Washington.— Ante las críticas sobre la política migratoria, el gobierno del presidente Joe Biden anunció ayer nuevas reglas, por lo que las autoridades sólo irán detrás de los migrantes que ingresaron recientemente al país sin autorización legal o que representan una amenaza a la seguridad pública.
Los lineamientos sustituyen a las reglas interinas que se emitieron en febrero y que fueron bloqueadas en agosto por un juez como parte de una demanda presentada por Texas y Luisiana.
El anuncio se produce en momentos en los que Biden enfrenta críticas de aliados y de los republicanos que arremeten en su contra por no hacer lo suficiente para contrarrestar un incremento enorme de migrantes. El gobierno ha expulsado a cerca de 5 mil haitianos que ingresaron desde México hacia Del Río, Texas, en semanas recientes.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que Estados Unidos no puede ir detrás de todas las personas que no tienen permiso legal para estar en el país, ni debería intentarlo, ya que muchos “han aportado a nuestras comunidades”.
Las autoridades serán instruidas a enfocarse en aquellos que no son ciudadanos y que han cruzado recientemente la frontera, es decir, después del 1 de noviembre de 2020, o aquellos considerados como una amenaza.
Seguridad Nacional incluye en este esfuerzo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza.
Las directrices nuevas entrarán en vigor el próximo lunes 29 de noviembre.
Las autoridades de migración tendrán prohibido arrestar y buscar la deportación de alguna persona, en represalia por ejercer sus derechos establecidos en la Primera Enmienda, como sumarse a una protesta o formar parte de actividades sindicales.
“Otorgamos facultades a nuestra fuerza laboral, conferimos poderes de forma crítica a nuestra fuerza laboral, a ejercer su juicio, su criterio en el cumplimiento de la ley”, declaró el funcionario.
Mayorkas recalcó que no tiene sentido ir detrás de los cerca de 11 millones de migrantes que están en el país sin estatus legal, incluso si se tuviera la capacidad para hacerlo. “Contribuyen al bienestar de nuestro país y la justicia requiere que utilicemos nuestro criterio en conformidad. El hecho de que un individuo sea no ciudadano elegible a su expulsión no debe ser la única base para ejercer una acción en su contra”, dijo.
El gobierno de Donald Trump implementó cientos de medidas para restringir la migración, tanto legal como irregular, incluyendo deportar a quienes fueran identificados como indocumentados al interior del país, así como Tolerancia Cero en los cruces fronterizos que resultó en la separación forzada de miles de familias y la orden de que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras llegaban sus audiencias.