Un juez español dictó el jueves prisión para la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, como parte de una pesquisa por rebelión derivada del voto sobre la declaración de independencia, pero también le fijó una fianza de 150 mil euros (175 mil dólares) y que le incautaran su pasaporte.
El Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia de la región para proclamar una nueva república catalana el 27 de octubre e ignoró las advertencias del Tribunal Constitucional de que esa acción era ilegal.
La votación de independencia fue boicoteada por la mayoría de los legisladores de la oposición.
El gobierno central español inmediatamente tomó el control de la próspera región del noreste. Fue la primera vez en cuatro décadas -desde que terminó la dictadura del general Francisco Franco- que Madrid le quita los poderes de autonomía a alguna de las 17 regiones del país.
Las autoridades españolas también destituyeron al presidente regional de Cataluña y a su gobierno, quienes actualmente se encuentran encarcelados por cargos preliminares de rebelión o están luchando contra la extradición de Bélgica a España. Además, el gobierno central disolvió el Parlamento y convocó a unas elecciones regionales programadas para el 21 de diciembre.
Los fiscales han interpuesto cargos de rebelión, sedición y malversación, crímenes que son castigados hasta con 30 años de cárcel bajo las leyes españolas.
El magistrado Pablo Llarena, del Tribunal Supremo de España, interrogó a Forcadell y a otros cinco miembros del Parlamento catalán el jueves durante más de 10 horas antes de dictarles la sentencia.
Les fijó una fianza de 25 mil euros (29 mil dólares) a los cuatro legisladores, a ser pagada en una semana, y puso en libertad a otro legislador que hizo posible la votación del 27 de octubre al permitir un debate sobre la secesión, pero que se opuso a la declaración de independencia.
Durante su interrogatorio, Forcadell procuró evitar ser detenida al describir la declaración de independencia como "simbólica", según abogados familiarizados con el caso, los cuales solicitaron guardar el anonimato debido a que no están autorizados a hablar públicamente sobre los procedimientos del tribunal.
El destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex miembros del gabinete huyeron a Bruselas, donde luchan contra las órdenes españolas de arresto y extradición.
En una carta publicada en su cuenta de Twitter el jueves, los cinco catalanes pidieron a los votantes que apoyen a los partidos que están a favor de la independencia en Cataluña en las próximas elecciones presidenciales.
“Es tiempo de alejar de las instituciones (catalanas) a los que quieren poseerlas con un golpe de Estado”, tuiteó Puigdemont, refiriéndose a la decisión del gobierno español de asumir el control de la región.
Puigdemont, quien probablemente se postule como candidato presidencial para su Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), de centro-derecha, dijo que se fue a Bélgica con el fin de reunir apoyo europeo para la causa catalana y no para evadir a la justicia.
Aunque ningún país ha mostrado su apoyo a los funcionarios catalanes que fueron destituidos, su presencia en la capital de Bélgica ha sembrado divisiones entre algunos políticos. En la carta del jueves, el cesado gabinete criticó a la Unión Europea por hacerse de la vista gorda ante la difícil situación que se vive en Cataluña.
“El tiempo que pasemos en las cárceles españolas o en el exilio no será en vano si permanecemos unidos en la defensa de Cataluña y si denunciamos la decadencia democrática de España”, se afirma en la carta.
Por su parte, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy dijo el jueves que la política de su gobierno en Cataluña tiene el apoyo total de los países de la UE.
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