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Washington.— En medio de la confusión que reina tras la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump para poner fin a la separación de familias inmigrantes detenidas en la frontera con México, una decena de estados demandaron ante una corte federal la política migratoria del mandatario, mientras medios informaban que los padres que hayan llegado ilegalmente a Estados Unidos no serán llevados a las cortes federales para afrontar cargos criminales.
“Estoy ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), al de Seguridad Nacional y al de Justicia que trabajen para mantener juntas a las familias de inmigrantes ilegales y reunir a esos grupos que antes estaban separados”, dijo Trump a periodistas.
Aunque no dio detalles, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró al diario The Washington Post que los padres de familia indocumentados ya no irán a las cortes federales, lo que en la práctica supone el debilitamiento de la política de “Tolerancia Cero” que puso en marcha la administración de EU, y que obliga a presentar cargos criminales —antes los casos eran revisados por cortes migratorias— contra todos los indocumentados que cruzaran la frontera con México. Esa política desembocó en la separación de familias, puesto que los niños no pueden ser imputados por ningún delito.
Justo ayer, en la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, los fiscales federales no presentaron cargos contra 17 inmigrantes.
El gobierno de Trump pidió a una corte federal de California que suspenda el acuerdo “Flores” que impide tener detenidos a los menores durante más de 20 días para así poder mantenerlos en centros de detención para familias que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el tiempo que se requiera, mientras se resuelven los casos.
Además, un portavoz del Pentágono informó que el HHS, encargado de la custodia de los menores, ha pedido asistencia para alojar a 20 mil niños inmigrantes de manera temporal. Según él, cuatro bases militares (tres en Texas y una en Arkansas) ya han sido evaluadas como posibles alojamientos para los menores, aunque otras fuentes señalaban que estos lugares albergarán familias enteras.
Poco más de 2 mil 300 menores fueron separados de sus familias desde abril, aunque ayer un funcionario del gobierno afirmó que 500 ya regresaron con sus parientes.
Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington, presentó una demanda federal a la que se adhirieron Massachusetts, California, Illinois, Maryland, Oregon, Nuevo México, Pennsylvania, Iowa, Nueva Jersey y Minnesota contra la separación de familias migrantes. “Es una política deshonesta, cruel e inconstitucional y la vamos a parar”, dijo Ferguson en un comunicado. La demanda alega que la orden ejecutiva “no hace nada para reunificar a las familias ya desgarradas por la política”.
Incrementando la presión, 16 alcaldes protestaron ayer frente al puerto de Tornillo, en Texas, contra la política migratoria de Trump, mientras que en Washington, un grupo de unos 30 niños, acompañados por sus padres, protestaron en un edificio del Senado contra la ubicación de menores migrantes en lugares parecidos a cárceles. Además, un juez federal ordenó al gobierno liberar a Darwin, hijo de Beata Mariana de Jesús Mejía-Mejía, una guatemalteca solicitante de asilo que demandó a la administración porque la separaron de su pequeño.
Carga contra México. Trump volvió a cuestionar a México, alegando que “sólo toman nuestro dinero y nos venden drogas”, y argumentó que “estoy siendo muy duro con el TLCAN... porque [los mexicanos] no hacen nada por nosotros en la frontera”. El mandatario pidió la cooperación de los demócratas para superar la crisis migratoria. La Cámara Baja tumbó ayer un proyecto de línea dura y retrasó el debate de otra medida más moderada, a la espera de lograr los votos necesarios para aprobarla.
