La Paz.— El expresidente Evo Morales, exiliado en México, comenzó ayer a ser investigado por “sedición y terrorismo”, en una movida del gobierno interino que podría complicar una solución a la crisis de Bolivia, donde han muerto 32 personas en un mes de protestas en torno al líder indígena.
Además, un acuerdo de todas las fuerzas políticas bolivianas se concretó para convocar nuevas elecciones que no contemplarían la participación de Morales.
El pacto se alcanzó por la noche tras complicadas negociaciones entre ambas partes y se le plasmó en un proyecto de ley que será entregado este sábado por la mañana ante el pleno del Senado. En caso de ser aprobado sería derivado a la Cámara de Diputados.
Esta viernes, la fiscalía abrió el proceso contra el exgobernante, a partir de la denuncia formal del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien acudió a la justicia con un audio como prueba. “Pedimos la máxima pena por sedición y terrorismo”, afirmó.
En la grabación revelada se escucha supuestamente a Morales instruyendo a un partidario cocalero para cercar a las ciudades e interrumpir el suministro de comida con bloqueos en las vías.
La querella también va dirigida al ministro de la Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana, pero su paradero es desconocido.
La causa judicial será comunicada a México para que pueda rendir declaración, precisó el fiscal general, Juan Lanchipa.
El embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, calificó de inaceptable el supuesto video de Morales.
“Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar”, mencionó durante una conferencia celebrada el viernes en el Diálogo Interamericano, en referencia a que Morales esté asilado en México luego de renunciar a la presidencia de Bolivia.
El exmandatario acusó enTwitter que las pesquisas del gobierno de Jeanine Áñez para enredarlo en un juicio internacional son con base en un “montaje”.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, se reunió con la canciller boliviana, Karen Longaric, para recibir su evaluación sobre la situación de derechos humanos en Bolivia.