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San José. – El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, lanzó este viernes un severo cuestionamiento a la política de diálogo del presidente colombiano, Gustavo Petro, con los cárteles del narcotráfico de ese país.
“El gobierno dio la mano y los grupos (criminales) se han tomado el brazo”, advirtió Camargo, abogado y jerarca de la (estatal) Defensoría del Pueblo de Colombia.
Entre 2020 y 2023 “hemos podido evidenciar la acelerada expansión de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), que ya tiene presencia en 20 departamentos (estados) y Bogotá”, reveló.
En una declaración que emitió en la capital colombiana y que fue remitida a EL UNIVERSAL, acusó que el Clan y otros grupos armados “han venido traicionando el anhelo de paz de los colombianos”.
La alerta de Camargo se registró luego de que el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, propuso el pasado jueves al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que empiece a negociar con los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional.
“No hay más opción que el diálogo con (los) cárteles”, afirmó Ninco, en defensa de la política que, al asumir el 7 de agosto anterior la presidencia de Colombia, Petro proclamó en busca de la paz completa en esa nación.
El Clan es la principal y más peligrosa organización criminal de Colombia y durante el siglo XXI se consolidó como uno de los más importantes proveedores de cocaína para los dos más poderosos cárteles mexicanos—el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG)—en una red marítima, aérea y terrestre de contrabando del sur al norte de América.
“Como Estado nos dejamos coger ventaja (del Clan). Ellos han venido demostrando su poder y su capacidad de paralizar varios departamentos”, relató Camargo.
En una descripción que pareció coincidir con el acelerado crecimiento de Sinaloa y CJNG exhibieron en este siglo, Camargo destacó que “nos preocupa de manera especial que sus dinámicas (las del Clan) se asemejan a una ‘holding’ (conglomerado de empresas privadas) del crimen, que maneja varias actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal”.
El Clan “tiene subcontratadas a estructuras del crimen organizado para actividades como el microtráfico y la extorsión; y cuya estructura le permite tener mando y control para bloquear y paralizar la vida de las comunidades, como lo ha demostrado recientemente” en diferentes acciones violentas, mencionó.
Al subrayar que “en esa dinámica, no en todas las regiones se hace ver como AGC o Clan del Golfo”, explicó que “opera a través de las organizaciones criminales locales”, como hace en Bogotá con una agrupación denominada “Los Boyacos”.
Según el Defensor, una decisión que Petro adoptó esta semana de terminar un acuerdo de cese del fuego con el Clan, vigente a partir del primero de enero de este año, “también es un ultimátum para los demás grupos armados”.
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Sugerencia de embajador
En un acto el jueves de esta semana, el embajador colombiano planteó que “nosotros estamos encargándonos de nuestros grupos; yo espero que, en ese mismo sentido, el gobierno de México está haciendo esfuerzos y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos”.
“¡No hay otra opción, no hay otra opción!, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como el narcotráfico”, justificó.
En respuesta, López Obrador rechazó este viernes la sugerencia del diplomático y descartó que gestionar un pacto con la delincuencia organizada para detener la violencia criminal sea una estrategia que se puede aplicar en México.
Las circunstancias entre la situación mexicana y la colombiana son “distintas”, ya que México tiene una frontera de 3 mil 180 kilómetros con Estados Unidos, por lo que el problema con el narcotráfico “es un asunto de geopolítica”, argumentó el mandatario.
Al jurar en agosto de 2022 para iniciar su cuatrienio como primer presidente izquierdista de Colombia, Petro--economista y exguerrillero—lanzó un profundo compromiso para lograr la total pacificación colombiana. Petro integró, de 1981 a 1990, a la ahora disuelta guerrilla izquierdista del Movimiento 19 de Abril (M—19), que se desmovilizó en 1990 al pactar la paz con el gobierno de Colombia y mutar a partido legal.
La pacificación quedó incompleta en ese país luego de que las ahora desaparecidas guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sublevadas desde 1964, y el gobierno colombiano firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo de paz que entró en vigor en diciembre de ese año y está en ejecución.
Petro prometió impulsar la paz con la todavía activa guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1964.
Las pláticas con el ELN fueron congeladas en 2018 y suspendidas en 2019 por el presidente colombiano, Iván Duque, predecesor de Petro, pero el nuevo gobierno colombiano y esa insurgencia acordaron en octubre de 2022 reanudarlas y ya realizaron dos rondas: en noviembre en Venezuela y en febrero y marzo en México.
El ELN—última insurgencia comunista de América y declarada en 2001 por Estados Unidos como fuerza terrorista global—fue acusado repetidamente por los anteriores gobiernos de Colombia de estar involucrado en narcotráfico.
El ELN negó repetidamente en últimos cinco años esos cargos, reafirmó su “política de deslinde categórico con el narcotráfico” y advirtió que hay una “severa disciplina” para sancionar a los miembros de su organización que se inmiscuya en esos negocios ilícitos.
Al empezar su mandato, Petro convocó a negociar la paz a “todos los armados”, como las redes mafiosas, “a dejar las armas en las nebulosas del pasado” y a “aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal que acabe con el atraso de las regiones”.
El Congreso de Colombia aprobó en octubre de 2022 un plan de Petro de “paz total” para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial de los grupos armados criminales.
Petro incluyó a narcotraficantes y demás bandas criminales de Colombia, principal productor mundial de cocaína y con un registro a 2022 de 204 mil hectáreas de hoja de coca, materia prima de ese estupefaciente.
La negociación con las narcomafias atizó la crisis en un país que es una pieza crucial del abastecimiento de cocaína en América, Europa, Asia y África en asocio con los cárteles mexicanos.
Petro adujo que “el perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”.
“El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global”, agregó.
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