtualmente: ellas, junto a una decena de compañeros, dejaron absolutamente claro y meridiano que no es posible demorar más la reforma migratoria, que debe resolverse antes de finalizar el año. 

“Le describimos a la vicepresidenta la urgencia que tenemos por DACA y no solo DACA, pero por una completa reforma migratoria para todos los inmigrantes en este país que hemos estado aquí aportando a este país por tanto tiempo”, resume Bautista. 

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“Dejamos todas las cartas en la mesa, le dejamos saber lo que necesitamos de ella, del presidente Biden y de los demócratas en el Congreso. Ahora necesitamos que ella se movilice y que los demócratas en el Senado escuchen lo que estamos pidiendo y lo que la gente quiere. Necesitamos esto ya, y ya ha pasado demasiado tiempo con mucha incertidumbre para nosotros”, sentencia Lujano a través del teléfono, pocos minutos después de salir del encuentro con Harris.

El compromiso de la Casa Blanca parece firme. “No me estoy olvidando de esto”, aseguró Biden en un debate televisado, esta misma semana. Su gobierno ya ha anunciado que apelará el caso de Texas, presentará una nueva normativa para tratar de enmendar el daño hecho a DACA, y después ejercerá toda la presión necesaria para que el Congreso actúe. “El Congreso debe crear un camino a la ciudadanía”, insistió Harris, que prometió luchar “de forma incansable” para conseguirlo.

Las pláticas están en un punto caliente. Los demócratas en el Senado quieren incluir algún tipo de alivio migratorio en un macroproyecto legislativo de carácter presupuestario que, de pasar el filtro de la asesora legal de la cámara, podría aprobarse por mayoría simple. La presión es máxima: algunos congresistas, como el demócrata Jesús ‘Chuy” García, durangueño progresista que representa a un distrito de mayoría mexicana de Chicago, ya ha advertido que si el proyecto no incluye una provisión sobre migración, no va a darle su apoyo. 

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El temor de otra promesa incumplida, de otra decepción de los políticos, pende sobre la cabeza de los indocumentados, que no quieren volver a vivir la desazón de 2010, cuando una ley sobre los dreamers estuvo a solo cinco votos en el Senado de ser aprobada.

“Hay mucha gente como (el juez Hanen) y se nos va a hacer difícil, pero no es imposible”, confía Bautista. La urgencia es extrema. “(Una reforma migratoria con camino a la ciudadanía) es posible. Se puede hacer. Debería estar hecho. Debe hacerse ahora”, exigió la oaxaqueña a la vicepresidenta de EU. “Tienes razón”, respondió Harris, “debe hacerse, y debe hacerse ahora”.