San José. – La constructora brasileña Odebrecht, que protagonizó desde 2016 uno de los mayores escándalos de corrupción política y empresarial en la historia de América Latina y el Caribe, fue denunciada anteayer en la ONU por vulnerar “gravemente” los derechos infantiles en República Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica por la contaminación ambiental que causa la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que la firma de Brasil edificó en suelo dominicano.
Un informe de instituciones no estatales mundiales y caribeñas y ambientalistas y de derechos humanos suministrado a EL UNIVERSAL precisó que la CTPC generó un “alarmante nivel de contaminación” desde que empezó a funcionar en 2019 y sería “la causa de muerte prematura de 6 mil personas en los próximos 30 años” y del aumento de enfermedades ligadas a “la combustión” de carbón mineral que son “letales” para niños y niñas.
Al enfatizar en que “las partículas y gases contaminantes provenientes de las emisiones de la Central llegan hasta Haití, Cuba y Jamaica”, precisó que el panorama se complicó con “las tormentas que, al pasar por la región, levantan las cenizas y contaminan las reservas de agua y las tierras fértiles”.
“Diariamente, la central arroja 5 mil toneladas de cenizas tóxicas al medio ambiente. Estos residuos han creado tres montañas artificiales, ubicadas cerca a fuentes de agua y terrenos de cultivo en la comunidad de Catalina, cuyas dimensiones son equiparables a cinco estadios de fútbol y se calcula que ascienden a más de 600 mil toneladas”, puntualizó.
El reporte fue elaborado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), de París, y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), ambas dominicanas, y será difundido en Santo Domingo.
Odebrecht, señalada en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de pagar unos 788 millones de dólares en sobornos políticos en contratos con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela, todavía sigue sin pronunciarse públicamente sobre el lío con CTPC.
La compañía dejó entrever por varias vías que el cuestionamiento carece de solidez. El estudio fue presentado anteayer por las tres instituciones al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
Las mordidas
Ubicada en el sur del territorio dominicano, la CTPC posee dos unidades de generación eléctrica de 376 megavatios cada una y 752 megavatios brutos en conjunto y su construcción fue concedida por el gobierno dominicano, mediante proceso licitatorio, a un consorcio formado por Odebrecht, Grupo Maire Tecnimont, de Italia, y Grupo Estrella, de República Dominicana.
Las obras empezaron en 2014 y concluyeron en 2020. La primera etapa entró a operar en 2019 y la estación comenzó a trabajar a plenitud en 2020.
El estudio que FIDH, CNLCC e INSAPROMA entregaron a este periódico indicó que el contrato inicial de construcción ascendió a mil 945 millones, pero que el Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana informó en 2023 que “en realidad se invirtieron” unos 3 mil 500 millones de dólares, para un “sobrecosto” de 395 millones 500 mil dólares por “trabajos no contemplados inicialmente o que tuvieron que volverse a llevar a cabo”.
“El proceso de adjudicación de la CTPC estuvo marcado por sobornos de Odebrecht a funcionarios del gobierno dominicano”, mencionó, al citar que en 2016 “trascendió” que la compañía brasileña “estuvo involucrada en el pago de millonarias sumas a funcionarios públicos, a cambio de contratos públicos”.
Al recordar que Odebrecht confesó que en República Dominicana pagó más de 92 millones de dólares en sobornos para lograr contratos de obras desde 2001 hasta 2014, el reporte destacó que en esas presuntas coimas tampoco se identificó “específicamente” a la CTPC.
El (no estatal) Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló en 2019 que “Odebrecht habría pagado unos 39 millones 500 mil dólares en sobornos” por ganar el contrato de la Central, recordó.
“Son indignantes los hechos de corrupción que rodearon la licitación y construcción de Punta Catalina”, advirtió la abogada colombiana Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH.
Tras sugerir que los sobornos que Odebrecht pagó “seguramente explican” que el Estado dominicano, “uno de los países más vulnerables frente al cambio climático”, decidió “construir una central eléctrica a carbón”, Reyes informó ayer a este diario que se espera que el Comité de la ONU “dé una recomendación” sobre la planta.
Los daños
El reporte independiente tripartito reafirmó que hay una “reiterada violación de los derechos” de la infancia y del medio ambiente por parte del Estado dominicano “al no adoptar medidas para prevenir y remediar los daños ocasionados” por la CTPC.
“Existe un riesgo para el acceso a agua potable, a una adecuada nutrición y a la garantía de un entorno seguro y propicio para la supervivencia, crecimiento adecuado y desarrollo de menores de edad”, subrayó.
El gobierno dominicano tampoco reaccionó por ahora al respecto.
Según la indagación, “República Dominicana ha incumplido su deber de respetar y proteger los derechos de los niños y las niñas. Asimismo, al construir e implementar la planta de Punta Catalina, con graves fallas estructurales, el Estado es responsable por los altos índices de polución y la puesta en riesgo de la población del Caribe”.
“Se exige al Estado dominicano el cierre (de la CTPC), la ejecución de medidas inmediatas para limpiar los lugares afectados y el cese de los hechos de corrupción y de contaminación”, ratificó.
También urgió al Comité de la ONU a instar al Estado dominicano a reparar los daños ocasionados por la planta, “incluyendo la compensación a las familias que, debido a la contaminación ambiental, han visto afectadas sus medios de subsistencia y formas de vida”.
