Miami.— Desde su implementación en 2012 bajo la administración de Barack Obama, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ha sido un salvavidas para cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados, los dreamers. El programa les permite trabajar, estudiar y vivir en EU sin el constante temor a la deportación, pero su camino ha estado marcado por cuestiones legales y políticas, incertidumbre y luchas constantes por un estatus legal permanente.
Durante la presidencia de Donald Trump, DACA casi logra ser eliminado al alegar que se había implementado ilegalmente; sin embargo, el intento por defenestrar DACA fue bloqueado en junio de 2020 por la Corte Suprema de EU, que determinó que la administración Trump no había proporcionado una justificación adecuada para su decisión. Este fallo trajo un respiro temporal a los dreamers.
Cuando DACA se implementó inicialmente en 2012 aproximadamente 472 mil 300 personas se inscribieron en los primeros dos años. Después, el número total de beneficiarios aprobados llegó a cerca de 826 mil personas. Durante la administración de Trump, la cifra de nuevos solicitantes aprobados disminuyó drásticamente debido a las políticas restrictivas y la incertidumbre legal. Según cifras oficiales, actualmente se cuentan alrededor de 660 mil.
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El temor de los soñadores
El gran temor es que si gana Trump, los dreamers volverán a estar con la espada de Damocles sobre sus cabezas. Karen Reyes, una maestra de educación especial en Austin, Texas, comentó a EL UNIVERSAL que vivió muy preocupada sobre su futuro bajo la presidencia de Trump. “Vivía con el miedo constante de que todo lo que había construido pudiera desaparecer en cualquier momento; no me puedo imaginar viviendo otra vez con ese miedo y la zozobra de no saber qué nos puede pasar”.
Constanza López, una arquitecta en Florida, dijo a este diario que “sería el peor de los panoramas que Trump volviera al poder y comenzara otra vez a perseguirnos como si fuéramos unos delincuentes; hemos avanzado mucho con Biden, por eso rezamos para que ahora Kamala Harris llegue a la presidencia”. Luis Cortés Romero, un abogado y beneficiario de DACA, testificó ante el Congreso en 2022 sobre los desafíos que enfrentan mientras no tengan una resolución de permanencia en EU. “DACA me ha permitido cumplir mi sueño de convertirme en abogado y defender a otros en situaciones similares. Sin embargo, necesitamos una solución legislativa que garantice nuestra permanencia en el país que consideramos nuestro hogar”, afirmó.
Antonio Alarcón, un organizador comunitario, compartió a este medio sus preocupaciones sobre el futuro de DACA. “Vivimos en un estado constante de incertidumbre. No sabemos si el próximo año podremos seguir aquí o si tendremos que abandonar el único hogar que conocemos”, declaró.
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Luz Galaviz, maestra de primaria en Rifle, Colorado, contó a este diario cómo se sintió cuando preparaba su primer viaje a México desde que había salido a los cinco años. “Es tu hogar [México], pero al mismo tiempo, es un país extranjero para ti”.
Daniela Alulema, activista y beneficiaria de DACA, destacó la importancia del programa en su vida. “DACA ha sido una tabla de salvación para mí y para muchos otros. Nos ha permitido trabajar, estudiar y contribuir a nuestras comunidades”. Hizo un llamado al Congreso para proporcionar una solución permanente para los dreamers.
Edson Hernández, un joven inmigrante y solicitante de DACA, también habló con este medio sobre la necesidad de una solución permanente, “no sólo para nosotros los dreamers, sino también para nuestras familias y otros inmigrantes que han estado esperando décadas por un camino hacia la ciudadanía”.
El camino del programa
Analistas han asegurado que desde 2012 los dreamers no habían tenido a su alcance una puerta que los llevara a un camino hacia la residencia legal en EU, hasta que llegó Biden. Comenzando por lo último que ha hecho el presidente está la orden ejecutiva emitida en junio de 2024 que representa un cambio significativo para los miembros de DACA casados con ciudadanos estadounidenses y que han residido en EU por 10 años o más.
La orden ejecutiva incluye varias disposiciones clave: un Parole in Place, que permite a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que han residido en EU por más de 10 años y que cumplan con ciertos requisitos puedan aplicar. Este estatus les otorga protección temporal y les permite permanecer en el país mientras buscan un camino hacia la residencia permanente. Pero también al obtener el Parole in Place, los dreamers casados con ciudadanos estadounidenses pueden vivir y trabajar en EU sin el temor constante a la deportación.
Adicionalmente pueden acceder a otros beneficios como seguros de salud, préstamos estudiantiles y otras ayudas financieras. La orden facilita la reunificación de familias al permitir que los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses obtengan un estatus legal.
También les facilita el proceso de visas de empleo. Para los beneficiarios de DACA con títulos universitarios y ofertas de trabajo en campos relacionados con su profesión la orden facilita el proceso para obtener visas de trabajo, lo que abre más oportunidades de empleo y estabilidad económica.
