Miami.— Transcurrido apenas su primer semestre, 2023 se ha constituido en uno de los años más más represivos ontra la migración en Estados Unidos.
No sólo se trata de la intensa vigilancia de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), con tecnología de guerra, y de la militarización de la línea divisoria para detener a los migrantes que cruzan de manera irregular a territorio estadounidense, sino de las políticas contra los indocumentados que ya están dentro del país, quienes, a pesar de su estatus, en su gran mayoría trabaja honestamente, declara impuestos cada año y forma parte de la maquinaria que mueve a la economía de EU.
“Hay estados [de la Unión Americana] a los que los migrantes no deben acudir por su propia seguridad. Florida es el principal, pero Texas no se queda atrás”, comenta desde Los Ángeles, California, a EL UNIVERSAL la vocería de la Coalición de los Derechos Humanos para Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés). “Estos dos estados son los que más han desarrollado políticas injustas e inhumanas contra familias y trabajadores que aportan muchos a este país”.
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Hay 26 gobernadores republicanos en la Unión Americana, cada uno con su propia visión antiinmigrante, y son liderados por Ron DeSantis, en Florida, y Greg Abbott, en Texas.
“Todo lo han estado haciendo como su estrategia política, primero para su reelección [en 2022] y ahora [en 2023] porque los dos quieren ser candidatos [republicanos] para presidente [de Estados Unidos]”, declara a este medio Enrique Morones, fundador de Gente Unida desde California; “son una muy mala copia de Trump”, señala. Morones, quien también fundó y dirigió Ángeles de la Frontera recordó la manera inhumana y fraudulenta con que en 2022 Abbott y DeSantis trasladaron por tierra y aire, mintiendo, a migrantes desde Texas hacia California, Washington y Nueva York. De Santis volvió a hacerlo, con dos vuelos el 2 y 5 de junio.
“Eso no se hace, como si estuvieran moviendo a esclavos como en los siglos pasados. Es totalmente discriminatorio y humillante”, afirma.
De acuerdo con información de los gobiernos de Texas y de Florida, ambos cuentan cada año con recursos autorizados para seguir sacando migrantes sin documentos de sus estados con rumbo a ciudades gobernadas por los demócratas.
El caso de Florida
El 1 de julio entra en vigor la ley HB1718 de Florida, considerada la más antiinmigrante jamás firmada por algún gobernante en la Unión Americana.
Entre sus medidas más drásticas está no otorgar licencias de manejo a indocumentados ni reconocer las expedidas en otros estados; considerar criminal a quien transporte al interior de Florida a algún indocumentado; obliga a clínicas y hospitales a pedir el estatus legal de sus pacientes y reportarlos al estado, así como a la aplicación del sistema E-Verify a empresas con 25 o más trabajadores para detectar si son indocumentados y reportarlos.
La firma de esta ley “habla muy mal del espíritu de libertad y democracia de este país [Estados Unidos] para los habitantes de Florida”, dice el vocero de CHIRLA; “hemos hecho un llamado conjunto con otras organizaciones hermanas para advertir a los migrantes en general que Florida no es un buen lugar para vivir”, remarca. “Sin nosotros no hay Florida”, coreaban migrantes de distintas nacionalidades en Miami el pasado 27 de mayo, durante una marcha que organizaron. Al 1 de junio le llamaron un día sin migrantes y decenas no fueron a trabajar ni llevaron a sus hijos a la escuela.
“Esto apenas comienza, nos vamos a defender de esa ley”, dijo un miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida. “En el pecado llevan la penitencia”, dice el vocero de la Coalición. “Lamentablemente han comenzado a irse muchos trabajadores y varias industrias ya están sintiendo la falta de trabajadores”.
El cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, implementó asesorías jurídicas para migrantes mexicanos y no mexicanos en las instalaciones del consulado, con expertos en el tema, para orientarlos respecto a lo que esta ley dice y resolver las dudas que tengan.
Mientras, la administración del presidente Joe Biden ha respondido a las presiones políticas para reforzar también la frontera y reprimir a indocumentados que intentan entrar y a los que solicitan asilo; todo bajo la premisa de que la seguridad fronteriza es nacional.
Lo primero que hizo fue enviar mil 500 soldados a la frontera para apoyar las tareas administrativas de los agentes de CBP y que ellos fueran al terreno a reforzar la localización y detención de indocumentados. Lo siguiente fue levantar el llamado Título 42, que permitía solicitar, de manera ordenada, el proceso de asilo, aunque debían esperar del lado mexicano.
“Muchos están interpretando que el levantamiento del Título 42 es un logro; nunca entendieron que estar bajo ese ordenamiento era mejor que estar bajo el Título 8”, explica a este diario José Jordán, abogado especialista en inmigración. “Con el Título 42 te registrabas y te devolvían a México a esperar, ahora con el Título 8 te detienen, te fichan y te deportan castigado cinco años sin poder volver a EU ni intentar algún trámite legal”, agrega el experto.
Para desalentar la llegada masiva de migrantes y mostrar una estrategia para reforzar la seguridad fronteriza, el gobierno federal estadounidense estipuló una nueva regla: ya no es posible solicitar asilo en las garitas de entrada a la Unión Americana. Desde el 10 de mayo se considera a los migrantes que cruzan irregularmente como no aptos para solicitar asilo.
“Esta nueva regulación dice que deben pedir asilo primero en alguno de los países que cruzaron antes de llegar a la frontera [de Estados Unidos] y que la única manera que hay para la solicitud de asilo ahora es a través de la aplicación CBP One, la que fue diseñada por ellos para estos fines”, explica el abogado Jordán.
El gobierno de Biden también dio a conocer que se abrirán centros de atención para migrantes en Colombia y Guatemala para recibir las solicitudes de asilo y escuchar los casos de cada uno, desde Sudamérica y Centroamérica. “Aquellos que sean aceptados esperarán en sus lugares de origen todo el proceso y una vez concluido, podrán viajar a EU de manera legal”, subraya el abogado.
La CBP reportó que durante el año fiscal 2022 expulsaron de territorio estadounidense más de 2 millones de migrantes. Desde el 12 de mayo, ya sin el Título 42 en vigor, poco a poco se han reducido los cruces ilegales y detenciones: de un promedio de 10 mil detenciones diarias, actualmente la cifra es de 3 mil 400.
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