Bruselas.— Desde hace dos años el hotel Holiday Inn Express en Rotherham, ciudad al norte de Inglaterra habitada por trabajadores de la industria del acero, había sido albergue de unos 130 refugiados, mayoritariamente hombres procedentes de África y Medio Oriente.
La situación en ese lugar para las personas que habían escapado de conflictos y pobreza en busca de un refugio no era la más idónea. Desde su llegada eran blanco de manifestaciones convocadas por pobladores locales y políticos de la demarcación. En su momento, el parlamentario laborista John Healy escribió una carta abierta dirigida al Ministerio del Interior en la que se quejó por haber abierto el refugio “sin consultar a la comunidad local”. Afirmó que los hoteles para solicitantes de asilo eran “un claro resultado de políticas injustas y fracasadas”.
El pasado 5 de agosto, el Holiday Inn Express amaneció irreconocible. El día anterior, al grito de “sáquenlos”, una estampida de agitadores irrumpió en el lugar lanzando piedras, sillas y todo lo que cruzara a su paso, superando en número a las fuerzas policíacas. Al final, le prendieron fuego al lugar mientras impedían el paso a los bomberos. Ningún miembro del personal del hotel resultó herido, tampoco los residentes, quienes fueron trasladados a una localidad anónima.
Los disturbios de Rotherham no son aislados. En diversos puntos del Reino Unido han estallado protestas desde el ataque con arma blanca registrado el 30 de julio en un taller infantil de la localidad de Southport, al norte de Liverpool, en el que al menos tres niñas murieron y cinco más fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
En los primeros siete días tras el incidente en Southport, las protestas y los choques violentos entre las fuerzas del orden y miembros de la extrema derecha, registrados en localidades como Manchester, Hull, Liverpool, Bristol, Stoke-on-Trent, Blackpool, Middlesbrough y Belfast, dejaron casi 400 detenidos y docenas de oficiales heridos.
Los violentos disturbios de los últimos días en el Reino Unido constituyen la primera gran prueba para el primer ministro laborista Keir Starmer y su nuevo gobierno.
Starmer intenta restablecer la paz en el país apostando por la vía jurídica. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha recibido instrucciones para dejar caer todo el peso de la ley sobre los responsables de los múltiples actos de barbarie.
“Te garantizo que te arrepentirás de participar en este desorden. Seguirán las acusaciones, después las condenas”, sentenció Starmer.
El optar por los tribunales y por la represión como táctica elegida por el laborista para evitar que los “fuegos” terminen por incendiar todo el país, no sorprende. Starmer es un experimentado jurista. A lo largo de su carrera se desempeñó como jefe de la Fiscalía de la Corona y director del Ministerio Público de Inglaterra.
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Entre los casos que enfrentó está la serie de desórdenes públicos registrados en el verano de 2011 tras el asesinato de un hombre de raza negra por disparos de la Policía Metropolitana de Londres. Fue la última vez que Inglaterra experimentó disturbios similares a los vistos en el verano en curso.
El antiguo juez en Middle Temple está convencido de que el castigo rápido a los autores servirá de elemento disuasorio para participar en los motines. La fiscalía promete castigar no sólo a los sospechosos de la violencia urbana, también a los responsables de sedición en línea.
Entre los supuestos responsables de los disturbios se encuentra Tommy Robinson, uno de los fundadores de la agrupación de extrema derecha English Defence League. Robinson, de 41 años, habría bombardeado diariamente a sus miles de seguidores con numerosos mensajes incendiarios sobre el estado de las ciudades inglesas y la violencia supuestamente perpetrada por musulmanes y solicitantes de asilo. Los mensajes los lanzó desde un lujoso hotel en un balneario de la isla de Chipre, según The Daily Mail.
El segundo componente de la operación dirigida a apagar los “fuegos” en el reino tomará forma la semana entrante. El gobierno de Starmer presentará un programa mediante el cual la policía debería identificar y prevenir brotes de violencia. Sería un mecanismo similar al adoptado en el caso del vandalismo futbolístico.
Otra vertiente de la estrategia podría incluir acciones legales para determinar la responsabilidad de las empresas informáticas en la alteración del orden público y la diseminación de información falsa. En un principio se acusó al autor del apuñalamiento en Southport de ser un solicitante de asilo que había llegado al Reino Unido en barco y era musulmán. En realidad se trató de un joven de 17 años, nacido en Cardiff, Gales, de padres ruandeses y sin vínculos conocidos con el islam.
Starmer advirtió a las compañías responsables de las redes sociales que deben respetar las leyes que prohíben la incitación a la violencia en internet.
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“Permítanme decirle también a las grandes empresas de redes sociales, y a quienes las gestionan, que los desórdenes violentos que se producen claramente en internet también son delito. Están ocurriendo en sus instalaciones, y la ley debe cumplirse en todas partes”.
A la espera de que surtan efecto los planes de Starmer, el Muslim Council of Britain dice que la comunidad musulmana en el Reino Unido se siente aterrorizada.
La organización afirma que en los últimos días los musulmanes británicos han vivido con angustia y temor ante el terror de turbas de extrema derecha en todo el país, intentando agredir a personas y mezquitas.
“Lo que vimos en las calles de Gran Bretaña es la consecuencia de una islamofobia descontrolada: aceptada, poderosa y muy real en nuestra sociedad. El gobierno hace bien en denunciar el extremismo que se ha visto en nuestras calles, pero ha guardado silencio sobre la islamofobia que alimenta ese extremismo”, denuncia Zara Mohammed, secretaria General del Muslim Council of Britain.
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En cuanto a la actitud del público general ante las protestas, los disturbios y las personas involucradas, es claro en entre los británicos no hay simpatía por el desorden público, ni por los participantes de las revueltas.
Una encuesta divulgada por YouGov revela que independientemente de lo que los alborotadores piensen representar, sus acciones no cuentan con el apoyo de la opinión pública, puesto que 85% de los británicos se opone a los disturbios y sólo 7% afirma apoyar la violencia.
El apoyo a las movilizaciones visto en los últimos días es tan bajo que incluso las manifestaciones pacíficas cuentan sólo con el apoyo de 34% de los británicos, mientras que más de la mitad, 54%, están en contra.
“Independientemente de cómo se etiquete a los causantes de los disturbios, una cosa es clara, no son representativos de la Gran Bretaña en su conjunto. Sólo uno de cada ocho británicos, 12%, cree que los alborotadores son representativos de las opiniones de la mayoría de los británicos, y tres cuartas partes, 76%, afirman que no representan a la mayoría de la población”, señala la investigación divulgada por Dylan Difford y Matthew Smith, analistas de la firma encuestadora.