El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , desechó hoy en Managua la posibilidad de que el diálogo que convocó para enfrentar la aguda crisis que estalló en esa nación desde la semana antepasada sea para abordar el futuro político e institucional del país, con factores claves como la exigencia de su renuncia, y aseguró que la negociación se concentrará en asuntos de justicia social, economía y seguridad.

Ortega acudió este lunes a una masiva marcha de seguidores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una plaza de la capital nicaragüense, para tratar de recobrar posiciones políticas luego de la oleada de protestas en contra de su gobierno que dejó una cifra imprecisa de muertos. Sin fecha, el diálogo está pendiente de iniciarse.

Una versión del discurso de Ortega que publicó El 19 , un periódico oficialista digital, confirmó que el presidente “recordó que está pendiente la instalación del diálogo para tratar temas relacionados a la justicia social, la economía y la seguridad de los nicaragüenses”.

El mandatario eludió referirse a la exigencia que miles de nicaragüenses plantearon en los últimos días para pedir su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la represión policial sobre las protestas contra el gobierno que estallaron primero para oponerse a una reforma en el seguro social y a las que luego se incorporaron reclamos políticos e institucionales.

La crisis estalló luego de que estudiantes, obreros y empresarios se lanzaron a las calles a protestar en contra de la reforma impulsada por Ortega.

Ante el rechazo masivo, y en medio de una situación de violencia sin precedentes en Nicaragua en el siglo XXI, el presidente se vio obligado a derogar la reforma y propuso abrir una mesa de diálogo con delegados gubernamentales, estudiantiles, empresariales y sindicales, con mediación de la jerarquía católica nicaragüense. La Conferencia Episcopal aceptó actuar como mediadora.

La oposición política nicaragüense acusó reiteradamente en los últimos años a Ortega y a su esposa de cometer fraudes electorales para mantenerse en el poder, establecer un régimen dinástico dictatorial y controlar a su antojo los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, con el mando sobre las fuerzas policiales y militares.

Ortega asumió en enero de 2007 un primer quinquenio y, en un controversial cambio constitucional, se reeligió en dos ocasiones consecutivas por lo que gobernará al menos hasta enero de 2022.

Mientras el gobierno aseguró que en los choques callejeros entre la policía y estudiantes, trabajadores y empresarios que se registraron en Managua y en otras partes del país hubo diez muertos, grupos de activistas de derechos humanos aseguraron que el número real osciló entre 43 y 63 víctimas mortales de la represión policial.

Sin referirse a la represión policial, Ortega afirmó que “lo que ha acontecido no es para menos y vamos a guardar un minuto de silencio, recordando a los fallecidos, solidarizándonos con todas las familias de los fallecidos, pero sobre todo, comprometiéndonos una vez más a que la violencia no vuelva a instalarse en nuestra patria”.

Asimismo, repudió y condenó los actos de violencia de las últimas dos semanas y alegó que esos hechos “nuevamente han provocado una profunda herida en el corazón de la patria, los sembradores de odio y la patria está de duelo”.

El diálogo, subrayó el mandatario, tiene “que ver con la justicia en relación con estos hechos condenables que se han producido, son situaciones que tienen que ser investigadas, están siendo investigadas para que puedan encontrarse a los culpables, no para lanzarnos llenos de odio contra ellos, no para lanzarnos con el cuchillo en la mano contra ellos, sino para que entiendan de una vez por todas que ya Nicaragua entera escogió el camino de la paz, de la estabilidad y de la seguridad”.

lsm

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