“Soy ciudadana americana”, les decía Guadalupe Plascencia a los agentes de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos cuando la estaban deteniendo por ser presuntamente indocumentada. “Desde hace 20 años me legalicé, ustedes no pueden detenerme”, les insistía ella en todo momento, pero los oficiales lejos de escucharla o de confirmar lo que les decía, se la llevaron detenida.
“Hoy los estoy demandando con la ayuda y orientación de una agrupación y mi abogado”, relata, refriéndose a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Guadalupe Plascencia es originaria de la Ciudad de México, pero con más de 20 años en Estados Unidos logró su residencia legal y posteriormente su ciudadanía, cuando en 1986 el entonces presidente Ronald Reagan propuso al Congreso una amnistía para indocumentados que cumplieran determinados requisitos. Cerca de 3 millones de personas en territorio estadounidense, de distintas nacionalidades, se vieron beneficiados por esa medida.
Ella cuenta que su problema comenzó porque en 2007 su hijo, Erick Mercado, “se vio involucrado en un asunto de menor importancia, pero que terminó en los tribunales, y aparentemente yo tenía que ir a testificar, pero nunca fui porque no sabía que era obligatorio”.
A la postre, su no presentación quedo registrada como una falta y un desacato, aunque ella no lo sabía. “El año pasado [2016] mi hija [Dulce Sepúlveda] tuvo un accidente automovilístico y decomisaron una pistola que está registrada, que se encontraba en el auto y que es de mi propiedad”, cuenta esta madre de tres hijos nacidos en EU.
Relató que en marzo de 2017 se dirigió a las oficinas del sheriff de la ciudad de Ontario, California, en el condado de San Bernardino, para reclamar su arma.
“Me identifiqué con mi licencia para manejar y, de repente, se me acercaron unos oficiales, me dijeron que iba a quedar detenida por un asunto judicial de 2007; lo de mi hijo, que no fui a declarar. Pasé la noche arrestada mientras se aclaraba todo, me hicieron firmar unos papeles, que luego supe que eran para el ICE, como aceptando que era indocumentada o algo así o que aceptaba ser deportada; no entendía bien y nadie me aclaró nada. Al salir me estaban esperando los agentes del ICE”.
Ella les dijo que era ciudadana estadounidense, pero los agentes no la escucharon. El personal de Inmigración y Aduanas se la llevó para tramitar su aparente situación como indocumentada y una vez en las instalaciones del ICE, Guadalupe Plascencia pudo llamar a su hija Dulce para que le llevara su pasaporte.
“Con mi pasaporte en mano no les quedó más remedio que aceptar lo que les dije en todo momento y me tuvieron que soltar”. Aunque fue del 29 al 30 de marzo de 2017, la ACLU tuvo el tiempo para armar la demanda y en diciembre se dio a conocer.
“Ahora me toca hacer justicia donde más les duele, que es el dinero, así que estamos demandando, aunque aún no estoy segura cuánto vamos a obtener”, admitió. Ha trascendido que en su caso, la ACLU pelea por 200 mil dólares.
Otro caso reciente. Nada de esto es nuevo, incluso en las distintas administraciones anteriores a Donald Trump ha sucedido, aunque ahora se ve con mayor frecuencia, aseguran agrupaciones proinmigrantes.
Antes del caso de Guadalupe Plascencia se dio a conocer el de Sergio Carrillo, quien nació en California, pero se naturalizó hasta que sus padres, originarios de Tijuana, Baja California, adquirieron la nacionalidad estadounidenses.
“Lo mío es inexplicable. Estaba de compras [el 25 de julio de 2017] en un Home Depot, sonó mi celular y una voz me pregunto que si yo estaba ahí [en la tienda], dije que sí y colgaron; entonces llame al número que quedó registrado y pregunte quién era y colgaron”, describe Sergio.
Al salir de la tienda el señor Carrillo fue abordado por dos oficiales que traían chalecos que los identificaban como policías.
“Me preguntaron si yo era Sergio Carrillo y les contesté: ‘Sí’, entonces llegó otro agente con un chaleco de Seguridad Nacional y me dijeron que estaba detenido, sin explicarme por qué”, cuenta.
Se encontraba en la ciudad de Rialto en el Condado de San Bernardino, California. “Yo les dije luego, luego, que era ciudadano americano y que si se trataba de algo de inmigración se estaban equivocando, pero no me decían ni me respondían nada”, asegura.
Carrillo fue llevado al centro de procesamientos del ICE en Adelanto, California, lo ficharon tomándole fotografías y sus huellas digitales.
“Yo insistía que era ciudadano, pero nada de nada. Es desesperante”, describe este hombre de 39 años, quien había tenido un historial delictivo, pero que ya había pagado en su momento.
“Estuve detenido tres días y no pude hacer nada hasta que mi familia contrató un abogado, me localizaron y llevaron mi pasaporte y acta de naturalización. Fue entonces que me soltaron”, narra Sergio.
“La Unión de Libertades Civiles se interesó en mi caso y en noviembre una corte les ordenó [al ICE] que tienen que pagarme 20 mil dólares por lo que hicieron”, indica.
De acuerdo con la ACLU, la Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos tiene que seguir ciertos procedimientos para asegurarse que la detención que estén haciendo cumple con los requisitos de ley. Según sus abogados, ICE no ha cumplido cabalmente el ordenamiento de no guiarse por la raza, el color de la piel o la apariencia de las personas a las que detienen, especialmente cuando se trata de temas de inmigración.