San José.— Prostitutas mexicanas fueron reclutadas en 2020 por una red criminal internacional de trata de personas con fines de esclavitud y explotación sexual comercial en Costa Rica que, tras ocho meses de investigación policial, quedó desarticulada esta semana, revelaron ayer fuentes oficiales en esta capital.
La Dirección General de Migración de Costa Rica confirmó a EL UNIVERSAL: “Entre las explotadas sexualmente estaban menores de edad y mujeres hasta los 33 años de diferentes nacionalidades entre ellas nicaragüenses, colombianas, dominicanas, panameñas, mexicanas y costarricenses”.
“Mediante anuncios en periódicos locales, redes sociales captaban personas costarricenses y extranjeras [nicaragüenses, mexicanas, panameñas, dominicanas y colombianas] que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, ofreciéndoles ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero”, precisó.
En la investigación se comprobó la presencia de un número “no determinado” de mexicanas en la cadena, que las reclutó e introdujo en Costa Rica a la trata de personas, aclaró Migración a consulta de este diario.
“La banda criminal se encargaba justamente de esclavizar mujeres (…) con fines sexuales”, dijo la directora general de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas.
Las mujeres víctimas del grupo mafioso “tendrán la posibilidad de ingresar a un programa de atención especial”, explicó.
Con 10 allanamientos simultáneos el jueves anterior en inmuebles del centro, norte y noroccidente de Costa Rica, la Policía Profesional de Migración (PPM) desbarató la organización y capturó a siete costarricenses, un dominicano, una nicaragüense y una persona aparentemente panameña, precisó Migración.
En las batidas fueron halladas unas 40 mujeres, pero ninguna mexicana, aclaró.
De acuerdo con el reporte oficial, un hombre, líder del grupo, y su madre —ambos costarricenses— están entre los 10 detenidos, por lo que todos serán procesados por trata de personas y quedarán expuestos a penas de 8 a 16 años de cárcel y agravantes paralelos.
La red contó “con un alto nivel económico” y siguió “operando de forma clandestina en los locales comerciales” pese a las restricciones que dictó el gobierno de Costa Rica desde marzo para enfrentar al coronavirus, detalló Migración.
La indagación empezó en 2019 cuando la PPM, en “labores preventivas”, detectó “indicadores” de trata de personas y luego comprobó la existencia de una organización de “colaboradores encargados de administrar diferentes establecimientos comerciales” para la explotación sexual de mujeres, indicó.
Según el recuento, la PPM mostró que la organización movilizó a las víctimas en nueve locales que tuvo en diferentes partes del país con “estructura adecuada” para servicios sexuales.
El precio osciló de unos 30 dólares a más de 800, porque se adaptó “al perfil y solicitud del cliente” y al traslado de la mujer a un lugar específico de encuentro, refirió.
Tras relatar que las mujeres fueron obligados a permanecer en los establecimientos, provistos de bares y habitaciones, describió que, con “diferentes medios de coacción y amenaza”, se les impidió salir sin previa autorización de los ahora imputados. “En ocasiones eran obligadas a consumir drogas”, alertó.
El caso sería el primero, al menos en los últimos 10 años, de mexicanas atrapadas en explotación sexual comercial en Costa Rica, porque sí se les localizó en hechos similares en este siglo en Panamá, El Salvador y Honduras y a lo largo de la frontera entre México y Guatemala.