Washington.— Congresistas demócratas exigieron ayer al gobierno de Estados Unidos que reunifique “inmediatamente” a todas las familias de inmigrantes indocumentados que fueron separadas en la frontera bajo la política denominada de “Tolerancia Cero” contra la inmigración irregular en el país.
Hoy finaliza el plazo que las cortes han dado a la administración de Donald Trump para arreglar la crisis familiar que crearon en la frontera, en un intento de generar un efecto disuasorio que redujera el flujo de inmigrantes. A pesar de que el gobierno de EU aseguró que cumplirá con las metas, los demócratas desconfían.
“Esto es una vergüenza y va en contra de los valores estadounidenses", dijo el senador Dick Durbin.
En la tarea legislativa de presión para terminar con la crisis, el “caucus” hispano del Congreso, tal y como se conoce a la agrupación de congresistas de origen latinoamericano, todos demócratas, se reunió ayer con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para conocer los detalles de la operación y exigirle respuestas.
“Le hemos pedido acción”, aseguró el senador Robert Menéndez, quién le advirtió que “la estamos observando, el pueblo estadounidense la está observando, el mundo la está observando. A pesar de eso, se mostró impasible y defendió sus políticas”, lamentó.
Todos los integrantes del “caucus” salieron descontentos con el gobierno. Según los reportes y documentos judiciales, casi un millar de familias siguen separadas.
“La realidad es que la administración no puede cumplir con la fecha límite, no cuando 463 padres han sido deportados sin sus hijos. Ningún hijo debería ser arrancado de su padre, especialmente cuando están buscando de forma legal refugio de la violencia”, dijo Menéndez.
El gobierno justifica que sí cumplirá con su promesa porque reunificará a los más de mil 600 niños y padres que cumplen con los requisitos para una reagrupación rápida. Hasta ayer, ya se habían completado más de mil reagrupaciones familiares.
El otro millar de menores separados todavía no tienen respuesta, ya sea por deportación o necesidad de más verificación, y su estado se verá más adelante.
En tanto la ACLU, la organización que lidera la defensa de los migrantes, se quejó ante la justicia de que la administración Trump está presionando “de forma coercitiva” a los padres que firmen órdenes de deportación y renuncia de sus hijos, sin dar explicaciones ni opción de buscar consejo.
Insistió en la necesidad de que la justicia otorgue una semana de plazo a las familias para decidir sobre su futuro. Hasta el viernes no hay una nueva vista oral judicial de seguimiento del caso, aunque el juez podría dictaminar una orden en cualquier momento.
En este escenario, algunas empresas, como United Airlines, han ofrecido apoyar en las reuniones familiares.
