San José. – Por separado y en rutas todavía paralelas que convergerían a corto, mediano y largo plazo, Venezuela y Colombia emprendieron, del lunes anterior a hoy, una serie de negociaciones que serán claves para la paz y la democracia en ambos países e influirán en las crisis de narcotráfico, migración, crimen organizado, violencia, inseguridad e inestabilidad política que sacuden a América.
Venezuela se afianzó como foco del más agudo conflicto sociopolítico del siglo XXI en América y origen del mayor éxodo al exterior desde un país americano, Colombia como principal productor mundial de cocaína y epicentro de inseguridad continental y Estados Unidos como destino ansiado por los migrantes venezolanos y más importante mercado internacional de consumo de la droga colombiana.
“La pacificación en Colombia, si se da, tendrá más efecto con más lucha contra el narcotráfico”, afirmó el nicaragüense Roberto Samcam, mayor en retiro, analista militar y político y exiliado en Costa Rica. “Lo de Venezuela está por verse. La oposición venezolana está muy enredada”, dijo Samcam a EL UNIVERSAL.
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Sin resolver líos “de fondo” de democracia, presos políticos, derechos humanos, verdad y justicia en Venezuela y en Colombia, “las negociaciones pueden caer en saco roto”, alegó el politólogo, sociólogo y relacionista internacional boliviano Franco Gamboa, profesor de Estudios Latinoamericanos y Política Comparada en la (no estatal) Universidad Marymount, de EU.
“En Colombia, el desafío más importante es articular ‘verdad y justicia’ (…) para sancionar a los involucrados en la violación de los derechos humanos, de la guerrilla, las fuerzas paramilitares y las Fuerzas Armadas. (…) Mientras no haya justicia, las negociaciones están contaminadas con la impunidad”, declaró Gamboa a este periódico.
“En el caso de Venezuela, (el presidente) Nicolás Maduro debe liberar a los presos políticos y demostrar que se puede restablecer la democracia, respetando a la oposición y restituyendo la protección de los derechos humanos”, aseveró.
Las negociaciones en los dos países serán “fundamentales” para América, destacó.
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Choque ideológico
Oficialistas y opositores venezolanos reanudarán hoy las pláticas en la Ciudad de México para negociar la democratización de Venezuela y apagar el incendio político, socioeconómico e institucional venezolano que se agravó desde 2014 e impactó en América, en un choque entre revolución socialista y democracia liberal.
Los dos bandos tendrán a Noruega como mediador, a Rusia de acompañante del “chavismo” y a Países Bajos del “antichavismo”.
El diálogo comenzó en México en agosto de 2021 y en octubre de 2021, cuando sería la cuarta ronda en la capital mexicana, el oficialismo lo rompió en protesta porque el empresario colombiano—venezolano Alex Saab, uno de sus socios, fue extraditado ese mes de la isla Cabo Verde (África) a EU por presunta corrupción. Caracas exige a EU liberar a Saab.
Las partes dirimirán sobre el futuro de la democracia venezolana. La oposición exigirá al régimen socialista que se instaló en 1999 en Venezuela acatar el mandato constitucional para que todo proceso electoral se realice con absoluta garantía de libertad y sin ventajas para el oficialismo, cumplir con esas reglas para los comicios presidenciales de 2024, renunciar a la violencia y reconocer los derechos políticos de la población de convivencia social.
Sin nada que ofrecer a cambio, la oposición depende de EU, que será hoy en México un jugador invisible—pero vital—para aflojar las sanciones económicas que impuso a Caracas progresivamente desde 2017 por violar los derechos humanos y alterar el orden democrático. Los opositores dependerán de lo que decida EU.
Fuentes políticas de Caracas dijeron a EL UNIVERSAL que, ante la tensión energética universal al encarecerse los hidrocarburos por la guerra que Rusia lanzó en febrero de este año contra Ucrania, EU autorizaría hoy mismo una licencia a Chevron, gigante petrolero estadounidense, para que reabra el flujo de crudo venezolano al mercado estadounidense. Por las represalias de EU a Venezuela, el trasiego está suspendido.
