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Un juez procesó hoy con prisión preventiva a la ex presidenta argentina Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque de momento no será detenida por ser senadora y tener fuero.
Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión por "asociación ilícita" contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero - y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.
Entre ello s Angelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri (que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas), Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.
Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y ex funcionarios que han declarado como imputados "arrepentidos" -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.
"Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del Estado de Derecho", dijo a Efe el abogado de la ex mandataria, Gregorio Dalbón.
El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó- está "comulgando con las corporaciones mediática s" y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir "persiguiendo a la líder de la oposición".
Según informó el juez a finales del pasado mes, con base en sus investigaciones, llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernánde z fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido , los " verdaderos beneficiarios " de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus gobiernos.
El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
Este material apunta a la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Fernández, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los Gobiernos de ambos.
Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, "en la mayoría de las oportunidades", en vehículos conducidos por Centeno.
"A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios", que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita": Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.
lsm
