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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó este domingo a la Fiscalía que le tome declaración "de forma inmediata" en vista de "la turbulencia política" que está produciendo la investigación preliminar en su contra por corrupción, relacionada con la adquisición de unos relojes de lujo no declarados.
"Acudo a su despacho a fin de solicitar se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación", se lee en el mensaje enviado por Boluarte a la Fiscalía a través de sus abogados.
La presidenta iba a acudir al Ministerio Público a brindar su declaración este viernes 5 de abril a las 8:30 hora local, pero tras el allanamiento de su domicilio y del Palacio de Gobierno este sábado por parte de un equipo fiscal, la mandataria pidió su adelanto.
La fiscalía conminó a Boluarte a exhibir los relojes Rolex en su posesión en su declaratoria.
Señaló que en las diligencias realizadas la madrugada del sábado en la vivienda particular y en Palacio de Gobierno, no se encontraron los objetos de valor ni la mandataria hizo entrega de los mismos.
Aunque -complementó- "se obtuvieron otros elementos de interés para la investigación". Medios locales señalaron que se hallaron documentos de cuándo habría sido obtenido uno de los relojes.
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La fiscalía realiza una investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito, debido a que Boluarte no habría declarado su posesión dentro de sus bienes. Las indagaciones comenzaron el pasado 18 de marzo.
La defensa de la mandataria había manifestado el sábado que los policías encontraron unos relojes durante los operativos en Palacio de Gobierno.
El abogado Mateo Castañeta indicó a la prensa que "eran aproximadamente 10, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex".
Boluarte señala ataque sistemático y contra la democracia
La mandataria Boluarte señaló el sábado, en una declaración de prensa, que la acción de la fiscalía "es arbitraria, desproporcional y abusiva".
De 61 años y en la presidencia desde diciembre de 2022, Boluarte manifestó que es atacada sistemáticamente y que, por lo tanto, "es un ataque a la democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica".
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Los allanamientos del sábado fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del fiscal de la nación.
En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando "incapacidad moral".
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.
kicp
