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Bruselas.— Las medidas de confinamiento decretadas en México para contener la expansión del coronavirus Covid-19 impactaron a la baja los índices de robo y secuestro, mas no perturbaron las actividades de los principales cárteles de la droga, que incluso aprovecharon la emergencia sanitaria para expandir su influencia.
Esa es la situación que expone Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), en su examen de medio año sobre la situación en México, clasificado como uno de los 10 conflictos a seguir este 2020, junto con otros países como Yemen, Somalia, Líbano y Afganistán.
De acuerdo con el análisis, las medidas de confinamiento resultaron en una disminución neta de 40% de la delincuencia común, de 20% de los secuestros y de 12% del comercio de droga al menudeo, en comparación a 2019. Los indicadores a la baja, detalla, responden a que las políticas de confinamiento afectaron significativamente las capacidades para la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el saqueo de combustible.
El informe de ACLED sostiene que los cárteles más grandes sí pudieron resistir la crisis y lograron mantener el negocio “con normalidad”. Asegura que las restricciones implementadas para frenar el coronavirus, no impactaron en las incautaciones de drogas ni en la violencia perpetrada contra los civiles; “se mantuvieron en niveles similares a 2019”. Además, “se intensificaron las guerras territoriales entre cárteles por el control de las rutas del narcotráfico”.
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Sostiene que algunos sindicatos de la droga han utilizado la alarma sanitaria para expandirse, llevando la violencia a niveles sin precedentes en entidades. Pone de ejemplo el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Señala que aumentó sus actividades en los estados fronterizos, particularmente en Tamaulipas, al tiempo que tiene en curso una campaña en Michoacán en contra de Los Viagras; el número de choques violentos hasta agosto ya superó el registrado en todo 2019.
Los enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Nordeste, por el control de la frontera entre México y EU a través de Tamaulipas, han alcanzado niveles sin precedentes comparando 2019.
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“A pesar de la pandemia (...) la violencia no ha disminuido. Las organizaciones de la delincuencia organizada se apresuraron para beneficiarse de la crisis y las medidas de confinamiento relacionadas con el virus”, indica. El ACLED es una organización especializada en el manejo de datos sobre protestas y violencia política, para el establecimiento de patrones en los mayores conflictos en el mundo. Está encabezada por Clionadh Raleigh, profesora sobre violencia política y geografía en la School of Global Studies de la Universidad de Sussex, y opera con financiamiento del gobierno de Alemania y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El análisis prevé que el desempleo, incrementado por el freno a la actividad económica, y profundizado aún más por la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a la iniciativa privada, resulte en un “incentivo adicional para unirse al narco”. Considera que el desvío de fondos destinados a la lucha contra la delincuencia para atender cuestiones sanitarias debilitará aún más la capacidad de las autoridades municipales para disuadir las actividades delictivas.
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Los ataques selectivos a políticos y periodistas son tendencias que probablemente empeorarán, así como “el dominio de los cárteles sobre las instituciones debilitadas por la corrupción desenfrenada (...) Se esperan mayores niveles de violencia a medida que el país reanude la actividad económica (…) Los grupos más pequeños, golpeados por las medidas restrictivas, se dividirán aún más y recrudecerán la violencia”.
En tanto que los cárteles más grandes continuarán fortaleciendo los territorios ocupados, en un contexto de intensificación de los choques con las fuerzas estatales y las bandas rivales. “La ciudadanía será el principal blanco de las nuevas estrategias de los cárteles (...) al tiempo que la profundización de la pobreza podría crear un flujo constante de nuevos reclutas”.
