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Un acuerdo de mínimos entre senadores demócratas y republicanos permitió acabar la crisis por la falta de fondos del gobierno federal de Estados Unidos que obligó a su “cierre”, aunque lo hicieron sin un acuerdo definido para dar alivio a los 690 mil jóvenes indocumentados —dreamers— que luchan por una solución que evite que se conviertan en objetivo de la máquina de deportación de la administración Trump.
Los líderes de ambos partidos decidieron prorrogar una vez más la agonía, y patear tres semanas más un presupuesto para mantener operativo el gobierno federal. Luego de tres días de cierre, los demócratas claudicaron y aceptaron una propuesta vaga y sin detalles de los republicanos: fondos hasta el 8 de febrero a cambio del compromiso de hablar de inmigración.
La idea es que por entonces un grupo bipartidista negociará para tratar de conseguir una ley para solucionar el programa DACA que protege de la deportación a los dreamers. Si no se consigue, el liderazgo conservador permitirá que se presente a debate parlamentario cualquier ley sobre el tema que los senadores deseen.
La presión demócrata para incluir en el debate de presupuestos el asunto de los dreamers no surgió el efecto esperado. Cualquier reforma en migración, a pesar de su popularidad entre los estadounidenses —73% quiere que los beneficiarios del DACA se queden en EU de forma legal—, es un asunto político delicado y acabó estallando sin solución.
Su intención de forzar al máximo para doblegar a los republicanos no sirvió. Al final, para evitar males mayores a los funcionarios públicos y a la economía del país —ayer se vieron afectados al menos 850 mil empleados federales, sin trabajo ni paga por un día—, los demócratas decidieron aceptar un compromiso mínimo de los republicanos y ganar tiempo.
No fue fácil llegar a ese momento: muchos demócratas, especialmente del ala más progresista, se negaron a apoyar un acuerdo con sólo la palabra del líder republicano, Mitch McConnell, como garantía. Tienen 17 días por delante para encontrar un punto en común en inmigración, proponer una ley y que se someta a votación, o repetir en tres semanas el drama de cierre de gobierno que se vivió este fin de semana.
El primero en cantar victoria fue el presidente Donald Trump, quien a pesar de su inactividad para negociar una posición de consenso se anotó una nueva victoria; su intransigencia de no hablar de migración —y en sus términos— hasta que el gobierno tuviera presupuesto se mantiene intacta.
El magnate, “complacido” por ver que los demócratas han “recuperado el sentido común”, siguió con su posición indefinida sobre el tema, sin idea ni detalles concretos de lo que propone y reiterando que sólo apoyará un acuerdo en migración “si es bueno para el país”.
De momento, el presidente decidió aliarse con el ala más dura de su partido, con una reunión con seis de los senadores más antiinmigrantes que hay en el Capitolio para “seguir las conversaciones” para una reforma integral del sistema.
Los activistas en favor de los dreamers encolerizaron con el acuerdo, sintiéndose traicionados y pieza de cambio sin recibir ninguna garantía de salir del limbo en el que están ahora. Como Greisa Martínez Rosas, soñadora de la organización United We Dream, quien se mostró “avergonzada” y “disgustada” por unos legisladores que decidieron “ir hacia adelante sin una solución” para los jóvenes como ella.
“Pusieron la política antes de las personas como yo”, se quejó. “Aquellos que votaron basándose en la promesa de un voto futuro en inmigración pusieron su fe en las manos de aquellos que en el pasado han demostrado que no se puede confiar”, dijo María Helena Hincapié, directora ejecutiva del National Law Immigration Center.
