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Demandan a California por políticas proinmigrantes

La administración busca invalidar tres leyes que, dice, violan la Constitución

El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, quien hoy viajará a Sacramento, California, para hablar sobre las políticas de las llamadas ciudades santuario (AP)
07/03/2018 |04:07Víctor Sancho / Corresponsal |
Redacción El Universal
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La administración del presidente estadounidense Donald Trump está decidida a ir a la guerra contra las jurisdicciones que protejan a indocumentados y hoy dará el primer paso con la presentación de una denuncia judicial contra las leyes “santuario” de California.

El encargado de anunciar la medida será el fiscal general, Jeff Sessions, quien desde Sacramento, capital californiana, expondrá las razones por las que el gobierno de Trump cree que es necesario bloquear unas leyes que serían “anticonstitucionales” ya que contradicen una normativa federal.

“El Departamento de Justicia y la administración Trump pelearán contra estas políticas injustas y anticonstitucionales que nos han impuesto”, señala un adelanto del discurso de Sessions ante representantes de las fuerzas de seguridad de California. Las dos figuras demandadas son el gobernador y el fiscal general californianos, quienes ya están afilando los cuchillos para pelear contra la decisión del gobierno de Trump.

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“En un tiempo de agitación política sin precedentes, Jeff Sessions viene a California a dividir y polarizar más a Estados Unidos. Jeff, estas artimañas políticas quizá son comunes en Washington, pero no funcionan aquí. TRISTE!!!”, advirtió el gobernador Jerry Brown.

El fiscal general californiano, el también demócrata Xavier Becerra, prometió que su estado “seguirá su camino y aplicará todas las leyes y protegerá a toda su población”, incluyendo a los indocumentados. “Así es como mantenemos nuestras comunidades seguras”, sentenció.

Esta demanda judicial es el último paso de una batalla constante contra las jurisdicciones santuario, que se niegan a colaborar con las fuerzas migratorias para entregar a inmigrantes indocumentados que no han cometido delitos ni son un peligro para la comunidad. El Departamento de Justicia lanzó hace unas semanas un nuevo ultimátum contra varias jurisdicciones, advirtiendo que si no demostraban que estaban cooperando en la persecución y detención de indocumentados se verían expuestas a perder subsidios y fondos federales.

La elección de California no es a la ligera. Es el estado con más indocumentados del país (se calcula que viven más de 3 millones, de los cuales 2 millones 100 mil son de origen mexicano) y se ha convertido en el centro de la resistencia contra las políticas antiinmigrantes de Trump.

El pasado 1 de enero California se convirtió en el primer “estado santuario”, prohibiendo a todas sus fuerzas de seguridad compartir información con las autoridades migratorias si no vienen acompañadas por una orden judicial. Esta ley, y otras dos, son las demandadas por la administración Trump. “Peleamos para hacer sus trabajos más seguros y ayudar a reducir el crimen en EU. Creo que vamos a ganar”, según el discurso adelantado de Sessions.

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