San José. – El Partido Colorado de Paraguay se jugará hoy una de sus más importantes competencias electorales desde que en 1887 irrumpió a la turbulenta vida política paraguaya y ya completó unos 87 años de gobiernos—de 1887 a 1904, de 1948 a 2008 y de 2013 a 2023—en sus 135 de historia como fuerza predominante y referente en un agitado multipartidismo.
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Símbolos de la extrema derecha, los “colorados” gobernaron más de siete décadas consecutivas de 1948 a 2023 y con solo un quinquenio, de 2008 a 2013, que cedieron el poder a las alianzas pluripartidistas encabezadas por su antiguo adversario de centro-izquierda, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Con el PLRA como su fuerza mayoritaria de un abanico de izquierda, centro y derecha, la opositora Concertación Nacional podría arrebatarle hoy la presidencia de Paraguay a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado (ANR-PC). Las encuestas encendieron la alerta.
Un total de 4 millones 782 mil 940 paraguayos están inscritos para votar hoy en las elecciones general de Paraguay y designar presidente, vicepresidente, 45 senadores y 30 suplentes, 80 diputados y 80 suplentes, 17 gobernadores y 17 juntas departamentales (estaduales) que ejercerán sus funciones del 15 de agosto de 2023 al 15 de agosto de 2028.
Con 13 aspirantes presidenciales, el economista Santiago Peña, candidato por ANR-PC, y el abogado Efraín Alegre, por la Concertación, son favoritos.
En un país de 7 millones 554 mil 796 habitantes y sin segunda ronda, para ganar se requiere mayoría simple, lo cual favorecería a la maquinaria política “colorada” sobre la multicolor opositora. Peña o Alegre sucederán en la presidencia al empresario “colorado” Mario Abdo.
“Lo que tenemos son dos modelos enfrentados en una sociedad que quiere el cambio, que exige un sistema de justicia que alcance a todas las personas y que no se rinda ante quien o quienes ostentan el poder”, afirmó la paraguaya Noelia Diaz, de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Paraguay.
“Tenemos la oportunidad de empezar a construir un modelo que enfrente lo que nos tiene hartas y hartos. Pero es necesario que la gente busque cambiar, que reflexione sobre qué modelo de país quiere y en base a eso vote con conciencia”, dijo Díaz a EL UNIVERSAL.
“Hoy sobrevivimos en un modelo que quiere preservar privilegios y poder para unos pocos, preservar prebendas, la corrupción (y) el narcotráfico que se extendió y se integró a las filas de algunos partidos políticos. Otro modelo busca combatir el narcotráfico, dejar de apañar las prebendas, cambiar el sistema justicia. Son cosas que no se construyen en cinco años”, relató.
Atrapado prácticamente en un monopolio “colorado” sobre la Presidencia, Paraguay intentó en 2008 un cambio con la elección del religioso y sociólogo paraguayo Fernando Lugo como candidato de un bloque izquierdista, socialista y socialdemócrata con el PLRA y otros partidos.
Sin embargo, Lugo se hundió en una gestión inestable y en 2012 quedó acorralado en un juicio político parlamentario por deficiente ejercicio del poder y fue destituido por el Congreso Nacional y reemplazado por su vicepresidente, Federico Franco, en medio de denuncias internacionales de que sufrió un golpe de Estado. El Partido Colorado retornó al mando en 2013, con una alternancia frustrada con Lugo.
Al clamar para que Paraguay transite hacia la “alternancia”, Díaz alegó que “es siempre saludable para la democracia”.
“Una alternancia real, que logre concluir su mandato. La alternancia política no solo implica cambios de personas o partidos políticos en el poder, sino también es un proceso que permite reforzar la confianza en las instituciones electorales y políticas de las democracias representativas”, argumentó.
La dictadura
En una famosa sesión dominical de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington en 1978, un diplomático paraguayo ofreció disculpas a sus colegas al explicar que tendría que ausentarse porque debía seguir el desarrollo de las elecciones presidenciales en Paraguay.
Discretos e irónicos, algunos embajadores cruzaron miradas y sonrieron con sutileza, a sabiendas de que los resultados de esos y los anteriores comicios paraguayos desde 1954 tenían un seguro ganador por jugarse con los dados cargados o las cartas marcadas a favor del general Alfredo Stroessner (1912-2006), del Partido Colorado.
Como implacable político derechista que se sumó al club de regímenes y dictadores anticomunistas que, con apoyo de Estados Unidos, gobernaron en América del Sur y en otras partes del continente en la segunda mitad del siglo XX, Stroessner gobernó por la vía dictatorial a su antojo de 1954 a 1989. Sin el dictador y con sus herederos, Paraguay recorrió una transición y 1993 quedó como señal del nacimiento de la democracia.
Una herencia de los 35 años de la dictadura del general fue la represión política. No obstante, Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de derechos humanos con sede en Londres, reportó que Paraguay continuó en 2022 en deuda con el respeto a las garantías o las libertades civiles esenciales.
“Las autoridades seguían criminalizando la protesta social (en 2022). Las investigaciones sobre casos de tortura y otros malos tratos no avanzaron. Los desalojos forzosos seguían constituyendo un problema grave y afectaban a los derechos de miles de campesinos y campesinas de pequeña escala y familias indígenas”, denunció AI.
