El gigante tecnológico Uber adoptó múltiples estrategias para desviar la atención de las autoridades fiscales alrededor del mundo y reducir el pago de sus impuestos al mínimo según surge de correos y otros documentos internos de la multinacional filtrados al periódico The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros 42 medios asociados.
Las estrategias adoptadas por Uber incluyeron el armado de sociedades en varios paraísos fiscales, la reformulación constante de esas estructuras para confundir a los sabuesos tributarios y el ofrecimiento de información sobre sus conductores como carnada para desviar la atención de sus propios números.
El armado de esas estructuras corporativas encendió las alarmas internas, en particular a partir de 2015, cuando los reguladores europeos estrecharon el cerco sobre Apple, Google y Amazon, a los que acusó de competencia desleal y abuso de los acuerdos fiscales.
“Nuestra estructura del impuesto de sociedades es, en términos puramente políticos europeos, el talón de Aquiles de la empresa”, alertó el principal cabildero de Uber en Europa, Mark MacGann, al jefe del departamento fiscal de la empresa.
En ese correo electrónico, MacGann planteó que compartir información sobre los ingresos de los conductores podría “contener” las demandas contra la propia compañía de las autoridades fiscales. Uber podría “evitar la ampliación de la investigación a otros países y/u otros asuntos fiscales (corporativos)”, sostuvo.
Los documentos internos de Uber a los que accedió ICIJ van de 2013 a 2017 y reflejan cómo los gobiernos luchan por hacer que los gigantes tecnológicos paguen impuestos en los países en los que operan, fondos que podrían invertirse en salud, educación e incluso en las calles que utilizan empresas como Uber.
Según e-mails internos de Uber, sus ejecutivos instruyeron a los gerentes regionales cómo adelantarse a las críticas de los gobiernos de sus países. Les sugirieron remarcar las “soluciones” que Uber había ideado para garantizarse que sus conductores pagaran impuestos. En esa línea, uno de los ejemplos que podían invocar fue una plataforma digital de declaración de impuestos que montó en colaboración con las autoridades fiscales estonias.
Aun así, Uber se aprestó para lidiar con una tormenta. “Determinados temas, como [...] la fiscalidad de las empresas, son muy sensibles y generan muchas críticas”, remarcó el ejecutivo de Uber, Pierre-Dimitri Gore-Coty, en un memo que envió a sus colegas tras una llamada telefónica en noviembre de 2015 con el entonces CEO global, Travis Kalanick.
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Los máximos responsables de la multinacional anticiparon que la filial de Uber en Bermudas concentraría las críticas, con el consiguiente daño reputacional, ya que controlaba sus patentes de tecnología, reduciendo de manera drástica la factura fiscal de Uber a nivel planetario.
“Lo de Bermudas o las Islas Caimán es lo que realmente fastidia a mucha gente en Europa”, concluyó la entonces jefa de comunicación de Uber, Rachel Whetstone, en un correo electrónico dirigido a los directivos. “Incluso el mero hecho de no estar en el Caribe nos situaría muy por delante de las empresas tecnológicas estadounidenses”, remarcó. “De todos modos, que quede entre nosotros, ya que es el tema que no debe ser nombrado”, abundó, en eventual referencia a una evasión de impuestos.
Consultado por ICIJ, desde Uber rechazaron ser una empresa de transporte y se definieron como el operador de una plataforma digital que conecta a los pasajeros con los conductores, que son contratistas independientes, no empleados. Ese encuadre le permite a la multinacional reducir o evitar costes y responsabilidades, como lidiar con los aportes a la Seguridad Social y el pago del impuesto al valor agregado de los trayectos.
“Uber tiene el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones tributarias en todos los lugares donde opera (...) y de permitir a los proveedores, socios y conductores de Uber que acaten sus propias obligaciones legales y tributarias”, afirmó la vocera de la empresa, Jill Hazelbaker, en una respuesta escrita a las preguntas del ICIJ.
La conexión holandesa
Con su centro global de operaciones basado en dos edificios que dan a la bahía de San Francisco, Estados Unidos. Pero en 2012, meses después de su debut europeo en Francia, Uber creó una empresa holandesa, Uber BV, para concentrar los pagos de los clientes que usan los coches de Uber en Buenos Aires, Londres, Sidney y centenares de ciudades más.
Tras recibir esos fondos de cada usuario, Uber BV giraba hasta el 80% de cada viaje al conductor, mientras que la mayor parte del 20% restante se transfería a su filial en Bermudas, donde los ingresos de las empresas están exentos de impuestos.
