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El Poder Judicial de Guatemala
quedó atrapado en una trama interna de corrupción manipulada por un famoso abogado y empresario guatemalteco —Sergio Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”—que compró la elección de magistrados para el periodo de 2014 a 2019 con una meta: influir en las decisiones de los más altos estratos de la justicia de su país.
La conspiración fue destapada ayer por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia creada en 2006 con patrocinio de la Organización de Naciones Unidas ( ONU ) para combatir décadas de impunidad y corrupción en Guatemala y en funciones desde 2007.
“Mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas”, López “logró conformar un andamiaje para influir en las decisiones de las Comisiones de Postulación del período 2014-2019” para que el Congreso de la República eligiera a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones, reveló un recuento de hechos emitido por el MP y la CICIG.
“Para lograr su objetivo (López) gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección”, agregó el reporte, del que EL UNIVERSAL tiene copia.
El MP informó a este diario que López está preso por cohecho activo, mientras que el guatemalteco Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, está encarcelado por cohecho pasivo por sus lazos con “El Rey del Tenis”. Hay tres personas pendientes de captura.
Al llegar a una gestión judicial en la capital, López se negó a responder las preguntas de la prensa sobre su situación y alegó que, con su abogado, se defenderá frente al respectivo juzgado.
Orellana, quien habría recibido un apartamento de lujo en la capital guatemalteca como supuesto pago por sus servicios a López, rechazó ante la prensa los cargos en su contra, insistió en que todo fue legal y narró que, por el contrario, está endeudado por la compra del inmueble.
La CICIG y el Ministerio anunciaron que “en seguimiento a la investigación”, se abrió un proceso en contra de los magistrados guatemaltecos Marwin Eduardo Herrera Solares y Carlos Rodimiro Lucero Paz como integrantes de la Comisión de Postulación, ya que “ambos habrían recibido y aceptado pagos indirectos y beneficios” de parte de López, para aceptar influenciar los nombramientos.
El caso, conocido como “Comisiones Paralelas”, abrió un nuevo foco de corrupción en Guatemala pero ahora en el Poder Judicial, luego de que el MP o Fiscalía General y la CICIG descubrieron en los últimos años una cadena de maniobras de enriquecimiento ilícito en otros dos poderes del Estado guatemalteco: el Ejecutivo y el Legislativo.
Por investigaciones de CICIG y del MP, dos ex presidentes de ese país—Álvaro Colom (2008—2012) y Otto Pérez Molina (2012—2015) —están encarcelados por actos de presunta corrupción con fondos estatales cometidos durante sus gestiones de gobierno, mientras que el actual mandatario, Jimmy Morales, tiene un expediente en ambas instancias judiciales por supuesto financiamiento electoral ilícito en su campaña política de 2015, antes de asumir en 2016 para un periodo de cuatro años.
También por las pesquisas conjuntas de la Comisión y de la Fiscalía hay diputados presos por otros presuntos actos ilegales con recursos públicos.
Las ramificaciones de estas y otras indagatorias condujeron, asimismo, a sectores de la iniciativa privada—empresarios y empresas—que se plegaron a un andamiaje edificado en torno a los más diversos aparatos estatales, desde ministerios y otras instituciones gubernamentales, legislativas y municipales, para enriquecerse con sobornos, compra y venta de favores y privilegios y otros mecanismos.
Empresas. La guatemalteca Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala o jefa del MP, reveló que López invirtió dinero mediante un conglomerado de empresas para poder influenciar a las comisiones de postulación, formadas por miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por magistrados del Poder Judicial y por diputados.
“En la investigación establecimos que llevó una estrategia para acercar intereses públicos y privados para influir sobre algunos comisionados", sostuvo Aldana.
“Para evitar la interferencia, amenaza o intromisión en la esfera del Poder Judicial, es imprescindible elegir a magistrados que sean personas íntegras e idóneas, con calificaciones jurídicas adecuadas para conformar el Organismo Judicial, por lo que los funcionarios que integren las Comisiones de Postulación tienen la responsabilidad primordial de consolidar este proceso de democratización”, añadió.
“Se debe asegurar que el proceso de las comisiones de postulación sea libre de influencias e injerencias externas, recordó.
Por su parte, el colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, narró que la “estrategia diseñada” por López buscó influir a las autoridades encargadas de elegir a los magistrados del periodo 2014-2019.
“Esto se dio a través de distintas celebraciones y festejos en donde participaron personas claves en la elección para tomar decisiones fuera del marco legal”, describió.
Documentos. El informe oficial aseguró que, según la indagación, la presunta estrategia usada por López se desarrolló en la sede de su empresa—Lovi & Asociados—en la capital guatemalteca. En las oficinas de López se hallaron expedientes y reportes “de las reiteradas reuniones con aspirantes a magistraturas, con comisionados y con diputados, evidenciando así los vínculos afines al operador y su marcado interés para conformar las cortes a su voluntad”.
“Dicha estrategia también se implementó mediante el pago de dinero, promesas y entrega de beneficios a favor de algunos comisionados, quienes los aceptaron” para votar “conforme los intereses” de López y “desobedecieron los principios de objetividad, transparencia e independencia que deben de regular la conducta de los funcionarios encargados de elegir a la más alta autoridad judicial”, puntualizó.
Otra vía para “tener el control de los proceso de postulación”, prosiguió, es que tampoco era necesaria “la cooptación de toda la comisión de postulación para lograr su fin. En todo caso, el ilícito se configura con realizar un solo cohecho hacia uno de sus integrantes”.