“Las autoridades no adoptaron medidas para proteger a las personas LGBTI (lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual) ni a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los embarazos forzados de niñas seguían siendo motivo de gran preocupación”, subrayó.
En un recuento en poder de este diario, recalcó que “las restricciones a la libertad de expresión” y “la impunidad por la tortura y otros malos tratos” y que “las autoridades no avanzaron lo suficiente en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que afectaba sobre todo a las comunidades más marginadas”.
“Las autoridades siguieron sin tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas”, señaló. Paraguay alberga 19 etnias indígenas, con los guaraníes como los mayoritarios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) informó que la malnutrición en Paraguay subió de 500 mil víctimas en el periodo de 2017 a 2019 a 600 mil en el de 2019 a 2021.
El número de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó de un millón y medio en la fase de 2017 a 2019, lo que equivalió al 24% de la población, a un millón 800 mil en la de 2019 a 2021, lo que correspondió al 25.3% del total de habitantes, precisó.
La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave perjudicó al 35.1% de la población adulta femenina y al 33.2% de la adulta masculina, indicó.
El (estatal) Instituto Nacional de Estadística de Paraguay (INE) reportó el 30 de marzo anterior que la pobreza extrema se incrementó de 283 mil 523 personas en 2021 o 3.9% de la población a 414 mil 867 en 2022 y llegó al 5.6%, una tasa que solo se registró en 2016.
Aunque la pobreza total bajó al 24.7% en 2022 y perjudicó a un millón 817 mil 788 personas, de acuerdo con el INE, “las cifras escalofriantes surgieron con las contabilizadas en la extrema pobreza”, publicó este mes el periódico ABC, de la capital paraguaya.
“La democracia formal y procedimental (de Paraguay) está lejos de garantizar, en la práctica, mejores condiciones de vida y de desarrollo para cientos de miles de compatriotas”, planteó, por su parte, el abogado y politólogo paraguayo Camilo Filártiga, presidente de la (no estatal) Asociación de Ciencia Política del Paraguay.
“La democracia paraguaya ha sido muy efectiva en avanzar en la dimensión electoral, en las reglas del juego, en el aspectos procedimental, normativo, constitucional. (Pero) hay una gran deuda de los gobiernos de la democracia paraguaya en garantizar derechos consagrados en la Constitución”, describió Filártiga a este diario.
Los paraguayos decidirán hoy en las urnas si continúan con el modelo actual o transitan a “una alternancia que no será un cambio radical ni ideológico ni político, pero puede permitir un respiro y una oportunidad a garantizar un Estado más efectivo en la protección de derechos”, anticipó.
Para el abogado paraguayo Óscar Ayala Amarilla, exsecretario ejecutivo de la (no estatal) Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), “uno de los sellos de la transición democrática paraguaya, junto a la corrupción, infortunadamente ha sido la impunidad y la carencia de una justicia independiente”.
“Pese a esto, en el balance general, siempre es bueno remarcar también que esta democracia, imperfecta y llena de problemas, sigue siendo mejor que la dictadura, donde ni siquiera podíamos opinar en libertad”, rememoró Ayala a este periódico.
“Darle un contenido que vaya más allá de lo electoral a la democracia supone (…) garantizar una justicia que sea a toda prueba independiente y para esto no solo se requiere de leyes, sino del desarrollo de una cultura democrática que promueva y ponga en valor la honestidad y los derechos humanos a ojos de toda la sociedad”, puntualizó.
Por eso, y al evaluar al Colorado, citó que fue “el partido de la dictadura” y “el partido de la democracia” y narró que los “colorados”, en los últimos 70 años, estuvieron “de ambos lados del mostrador”.
Facturas pendientes
“Persisten muchas deudas en derechos humanos”, aseveró la abogada paraguaya María Julia Cabello, coordinadora legal de la sección de AI en Paraguay.
“La marginación económica sigue presente en el país”, se acentuó “aún más” por impacto de pandemia de coronavirus “y sin políticas que sostengan un crecimiento progresivo de toda la población en todos los sectores. Los derechos son para todos y todas, y así también deben ser exigidos”, declaró Cabello a este periódico.
“En ese todos y todas deben necesariamente entrar todos esos sectores y poblaciones que hoy ven sus derechos denegados sistemáticamente”, por lo que el “sistema democrático” de Paraguay “debe abordar una mayor justicia tributaria”, sugirió.
“El que menos percibe sigue pagando lo mismo que el que más tiene y esto repercute directamente en las inversiones en políticas sociales como salud (y) educación”, lamentó.
“Paraguay aún tiene muchas deudas históricas”, narró, por su parte, la sicóloga comunitaria paraguaya María José Garcete, coordinadora gerente de Acción de AI en ese país.
A consulta de este diario, mencionó que “aún está pendiente el reconocimiento de identidad de las personas trans, los pueblos indígenas siguen si acceder a sus tierras ancestrales y son víctimas de desalojos forzosos”.
“La educación en Paraguay sigue sin tener como centro a los derechos humanos y existe una enorme deuda con niñas, niños y adolescentes en prevención y atención de abuso sexual”, denunció.
Al convulso escenario, Garcete sumó la “debilidad institucional” para enfrentar uno de los conflictos de América Latina y el Caribe que también retumbaron con evidencias de que se propagó sin control en Paraguay: la corrupción.