Ahora, los documentos a los que accedió ICIJ incluyen un intercambio de e-mails entre un lobista de Uber, MacGann, y un vocero de la compañía sobre cómo responder a las preguntas de un periodista de Tech Crunch que había consultado por qué la sede global de la empresa estaba en Países Bajos, y cómo encajaban los impuestos.
“Podría ocurrir que cualquier cosa que digamos sea percibida como defensiva en el mejor de los casos”, escribió MacGann. “Tenemos que demostrar que centenares de grandes empresas internacionales se han instalado en [Ámsterdam] durante décadas... Ámsterdam y el Gobierno holandés han demostrado que Países Bajos está ‘abierto a los negocios’”.
Sin embargo, la conexión especial de Uber con Países Bajos se tornó evidente en 2015, cuando las autoridades fiscales de Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido y Bélgica contactaron a su par holandés. Le pidieron que Uber BV compartiera información sobre los conductores, incluidos sus viajes, cuentas bancarias y otros detalles que les permitiera determinar sus obligaciones fiscales, según surge de un correo filtrado.
La iniciativa alarmó a los directivos de Uber, según muestran los registros filtrados. Temían que las autoridades empezaran a perseguir a los conductores exigiéndoles impuestos atrasados, dejaran la empresa y se fueran a trabajar para los competidores. Pero también a la propia multinacional por los impuestos a la renta e IVA. Por eso abordaron a las autoridades de los Países Bajos para pedirles tiempo.
“Las autoridades fiscales holandesas están tratando de frenar el intercambio de información y probablemente hagan lo mismo si surgen nuevas solicitudes de otros países”, detalló uno de los gestores fiscales internacionales de Uber, Rob van der Woude.
Los documentos no explican qué forma adoptó esa ralentización. Pero las actas de las reuniones en los archivos de Uber indican que, en abril de 2015, los directivos de la empresa se reunieron con cinco altos funcionarios holandeses en el consulado de Países Bajos en San Francisco para hablar sobre cuándo comenzaría la auditoría de las autoridades europeas. “Las autoridades fiscales holandesas se han mostrado colaboradoras y protectoras con nosotros”, señaló van der Woude en un mensaje confidencial.
Tras registrar varios debates internos, los directivos de Uber acataron la solicitud de información sobre los conductores a fines de 2015 para demostrarle a las autoridades europeas que la empresa se tomaba “en serio” el cumplimiento fiscal de los choferes, redactó van der Woude.
Desde entonces, tanto MacGann como van der Woude dejaron la empresa. Pero no hicieron comentarios sobre su interacción con las autoridades fiscales. Desde la agencia tributaria holandesa, en tanto, un vocero declaró que los funcionarios no incumplieron ninguna obligación ni retrasaron la investigación, ni mostraron ningún “favoritismo” hacia Uber.
En respuesta a las preguntas del ICIJ, en tanto, la vocera de Uber dijo que la empresa estaba “obligada a mantener una relación de trabajo abierta y transparente con las autoridades fiscales”. “Como parte de nuestras obligaciones de información fiscal y auditorías fiscales, Uber habitualmente suministra datos fiscales a las autoridades tributarias, de conformidad con las leyes fiscales y las normas de protección de datos”, dijo.
Reorganización global
En 2019, sin embargo, Uber reestructuró su negocio global y cerró algunas de sus operaciones en los paraísos fiscales del Caribe antes de comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Por ese motivo, una filial holandesa compró la propiedad intelectual a la sociedad en Bermudas, para lo cual recurrió a un préstamo de 16 mil dólares millones de su unidad en Singapur.
El nuevo esquema deparó varias ventajas fiscales. Uber estructuró el préstamo de un modo que redujo mil millones de dólares al año, durante dos décadas, su renta imponible en Países Bajos, según un informe del Centro Internacional para el Impuesto de Sociedades, la Responsabilidad y la Investigación, o CICTAR (por sus siglas en inglés).
Los investigadores de CICTAR también estimaron que, sólo durante 2019, Uber evadió al menos 556 millones de dólares en impuestos a escala mundial. Según Jason Ward, el investigador del CICTAR que revisó los acuerdos, dijo que empresas como Uber “remodelan continuamente” su estructura en un esfuerzo por evitar impuestos y confundir a las autoridades fiscales. “Cuanto más cambia”, remarcó, “más difícil es seguirle la pista”.
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