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Lima.— El Congreso de Perú destituyó ayer al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, al cierre de un segundo juicio político en menos de dos meses, luego de enfrentar denuncias por presuntos sobornos cuando era gobernador en 2014.
Por la noche, declaró que deja el poder “con la frente en alto” y descartó entablar acciones legales para resistir la decisión del Congreso de removerlo.
“Directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal” para resistir la destitución, declaró Vizcarra.
“No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan sólo una voluntad de ejercer el poder”, añadió, afirmando que demostrará la “falsedad” de las acusaciones en su contra en las investigaciones que debe hacer la fiscalía.
“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, agregó Vizcarra
La moción de destitución del popular mandatario peruano fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 sufragios necesarios, al cierre de una maratónica sesión plenaria de casi ocho horas.
“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República”, declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien tomará las riendas del país hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio de 2021.
Este juicio político fue una suerte de remake, pero con final diferente, de otro proceso de destitución del que Vizcarra había salido airoso el 18 de septiembre. Vizcarra tuvo un destino similar al de su predecesor Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento.
“Perú sale más debilitado institucionalmente. Merino será un presidente débil, ese es el escenario en un contexto de elecciones generales [en abril de 2021] con pandemia”, dijo el analista político Augusto Álvarez Rodrich.
En la mañana, al inicio del juicio, Vizcarra presentó personalmente sus descargos ante el plenario del Congreso y negó haber recibido sobornos en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.
Merino, quien será juramentado como presidente de Perú por el Congreso ayer en la tarde, es un político de bajo perfil, casi desconocido para los peruanos, tal como Vizcarra cuando asumió el poder hace dos años y medio.
En el juicio anterior, Vizcarra era acusado de instar a mentir a dos funcionarias del palacio de gobierno sobre un cuestionado contrato a un cantante, pero sus adversarios sólo consiguieron 32 votos, lejos de los 87 necesarios para removerlo.
Las acusaciones de corrupción no han mellado el alto apoyo ciudadano que tiene este ingeniero provinciano de 57 años, sin partido ni bancada legislativa, que había asumido el poder tras la renuncia de Kuczynski, de quien era vicepresidente, el 23 de marzo de 2018.
Vizcarra destacó en sus descargos que una vacancia (destitución) “es una medida extrema”, que no debía ser aplicada por el Congreso “cada mes y medio”.
Tras la destitución, Merino se convertirá en el tercer presidente de Perú desde 2016, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821. El Congreso admitió a trámite esta moción de vacancia hace una semana por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, a cinco meses de los comicios presidenciales y legislativos.
Vizcarra, quien alzó durante todo su mandato la bandera de la lucha contra la corrupción, destacó en sus descargos que hay 68 parlamentarios con procesos en curso, sin que por eso fuesen destituidos. Hace un mes, la fiscalía anunció que investigaría las denuncias contra Vizcarra cuando culminara su mandato en 2021, pues ahora posee inmunidad, pero sus adversarios en el Congreso no quisieron esperar.
Vizcarra acusó a los parlamentarios rivales de querer sacarlo para retrasar las elecciones de 2021 y, de ese modo, prolongar su mandato en el Congreso. En los sondeos, redes sociales y en las calles (con cacerolazos), el apoyo a Vizcarra no decae. Los gremios empresariales habían pedido evitar la destitución y focalizarse en la reactivación económica y la emergencia sanitaria.
