San José. – Una influyente comisión para la paz colombiana pidió que Colombia debe “desmilitarizar la guerra contra las drogas”, porque “se ha llegado a un callejón sin salida” con esa ruta concertada con Estados Unidos, legalizar la cocaína, regular “el mercado de drogas” y “renunciar definitivamente” a fumigar la hoja de coca con glifosato, poderoso herbicida químico al que se le atribuyen graves problemas de salud.
La polémica solicitud fue planteada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada por el acuerdo de paz que el gobierno colombiano y la ahora disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negociaron desde 2012 en Cuba, firmaron en noviembre de 2016 y entraron a regir al mes siguiente.
Un comité de seguimiento gestionará ejecutar las recomendaciones de la Comisión, que escudriñó la verdad sobre el comportamiento de fuerzas estatales, guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y otros protagonistas en más de 62 años de conflicto armado. La guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se sublevó en 1964 al igual que las FARC, sigue alzado en armas.
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Las medidas significarían un cambio crucial en el abordaje al narcotráfico en país en el que, como el principal productor mundial de cocaína, hay una fuerte presencia de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional, en especial Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, para controlar la red general de producción y contrabando de estupefacientes a América, Europa, Asia, Oceanía y África. La sugerencia fue planteada por la Comisión en un informe que emitió el 28 de junio anterior.
“La desmilitarización de las políticas pasa también por avanzar en el modelo de regulación y legalización de la cocaína, dado el fracaso de las políticas prohibicionistas y el altísimo costo que Colombia ha pagado por el narcotráfico, donde la propia guerra contra las drogas se ha convertido en un factor de persistencia del conflicto”, sentenció la Comisión.
El narcotráfico “no puede ser atendido como una guerra” en la que se llegó “a un callejón sin salida” y provocó “la militarización de los territorios, la criminalización de la relación del Estado con sectores de la ciudadanía (los campesinos cocaleros y pueblos étnicos) y un endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima”, puntualizó.
Con la guerra, los sucesivos intentos de abordar el conflicto sin enfrentar su naturaleza económica y política se concentraron en la ilegalización de las drogas y en atacar los puntos más débiles de la cadena, reforzar el prohibicionismo, recurrir a las fumigaciones y eliminar o extraditar las cabezas ilegales del negocio, destacó.
La Comisión instó a las instancias del Estado colombiano (gobierno, Congreso, Fiscalía General y Rama Judicial) “transitar hacia la regulación legal estricta” de las drogas e “implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga”.
“Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía”, sugirió.
Colombia deberá “liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio”, insistió.
El gobierno colombiano deberá “reformular su política internacional frente a las drogas”, en particular con EU, “para ajustarla a una nueva visión que permita avanzar hacia la regulación legal y hacer más transparente el campo de acción de las agencias extranjeras en Colombia”, propuso.
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Herbicida
La Comisión alegó que “la aspersión con glifosato generó impactos en la vida de las comunidades y la naturaleza, y las estrategias de sustitución voluntaria, aunque han funcionado de forma mucho más efectiva, no han sido sostenibles en el tiempo porque no se han implementado a la par con procesos de desarrollo rural transformadores”.
Al pedir por “abordar los cultivos de coca y los procesamientos primarios exclusivamente desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo y no como un problema de seguridad nacional”, volvió a proponer la desmilitarización.
“Esto implica desmilitarizar la respuesta del Estado frente a los cultivos, los territorios y las poblaciones afectadas y renunciar definitivamente, sobre la base de la evidencia, a la aspersión con glifosato”, lo que también “implica eliminar la erradicación” por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, reafirmó.
En la negociación en Cuba, las FARC pidieron en 2013 al gobierno suspender la fumigación aérea con glifosato, lo que se concretó entre ese año y 2014. Un fallo constitucional de Colombia ordenó en 2015 cancelar el uso de ese herbicida por riesgo a la salud.
Por el acuerdo de paz, las fuerzas armadas y policiales intensificaron la erradicación voluntaria y forzosa de cultivos ilícitos—hoja de coca para cocaína, amapola para heroína y marihuana—que son las materias primas del poderoso y criminal negocio.
Fracaso
La Comisión refirió que “la política de lucha contra las drogas en Colombia se enmarca en el sistema prohibicionista imperante a nivel mundial, que ha demostrado ser ineficaz para cumplir sus metas y profundamente nocivo en los efectos colaterales de su aplicación”.
“Juzgado desde sus propios objetivos, hoy hay en el mundo más consumidores, más diversidad, potencia y productividad de drogas ilícitas, tanto derivadas de plantas como sintéticas. Su precio, en vez de elevarse, ha tendido a reducirse. Se trata entonces de una política fracasada en sus propios términos”, denunció.
Mientras tanto, lamentó, “el crimen organizado se ha fortalecido, la población carcelaria por delitos menores no violentos ha aumentado, las muertes e infecciones graves asociadas al consumo de sustancias ilícitas se han incrementado, y las poblaciones que subsisten del cultivo de coca, amapola, y marihuana han permanecido en la pobreza”.
“En Colombia, los impactos han sido devastadores”, por el número de víctimas del narcotráfico y la violencia de las organizaciones ilegales, adujo, para sentenciar: “El consenso prohibicionista ha empezado a romperse”
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