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San José. — Para miles de colombianos menores de edad reclutados en el siglo XXI por la ahora disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vivir por obligación en las huestes de la insurgencia significó caer en castigos crueles, inhumanos y degradantes, con torturas, desaparición de personas, violencia y abuso sexual, abortos forzados, acceso carnal violento y… fusilamientos.
El infortunio marcó a mujeres y hombres que, como menores, fueron enrolados a la fuerza en la subversión. EL UNIVERSAL accedió a fragmentos del pánico y del terror a los que fueron sometidos y que están en documentos de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), creada con el acuerdo de pacificación suscrito en noviembre de 2016 entre las FARC y el gobierno y que entró en vigor en diciembre de ese año.
En labores a partir de marzo de 2018, la JEP comenzará hoy a liberar públicamente, a solicitud de las FARC, los pasajes. La JEP reveló en octubre de 2019 que halló 60 casos de menores fusilados por orden de consejos de guerra por violar las reglas guerrilleras, 48 de víctimas de aborto forzado, 55 de violencia sexual a niñas de 7 a 17 años y ocho de suicidio, según la documentación.
“Esto evidencia que hubo una práctica de aplicar la pena de muerte a menores” en castigo por irrespetar las normas de las FARC, por lo que “posiblemente” en la militancia de esa agrupación “existían condiciones” que llevaron esas personas a “atentar contra su propia vida”.
Para consolidarse como organización bélica irregular que se sublevó en 1964, la jerarquía de las FARC recurrió al reclutamiento de menores, concluyó.
“Se promovió, permitió o toleró el reclutamiento de niñas y niños; la vida en las filas implicó además que los menores de edad reclutados sufrieran castigos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, fusilamiento y desaparición de personas, así como hechos de violencia sexual como la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el acceso carnal violento”, planteó.
Por la prohibición de maternidad impuesta por las FARC, el uso de dispositivos intrauterinos de anticoncepción fue obligatorio, sin importar la edad de las menores ni si aceptaron colocárselo o el impacto a su salud, por lo que la quedó embarazad debió abortar a la fuerza, agregó.
El Alto Comisionado de la Paz de Colombia reportó que unos 14 mil 200 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados a la fuerza de 2002 a febrero de 2020 por las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las FARC se convirtieron en agosto de 2017 en partido político legal al desmovilizar, desarmar y reinsertar socialmente a sus integrantes.
La JEP forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del pacto de paz estable y duradera. El ex comandante guerrillero Rodrigo Londoño Timochenko, líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), exigió esta semana a la JEP que “en adelante nuestras exposiciones [ante esa esa institución] sean transmitidas en directo por la televisión” para que el país y la comunidad internacional “las conozcan”. La meta es evitar una “campaña de desinformación” de la extrema derecha.
