Nicaragua
vive una crisis política que encendió las alertas de la comunidad internacional, con 19 opositores detenidos desde el pasado 2 de junio, entre ellos cinco aspirantes presidenciales, usando como base una polémica ley aprobada en diciembre pasado.
La ola de arrestos comenzó el 2 de junio, con el arresto de Cristiana Chamorro, quien lidera las encuestas con miras a las elecciones del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarta reelección.
Chamorro, hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990, está bajo arresto domiciliario, acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre.
Tras días después, fue detenido en el aeropuerto de Managua Arturo Cruz, quien regresaba de un viaje a Estados Unidos. Cruz, economista y catedrático, fue embajador del gobierno de Ortega en Estados Unidos entre 2007 y 2009.
Luego sería el turno de Félix Maradiaga, politólogo, académico y activista, exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), una ONG que el Parlamento obligó a cerrar en 2018, a la par de otras organizaciones críticas con el gobierno.
Horas después fue detenido Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana y exdirector ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
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El quinto aspirante presidencial en ser detenido fue Miguel Mora Barberena, director y propietario del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el gobierno y quien ya había estado detenido entre 2018 y 2019, acusado de diversos delitos, incluyendo el de terrorismo.
Además de ellos, han sido detenidos exlegisladores, un exvicecanciller, miembros de ONG y exguerrilleros, acusados de actos que “menoscaban la soberanía” nicaragüense. Al mismo tiempo, han huido del país periodistas y otros exguerrilleros, temerosos de ser privados de su libertad. Entre ellos, Carlos Fernando Chamorro, ganador del premio Ortega y Gasset y una de las voces más criticas contra Ortega .
Las acusaciones contra los detenidos -excepto Cristiana Chamorro- se fundamentan en tres leyes, dos de ellas presentadas en octubre de 2020 por simpatizantes de Ortega .
La primera califica como “agente extranjero” a cualquier persona o entidad que reciba fondos del exterior, incluidos periodistas y ONG.
La segunda sanciona con penas de prisión la “publicación o difusión (en redes sociales) de información falsa (o) distorsionada, susceptible de sembrar preocupación, angustia o miedo entre la población”.
En diciembre, el Parlamento nicaragüense aprobó otra ley impugnada, excluyendo de las elecciones de 2021 a quienes promovieran sanciones extranjeras contra Nicaragua , una clara referencia a la oposición. La Ley 1055, conocida como “Ley de Soberanía”, tipifica quiénes pueden ser considerados “traidores a la patria”: desde quienes financien golpes de Estado hasta quienes “inciten a la injerencia extranjera o aplaudan la imposición de sanciones contra Nicaragua ”. La iniciativa, alegó el gobierno, defiende “los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.
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El canciller Denis Moncada justificó los arrestos diciendo que los acusados cometieron delitos “relacionados con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado (...), actividades vinculadas con terrorismo, menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense".
En mayo pasado, además, el Parlamento aprobó la composición del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado por magistrados favorables al gobierno, con miras a unas elecciones en las que el presidente debe aspirar a un cuarto mandato consecutivo.
El CSE convocó a las elecciones para el 7 de noviembre, a pesar de las críticas de la oposición y la comunidad internacional por la falta de garantías para asegurar un proceso justo y transparente.
Ortega
, próximo a cumplir 76 años, es un exguerrillero que comandó, desde el 19 de julio de 1979, una revolución izquierdista. Primero fungió como coordinador de una junta de gobierno (1979-1985).
El 4 de noviembre de 1984, ganó sus primeras elecciones presidenciales y asumió en enero de 1985. En 1990 perdió los comicios ante Violeta Barrios, la madre de Cristiana, un hecho que lo marcó. Tras ganar las elecciones de 2006, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.
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En las elecciones del 7 de noviembre busca un cuarto mandato consecutivo. Puede hacerlo porque Nicaragua aprobó en 2014 una polémica reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos.
La crisis nicaragüense en realidad no comenzó hace unas semanas, sino desde 2018, cuando se realizaron una serie de manifestaciones contra la gestión de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cuyas renuncias reclamaban. Las protestas fueron brutalmente reprimidas y de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, dejaron más de 300 muertos. Cientos de opositores fueron encarcelados y miles de personas huyeron del país.
La comunidad internacional denunció entonces la violenta represión.
En la crisis actual, desde la Organización de Estados Americanos, más de medio centenar de países, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, además de diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han hecho llamados al gobierno para liberar a los detenidos y permitir unas elecciones libres. El gobierno de Ortega ha respondido con acusaciones de injerencia y violación a la soberanía.
agv