La Paz.— La Justicia boliviana decidió ayer enviar a la expresidenta interina Jeanine Áñez y a sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, a prisión preventiva durante cuatro meses por el caso conocido como “golpe de Estado.
La Fiscalía había solicitado detención preventiva de seis meses por el “riesgo de fuga” de los tres, acusados de “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia. “Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, tuiteó Áñez.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron ayer su preocupación por la situación en este país y y exigieron respetar el debido proceso.
Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, está en un cuartel de la policía desde el sábado, tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar y en las próximas horas sería trasladada a una cárcel de mujeres en La Paz.
De acuerdo con la acusación, los señalados planeaban dar un supuesto golpe de Estado desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor Evo Morales.
El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” en contra de la exgobernante. La UE dijo seguir de cerca los acontecimientos. “En los últimos días se han dictado órdenes de aprehensión en Bolivia contra la expresidenta Áñez, ministros de su gobierno interino y otras exautoridades. Como resultado, la expresidenta y dos de sus ministros ya fueron detenidos. Estos son acontecimientos preocupantes que seguimos de cerca”, declaró una vocera del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).
“Los desafíos actuales requieren unidad y objetivos comunes”, añadió la vocera, por lo que señaló que la UE espera que las diferencias políticas se resuelvan “mediante el diálogo y la reconciliación, a fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos”.
Vía Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos urgió “al Estado de Bolivia a respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial”. Explicó que emitía su posición “ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones”.
Un grupo de personas, incluyendo representantes de víctimas de los afectados en los conflictos por la crisis de 2019 montaron vigilia en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se realizó la audiencia virtual Áñez y los dos exministros: “Áñez, golpista, tu cárcel está lista”, clamaban, mientras simpatizantes de la exmandataria se manifestaron en otros puntos denunciando que las detenciones son una “persecución política”, algo que también alegó el expresidente Carlos Mesa en una carta al secretario general de la ONU, António Guterres.
