Managua.— El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, denunció ayer una “persecución religiosa” contra la Iglesia católica, al condenar un episodio de asedio y agresión verbal a su colega Rolando Álvarez por parte de presuntos activistas del gobierno.
“Las amenazas, agresiones verbales, injurias y espionaje contra la Iglesia católica de Nicaragua no son parte de una persecución política sino ‘religiosa’”, escribió en su cuenta de Twitter.
Aunque no responsabilizó explícitamente al gobierno, señaló que “los injustos se sienten incómodos cuando la fe se vuelve profética y liberadora”.
Báez condenó el incidente del domingo, cuando el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, fue asediado por elementos del gobierno luego de que su vehículo fuera detenido por la Policía Nacional en una carretera.
Un video transmitido por el canal 100% Noticias mostró al sacerdote rodeado por personas que le gritaban “asesino”, “terrorista”, “delincuente” y “golpista”. Policías rodearon la camioneta, pero no desalojaron a los agresores.
Las agresiones contra los obispos aumentaron después de que Ortega descartó volver al diálogo y los acusó públicamente de “apoyar a los terroristas y golpistas”.
El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Managua, insistió en la urgencia de reanudar el diálogo y advirtió que en el país existe “una tensa normalidad” debido a la inseguridad.
En tanto, el gobierno francés instó ayer a las autoridades nicaragüenses a que reconsideren su decisión de poner fin a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y pidió que cooperen con la organización.
El Ministerio francés de Asuntos Exteriores deploró que la actuación del gobierno del presidente Ortega se produjera después de la publicación de un duro informe de la misión del ACNUDH.
El documento apuntaba al Estado nicaragüense como máximo responsable de la vulneración de derechos humanos en el país y del “alto grado de represión” estatal de las protestas contra el gobierno. Apeló al “cese de la represión” contra la población y exigió un compromiso en la búsqueda de un diálogo.
