Seis jóvenes indocumentados, conocidos en Estados Unidos como dreamers, interpusieron ayer una demanda contra el presidente, Donald Trump, por cometer una “violación sin precedentes” de sus derechos al acabar abruptamente con el programa migratorio DACA. Mientras que el gobierno de Rhode Island anunció que pagará la renovación de estatus de los jóvenes del estado.
Ésta es la primera demanda que interponen contra Trump los afectados por su decisión de suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el ex presidente Barack Obama y que permitió a 800 mil jóvenes indocumentados trabajar y frenar su deportación.
En la demanda, a la que accedió EFE, los dreamers acusan al gobierno de haber violado su derecho al debido proceso al anunciar de manera abrupta el fin de DACA, algo que se hará efectivo en seis meses, el plazo que Trump ha dado al Congreso para buscar una alternativa.
También argumentan que el gobierno violó la enmienda de la Constitución de EU que establece que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley.
“La decisión de poner fin al programa DACA es una promesa incumplida y una violación sin precedentes de los derechos constitucionales de los demandantes y de otros jóvenes que confiaron en el gobierno federal para honrar su promesa”, afirman los dreamers en su escrito, interpuesto en la corte del distrito norte de California, en San Francisco.
Por ello, piden a la corte que suspenda de manera temporal, antes de que cause algún daño, la decisión “ilegal e inconstitucional” de Trump y, además, exigen a la Justicia que “obligue al gobierno a cumplir sus promesas y a revertir su anuncio sobre el fin del programa DACA”.
Entre los seis demandantes está Viridiana Chabolla Mendoza, a quien sus padres trajeron desde México cuando tenía sólo dos años y quien este año accedió a la facultad de derecho de la Universidad de California.
“El fin de DACA impedirá a Chabolla cumplir su sueño de trabajar como abogada y ayudar a las personas de comunidades desfavorecidas a obtener justicia a través del sistema legal”, ejemplifican los demandantes en su escrito. La demanda de los dreamers se suma a otras iniciativas judiciales en otras partes de Estados Unidos, como Nueva York.
Otra de las demandantes es la abogada Dulce Garcia, de San Diego, California, quien defiende habitualmente a clientes en tribunales de inmigración, pero ahora es ella quien busca amparo legal en EU. García fue ingresada ilegalmente a Estados unidos por sus padres cuando era una niña.
Las demandas de Nueva York y de San Francisco aseguran que la decisión de Trump de revocar DACA viola la ley federal de procedimientos administrativos porque no se puede eliminar de forma abrupta una política que lleva mucho tiempo vigente y en la que muchos confían.
El gobierno de Trump anunció el 5 de septiembre el fin de DACA, pero la suspensión del programa entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, periodo en el que el Congreso debe aprobar una ley para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados.
En tanto, la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, anunció ayer que el gobierno cubrirá el pago de 495 dólares para la renovación de DACA de los jóvenes de ese estado antes del 5 de octubre, la fecha límite que dio Trump. “No vamos a permitir que 495 dólares sean un obstáculo en el camino de los sueños de nuestros vecinos, dijo la demócrata Raimondo, de acuerdo con información de CNN.
Rhode Island —en donde viven mil 200 dreamers y entre 250 y 300 son elegibles para renovar su estatus—, es el primer estado que cubrirá el pago de renovación de DACA.
Hasta ahora se han recolectado cerca de 170 mil dólares de personas locales y del todo el país para esta iniciativa. De acuerdo con cifras oficiales, en Estados Unidos 154 mil dreamers deben renovar su estatus antes del 5 de octubre.