Bruselas.— El plan redactado en Bruselas para fortificar a la Unión Europea frente a la migración clandestina continúa tomando forma tras la adhesión de Túnez al bloque de terceros países involucrados en los esfuerzos por contener los flujos hacia el norte.
Como ocurrió previamente con Turquía y Libia, Túnez aceptó colaborar con el bloque comunitario en el tema migratorio a cambio de millones de euros.
El pacto fue sellado el pasado 16 de julio y compromete a la UE a pagar este año al país más pequeño del Magreb 105 millones de euros a cambio de que fortalezca sus capacidades contra el tráfico ilícito de personas por la ruta del Mediterráneo. También deberá recibir de vuelta a los tunecinos indocumentados en Europa y ayudar a los migrantes de otros países a volver a sus destinos de origen.
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Además de los dineros dirigidos concretamente a detener a migrantes, la nación norafricana recibirá 150 millones de euros como ayuda presupuestaria y 900 millones de euros adicionales en préstamo a reserva de que finalice las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional para un rescate financiero por 1.9 mil millones de dólares.
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, describió el acuerdo como “una inversión en nuestra prosperidad compartida, estabilidad y en las generaciones futuras”.
El dimisionario premier holandés, Mark Rutte, quien acompañó al Ejecutivo comunitario en sus negociaciones con miras a las próximas elecciones generales en Países Bajos, dijo que se trata un “hito”, al suponer el “prometedor comienzo de una asociación estratégica y omnipresente”.
Túnez constituye una pieza clave en la política europea de externalización de la gestión migratoria. De acuerdo con el proyecto diseñado para aumentar la capacidad de África para luchar contra la delincuencia transnacional (ENACT), implementado por Interpol y el Institute for Security Studies, el tráfico de seres humanos va en aumento por la ruta tunecina.
La mitad de las embarcaciones improvisadas identificadas en las costas italianas provienen de ese país. El problema afecta principalmente a ciudadanos tunecinos, así como a migrantes subsaharianos que llegan al país por trabajo y luego intentan cruzar a Europa apoyándose en las redes de contrabando marfileño-tunecinas. La actividad ilícita igualmente involucra a contrabandistas libios con presencia en las playas tunecinas del este.
La Organización Internacional para las Migraciones reporta que al menos 2 mil 406 personas murieron en el Mediterráneo intentando llegar a Europa en 2022, el año más mortífero desde 2017, cuando perdieron la vida 3 mil 139 personas.
La ruta del Mediterráneo central fue la más mortífera, con mil 417 muertes, por debajo de las mil 553 de 2021, pero superior a las mil un muertes de 2020. Del total, las aguas de Túnez se cobraron la vida de al menos 462 personas en 28 naufragios. Otros 22 restos de migrantes aparecieron en sus playas, aunque no fue posible asociar su caso con alguno de los naufragios conocidos. Las ciudades portuarias de Mahdía y Sfax son identificadas como los principales puntos de salida.
La clase política europea espera replicar el acuerdo con Túnez con otras naciones de la región. “Es modelo para una nueva relación con los vecinos del norte de África”, dijo la premier italiana Georgia Meloni, quien formó parte de la comitiva europea que trabajó en la consolidación del acuerdo.
Aliado autócrata
Como remedio al desafío migratorio la UE está recurriendo al apoyo de líderes autocráticos. En 2016 pactó con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y ahora estrechó la mano del tunecino Kaïs Saied, un jurista que ha utilizado sus conocimientos en derecho constitucional para afianzarse en el poder.
Si bien Túnez figura en el papel mucho mejor que sus vecinos en materia de libertades, concretamente Marruecos, Argelia, Egipto y Libia, la democracia y el Estado de derecho va en firme retroceso.
Los indicadores de Freedom House con relación a elecciones libres, pluralismo político, funcionamiento del Estado, libertad de expresión y asociación, estado de derecho y separación de poderes, muestran caídas considerables a partir de que el mandatario suspendiera las funciones del Parlamento en 2021.
El año pasado, por la vía de un cuestionado referéndum, Saied, quien se presenta como un social conservador independiente, modificó la Constitución con ambiciones totalitarias. La reforma permite modificar, alterar o suprimir derechos individuales en casos que comprometan el orden público o la seguridad del Estado.
Amnistía Internacional estima que el gobierno ha investigado, y hasta encarcelado, a unas 72 figuras de la oposición y otros supuestos críticos del presidente.
Eve Geddie, quien trata los temas de la UE en Amnistía Internacional, califica el acuerdo con Túnez como desacertado, al tener como telón de fondo sólidas pruebas de graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades.
Afirma que transferir la función de guardián de las fronteras externas de la Unión supondrá una peligrosa expansión de políticas migratorias fallidas, así como la aceptación de un comportamiento cada vez más represivo por parte del presidente Saied.
“En un contexto de escalada de violencia y abusos contra migrantes subsaharianos por parte de las autoridades tunecinas, la decisión demuestra que no se ha aprendido nada de anteriores acuerdos similares. Esto convierte a la Unión Europea en cómplice del sufrimiento que inevitablemente se producirá”.
Expertos de Naciones Unidas, entre ellos Irene Khan, Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, y Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, comparten la inquietud.
Les preocupa el trato discriminatorio ejercido contra los migrantes subsaharianos, y la aplicación de prácticas contrarias al derecho como son las expulsiones colectivas.
“La deportación de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo sin llevar a cabo una evaluación individual y objetiva del riesgo que corren, está prohibida por el derecho internacional”, sostiene el pronunciamiento suscrito por ocho relatores.
Versión dos
El acuerdo con Túnez está inspirado en el pacto suscrito entre la Unión Europea y Turquía en 2016, aunque cada uno tiene sus propias peculiaridades. El suscrito con Erdogan implica cantidades de dinero muy superiores, 6 mil millones de euros, y fue más detallado, aun cuando Bruselas dice que a Túnez no le dieron un cheque en blanco.
El pacto turco fue diseñado para frenar el tsunami migratorio desencadenado en 2015, en tanto que el tunecino supone ser un remedio a las rutas clandestinas identificadas por las guardias costeras y la inteligencia.
Ambos pactos persiguen como objetivo evitar que las embarcaciones de los traficantes entren a aguas europeas, pero con la diferencia de que Ankara se comprometió a albergar en su territorio a solicitantes de asilo. Con Túnez, la cooperación está destinada a apoyar el retorno de migrantes irregulares en el país.
Con Turquía, el bloque europeo en teoría se comprometió a crear rutas legales de migración, mientras que con el régimen de Saied habla de fomentar vías legales a través de un pacto de “asociación de talentos”.
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