Los "soñadores" (dreamers) o migrantes que llegaron de niños a e hicieron su vida en el país pidieron este jueves a una corte de apelaciones que mantenga el programa federal DACA que los protege de la deportación, declarado ilegal por un juez.

En septiembre del año pasado un juez de distrito federal de Texas (sur) dio la razón a un grupo de estados gobernados por republicanos que cuestionaron la legalidad del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) lanzado por el expresidente demócrata hace 12 años.

La sentencia fue recurrida y analizada este jueves por un conservador tribunal de apelaciones en Nueva Orleans, que escuchó a los representantes de los estados demandantes, al abogado del gobierno federal y a los defensores de los denominados "soñadores" sin dar un veredicto.

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Si mantiene la decisión, el caso podría llegar a la Corte Suprema.

Parte de los argumentos de Texas es que el programa ha perjudicado sus arcas debido a los costos educativos y de atención médica en los que incurre atendiendo a los beneficiarios.

Jeremy Feigenbaum, abogado del estado de Nueva York que defiende a los "soñadores" (, en inglés), adujo que "Texas no ha hecho nada para explicar por qué está siendo perjudicado ahora por un beneficiario actual de DACA, que ha sido parte de DACA desde 2012, que vive en Nueva Jersey o en Nueva York".

Desde el lanzamiento de este programa federal se han aprobado más de 800 mil solicitudes y existen unos 580 mil beneficiarios, según cifras oficiales.

La vista judicial tuvo lugar a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, que disputarán el expresidente republicano , de 78 años, conocido por su retórica antimigrante, y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, de 59 años y partidaria de proteger a los "soñadores".

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DACA permite a los "soñadores" vivir y trabajar legalmente en el país que consideran su hogar. Para acogerse al programa deben vivir en Estados Unidos desde 2007 y haber llegado antes de cumplir 16 años, además de estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las fuerzas armadas y no tener antecedentes.

En su fallo, el juez de Texas había estimado que DACA viola la ley de inmigración pero no ordenó al gobierno del presidente demócrata Joe Biden que lo clausurase ni que dejase de procesar las solicitudes de renovación.

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Uno de los magistrados de la corte de Nueva Orleans consideró que los "soñadores" confiaron en Estados Unidos, entregando sus nombres y direcciones, lo que podría permitir a un gobierno "deportarlos" si se desactiva el DACA.

El abogado de Texas dijo que lo que ocurriría sería que las personas afectadas dejarían el estado por cuenta propia.

"¿Y qué pasa con otros 22 estados donde se ha documentado lo mucho que (los soñadores) están apoyando al país? ¿Cómo es que un solo juez puede decirles que tienen que irse? ¿cómo puede tener esa autoridad?", insistió por su parte el juez.

Futuro de DACA se define en un panorama judicial incierto

Karina Ruiz llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Se benefició del DACA y, a sus 44, se convirtió en la primera senadora que representa a migrantes en el parlamento mexicano.

"Rectifiquen esto, vean a esos jóvenes, muchos de ellos fueron traídos muy pequeños, han crecido en este país y no se les permiten seguir adelante con sus vidas productivas, los tienen en ese estado de limbo", dijo a la AFP.

"Es muy probable" que la corte mantenga el fallo judicial y en ese caso se espera que "el departamento de Justicia apele la decisión a la Corte Suprema", un proceso que podría llevar meses o años hasta obtener un veredicto, explica el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés).

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La última vez que la Corte Suprema examinó el programa bloqueó el intento de Trump de ponerle fin durante su mandato. Pero desde entonces la composición de la corte ha cambiado, con una mayoría de jueces conservadores.

Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden pidió al Congreso, sin éxito, que brinde un camino hacia la ciudadanía a los "soñadores". Ha contraatacado con medidas que no necesitan aprobación parlamentaria como la ampliación de la cobertura de salud a más de 100 mil "soñadores".

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desa/mgm

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