El más reciente empujón externo a la necesidad de reiniciar las conversaciones se produjo el 11 de este mes en París. Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Alberto Fernández, y una delegada de Noruega, se reunieron en la capital francesa con los venezolanos Jorge Rodríguez, jefe de la comitiva oficialista, y Gerardo Blyde, jerarca de la opositora, para allanar las gestiones y retornar a la mesa en México.
Rodríguez, presidente de la versión de Asamblea Nacional de Venezuela bajo dominio chavista, y Blyde, delegado de la Plataforma Unitaria, bloque de algunos de los más importantes partidos antichavistas de Venezuela, coincidieron en la necesidad de retomar el trabajo en la capital mexicana, aunque plantearon inquietudes y dudas sobre algunos detalles a depurar.
Venezuela se hundió en un drama humanitario. El éxodo al exterior de 7,1 millones de venezolanos desde 2014 atiborró las fronteras terrestres y marítimas americanas, creció en el límite de México y EU y superó a las avalanchas humanas en Ucrania, con 6,8 millones por la guerra, y Siria, con 6,6 millones por el conflicto bélico que empezó en 2011.
“Lo que pasa en Venezuela afecta no solo a sus ciudadanos”, alertó el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), de Quito.
“Lo que pasa en Venezuela ha tendido a definirse como una grave crisis institucional y humanitaria; pobreza, escasa posibilidad de que miles de personas puedan llevarse un alimento diario, incremento de la violencia, desempleo, servicios públicos de pésima calidad, corrupción generalizada”, describió Mantilla a este diario.
“Lo grave es que esto también está afectados a otros países de la región. Incluso a México, que no está tan cerca, pero la ola migratoria y el aumento de los controles de parte de EU hace que miles de venezolanos se queden varados en México y Centroamérica”, recalcó.
Frente bélico
En otro sensible flanco, emisarios del gobierno de Colombia y de la guerrilla comunista colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN)—afín al régimen de Venezuela—reactivaron el lunes pasado en Caracas un diálogo de paz que, congelado desde 2019, tratará de concluir por la vía pacífica un conflicto bélico que estalló en 1964.
El anterior gobierno de Colombia, de 2018 a 2022, suspendió en septiembre de 2018 el proceso con el ELN y, de manera definitiva, desde enero de 2019 por un ataque terrorista del ELN a una escuela de cadetes en Bogotá con saldo de 22 muertos. Entre otros intentos fallidos de paz, la administración que gobernó en Colombia de 2010 a 2018 y el ELN desarrollaron 17 meses de negociaciones de octubre de 2016 a marzo de 2018.
Luego de que, en diciembre de 2016, entró a regir la pacificación suscrita ese año por el gobierno colombiano y la ya disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se sublevó en 1964, la paz quedó incompleta por la guerra con el ELN, ya de casi seis décadas.
En un enfrentamiento armado que, 58 años después, exporta narcotráfico, violencia, corrupción e impunidad al continente, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) comandan la narcoactividad en asocio con el ELN y varias cadenas mafiosas.
La cocaína mueve los hilos fundamentales de la criminalidad transnacional en América mediante corrupción política, empresarial, militar, policial, judicial y financiera en un rastro de muerte.
Tras asumir el 7 de agosto de este año como presidente, Petro apostó fuerte a la paz completa como paso estratégico para el desarrollo socioeconómico de Colombia.
“Aunque se le ha criticado mucho a Petro de acercarse a la guerrilla del ELN, todo lo que se haga para pacificar a Colombia y buscar una salida definitiva al problema de la violencia arma, es positivo”, puntualizó Mantilla.
Al advertir que, igual que el problema de Venezuela, el de Colombia “es muy complejo”, explicó que “más allá de los puentes y canales de diálogos que se puedan establecer con la guerrilla movilizada (del ELN), la producción de cocaína y el tráfico de drogas complican mucho más el logro de la paz”.
“Pese a ello, hay que agotar todos los esfuerzos. Y eso es positivo de parte de Petro”, aclaró, al reafirmar que “es una obligación imperiosa de los mandatarios de la región velar por la vigencia de la democracia y los derechos humanos”.
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