Un grupo de 39 senadores demócratas y los líderes del partido de los hispanos, afroestadounidenses y asiáticos de la Cámara de Representantes enviaron ayer una carta a la secretaria interina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elaine Duke, para exigirle que no comprometa la información de los dreamers ni se use para que las autoridades los detengan y deporten.
“El gobierno se comprometió con estos jóvenes a que la información que daban no sería usada en su contra o contra sus familias”, se lee en la misiva.
Su preocupación surge de la declaración de Duke ante una comisión del Senado en el sentido de que no podía asegurar que los datos no terminaron en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El futuro de los dreamers está en el aire después de que el presidente Donald Trump aboliera el decreto que ponía en funcionamiento el programa DACA.
“Miles de jóvenes que confiaron al gobierno enorme cantidad de información personal detallada sobre ellos y sus familias viven con miedo”, subrayaron.
A pesar de las dudas, el trabajo para definir una ley que ampare a los dreamers sigue su curso. Trump dio hasta el 5 de marzo del próximo año como margen para que el Congreso sacara adelante una ley que sustituyera el DACA. La Casa Blanca ha hecho acciones desconcertantes en ese aspecto: si bien al principio parecía haber salvado a los jóvenes con un pacto con los líderes demócratas, semanas más tarde anunció una serie de “principios” inaceptables como la construcción del muro en la frontera con México.
Según una información de Político, un grupo de influyentes senadores republicanos trabaja en privado y sin hacer mucho ruido en un marco legal para protegerles de la deportación. “Tiene que haber una solución”, dijo el número dos de los republicanos en el Senado, John Cornyn.
Si bien corrían rumores de que el tema de los dreamers podría pasar a segundo plano legislativo por el empuje de la administración Trump por sacar adelante una reforma fiscal, fuentes demócratas consultadas por EL UNIVERSAL no creen que eso vaya a afectar la discusión. “Está claro que no es una prioridad para ellos”, dicen; sin embargo, es la “principal prioridad” para los demócratas y seguirán con la “presión”.