Bruselas.- Las grandes empresas que están detrás de la lucrativa industria de los frutos rojos en México, están incumpliendo con sus obligaciones en materia de respeto a los derechos humanos de los trabajadores agrícolas. 

La denuncia aparece en una investigación realizada por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, en la que se hace un llamado al Gobierno mexicano para que garantice el respeto de los derechos de los trabajadores involucrados en la producción nacional de “bayas”, uno de los productos de exportación agrícolas estrella. 

El trabajo de la organización con sede en Londres identifica 60 empresas relevantes, de las que se invitó a colaborar a 24 exportadoras; de ellas, solo dos, Agrana Fruit y Driscoll Operaciones, respondieron favorablemente a una encuesta que les fue presentada como ejercicio de transparencia. 

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El documento incluye reportes de visitas realizadas a los campos de San Quintín, Baja California, Ciudad Guzmán, Jalisco, y Zamora, Tangancícuaro, Los Reyes y Lagunillas en Michoacán, y nueve entrevistas con representantes de empresas y de la asociación que congrega a la industria mexicana del sector (Aneberries).  

Con el apoyo de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas se recopilaron testimonios para ilustran la precaria situación de quienes están en primera línea de la industria multimillonaria de fresas, frambuesas, moras y arándanos. 

“Los trabajadores agrícolas mexicanos enfrentan condiciones de vida precarias y de inseguridad laboral permanente”, indica el reporte. 

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“Aunado a la falta de acceso a una representación laboral efectiva para impugnar su condición, se ha creado un clima de explotación que implora por una regulación más efectiva de los derechos laborales”. 

Sostiene que la investigación muestra que las empresas no están respetando adecuadamente los derechos laborales, mientas que las cadenas de suministro padecen de transparencia y de la debida dirigencia en materia de derechos humanos. 

“No hay tarifa de pago estándar, se acuerda la tarifa con el ranchero. La mayoría de las veces, solo nos pagan por los botes que producimos. A veces gano 500 pesos por día, otros 200 pesos, todo depende de cuánto trabajo haya”, narra uno de los entrevistados identificado como Enrique. 

Los trabajadores provienen principalmente de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, y están en desplazamiento permanente al tratarse de una actividad itinerante. 

“Las empresas consideran a estos trabajadores como locales, ocultando la naturaleza itinerante de su trabajo. Esta categorización significa que los trabajadores a menudo no tienen acceso médico, derechos de contratación y condiciones de vida adecuadas”. 

Las berries representan el 2% del producto interno bruto agrícola y el 2% de la producción total de frutos en el país. Al paso de los años ha ido aumentando, pasando de 257 mil toneladas métricas en 2011 a 754 mil en 2020. Unas 55 mil hectáreas se destinan a este cultivo. 

Alrededor del 41% de la producción nacional va al extranjero, teniendo como principales destinos Estados Unidos, Canadá y Holanda. Está previsto que las ventas a China aumenten a 100 millones de dólares anuales como parte de un acuerdo bilateral. La cadena de suministro para la exportación está dominada por una empresa mexicana y tres estadounidenses. 

El estudio sostiene que la falta de cooperación de la mayoría de las empresas contactadas, refleja la poca transparencia en el sector, así como el largo camino por recorrer para demostrar un compromiso con los derechos humanos de los trabajadores. 

“Durante las entrevistas con representantes de las empresas y del sector, quedó claro que la mayoría requiere orientación para implementar la debida diligencia en derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales”. 

“A pesar de apuntalar la economía de exportación de México, los trabajadores agrícolas de berries enfrentan condiciones precarias, barreras a la libertad de asociación y acceso inadecuado a la información y la atención médica”. 

Indica que para mejorar la situación, se necesita del trabajo concertado entre empresas y gobierno para garantizar el respeto a la diversidad cultural y los derechos de los trabajadores agrícolas.

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