Pero el viernes, 16 estados gobernados por republicanos presentaron una demanda para tratar de suspender este programa federal que podría dar una vía a la naturalización a casi medio millón de inmigrantes que están casados con ciudadanos estadounidenses, pero no tienen un estatus migratorio legal. Luego activistas condenaron la demanda contra el plan de Biden.
En retrospectiva, años atrás el presidente Biden, al inicio de su presidencia, introdujo la Ley de Ciudadanía de EU de 2021, que propone un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA, del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas esenciales.
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Esa ley de 2021 aún no ha sido aprobada. Logró ser introducida en el Congreso como la propuesta de ley HR3194 en mayo de 2023, pero aún está en la fase de ser revisada por varios comités en la Cámara de Representantes, sin haber avanzado a votaciones significativas.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la creación de un estatus de “inmigrante prospectivo legal” que permitiría a los indocumentados obtener residencia permanente tras cinco años y, eventualmente, ciudadanía tras cumplir ciertos requisitos, como pasar verificaciones de antecedentes no penales y el pago de impuestos. Además, aborda otros aspectos de la reforma migratoria, como la eliminación de ciertas barreras para la reunificación familiar, mejoras en el sistema de visas basado en el empleo y la implementación de medidas para manejar de manera más humana y eficiente la inmigración en la frontera.
En su primer día en el cargo, Biden firmó un memorando instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al fiscal general a tomar todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA.
En septiembre de 2021, el DHS publicó una regla propuesta para formalizar DACA como una regulación federal, al buscar proteger el programa de futuras demandas legales. La regla mantiene los requisitos de elegibilidad originales y propone cambios en el proceso de solicitud, como la opción de no solicitar un permiso de trabajo, lo cual reduce costos para los solicitantes.
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Lo anterior fue una respuesta rápida del gobierno federal para afrontar, en parte, un fallo judicial que cuestionaba la legalidad de la creación de DACA. La Casa Blanca expresó su intención de apelar la decisión y continuar protegiendo a los beneficiarios de DACA, mientras se trabajaba en la emisión de nuevas reglas. Pero, en septiembre pasado, el Tribunal de Distrito Sur de Texas declaró que la regla final de DACA era ilegal, aunque el juez permitió que los beneficiarios actuales mantuvieran su estatus.
Este 2024, la administración Biden tomó medidas adicionales para apoyar a los dreamers, incluyendo la eliminación de la prohibición que impedía a los beneficiarios de DACA acceder a la cobertura de salud del Affordable Care Act (Ley de Asistencia Asequible), lo que permitió a más de 100 mil jóvenes obtener seguro de salud, marcando un avance significativo en la protección de sus derechos y bienestar.
El apoyo de las organizaciones
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés) ha sido una voz líder en la defensa de los dreamers. En enero de 2021, CHIRLA celebró las acciones ejecutivas de Biden que incluyeron la extensión y mejora del programa DACA, y la introducción de la Ley de Ciudadanía de EU de 2021.
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, comentó a EL UNIVERSAL que “estas iniciativas eran un paso importante hacia una sociedad justa e inclusiva para los inmigrantes; la unidad familiar es una piedra angular en la fundación de nuestra nación. La acción ejecutiva emitida por la Casa Blanca busca brindar la estabilidad de las protecciones permanentes para algunas familias estadounidenses. Esta es una de varias políticas que cambian la vida, que reconoce a los residentes de largo plazo y nos complace que la administración Biden haya dado este paso humano y de sentido común”.
Desde febrero de 2021, CHIRLA expresó su apoyo a la reintroducción del DREAM Act, al señalar que, aunque es un buen primer paso, se necesita una legalización más amplia para los 11 millones de indocumentados en EU.
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Además de CHIRLA, otras organizaciones promigrantes han mostrado su apoyo. United We Dream es la organización de jóvenes inmigrantes más grande en EU, ha sido una defensora clave de DACA y ha encabezado numerosas campañas y protestas para asegurar la protección de los dreamers. La organización también ha trabajado para proporcionar recursos legales y apoyo comunitario para ellos.
También está la FWD.us, que ha trabajado para reformar el sistema de inmigración de EU y ha sido un fuerte defensor de DACA. La organización ha realizado clínicas para la renovación de DACA y ha abogado por soluciones legislativas permanentes para los dreamers.
La National Immigration Law Center (NILC) ha estado en la primera línea de la defensa legal de DACA, al participar en litigios para proteger el programa contra los esfuerzos para terminarlo. Además, ha trabajado para informar y educar al público sobre los beneficios de DACA y la necesidad de una reforma migratoria integral.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha litigado casos importantes relacionados con DACA y ha defendido los derechos de los inmigrantes en los tribunales. Estas organizaciones, junto con CHIRLA, siguen trabajando incansablemente.