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San José.— Un turbio negocio criminal que proliferó en empobrecidas comunidades hondureñas comenzó ayer a ser develado: la compra de recién nacidos en apenas 816 dólares para adopciones ilícitas dentro y fuera de Honduras.
Las autoridades anunciaron que desbarataron una red delincuencial de trabajadores municipales de la registraduría de personas, empleadas domésticas, parteras, enfermeras, abogados y profesionales en administración y en otras carreras que se dedicó a comprar bebés a mujeres de escasos recursos económicos.
La Fiscalía General de Honduras reveló que los criminales “recurren a la amenaza, engaño, fraude o abuso de poder” para asediar a personas que son “víctimas generalmente en vulnerabilidad” para que, por dinero, cedan “a sus recién nacidos para adoptarlos irregularmente, pagando y utilizando documentos falsos y valiéndose de empleados públicos para lograrlo”.
“Esta violencia contra las mujeres está vinculada a la pobreza”, en un país con variados rangos de miseria que agobian a 63% de sus 9.2 millones de habitantes, dijo la hondureña Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del (no estatal) Centro Derechos de Mujeres, grupo de estudios socioeconómicos de Tegucigalpa.
“Si en Honduras hubiera eficiente educación y salud, respeto a los derechos humanos y fuentes de trabajo con salario digno y fuera un país sin violencia, el alquiler de vientres nunca ocurriría. Muchas de estas mujeres tienen varios hijos y venden a uno en adopción para poder garantizar la sobrevivencia de los otros”, advirtió Rivera a EL UNIVERSAL.
Aunque el descubrimiento del nuevo caso desnudó la profunda penetración de las mafias de trata de personas en Centroamérica, tampoco es la primera vez que estas oscuras transacciones estremecen al área: más de 35 mil menores guatemaltecos de ambos sexos, con gran número de indígenas, fueron robados o vendidos de 1990 a 2007 para onerosas adopciones ilegales pagadas en su mayoría por familias de Estados Unidos y Canadá.
En septiembre de 2018 en la zona central de Honduras, las autoridades arrestaron a tres mujeres que reclutaron a jóvenes embarazadas en frágil situación económica a quienes pagaron gastos médicos, alimenticios, vestimenta y otros propios de la gestación. Tras los partos, la organización les cobró lo que les había pagado y, como no tenían recursos, les exigió renunciar a la potestad sobre los recién nacidos y entregarlos para adopciones en el extranjero, con trámites ilegítimos.
La desarticulación de la nueva cadena se logró con la Operación Amanecer, un sorpresivo ataque que la Fiscalía, la Policía Nacional y agentes migratorios de Honduras lanzaron desde el pasado martes sobre agrupaciones de tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual comercial, venta de recién nacidos en adopción ilegal y migración irregular a EU, entre otros.
En 153 allanamientos y 293 inspecciones en varias zonas del país, la operación dejó 24 detenidos por distintos delitos, 29 rescatados, 11 requerimientos fiscales y 45 decomisos. Por el negocio con las embarazadas, en un inicio se reportó oficialmente el arresto de al menos cuatro mujeres y un hombre por presunta trata de personas en su modalidad de adopción irregular agravada en perjuicio de varios testigos protegidos, algunos de ellos, como las víctimas, habrían sido rescatados en la operación. La fiscalía se negó ayer a aportar más detalles a EL UNIVERSAL.
