Washington. Una coalición de grupos defensores de migrantes interpuso el miércoles una demanda para frenar la más reciente medida del gobierno del presidente Joe Biden que prácticamente suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur del país, argumentando que no es muy distinta a una acción propuesta durante la presidencia de Donald Trump que fue bloqueada por los tribunales.
La demanda —presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros organismos a nombre de Las Americas Immigrant Advocacy Center y RAICES— es la primera prueba sobre la legalidad de las amplias restricciones de Biden en la frontera sur, las cuales se produjeron luego de meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca y tienen como objetivo desviar los ataques contra el presidente por su manejo de la migración.
“Al implementar una prohibición al asilo que es jurídicamente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más opción que presentar esta demanda”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
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Biden emitió la semana pasada una orden que limita la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada llegue a dos mil 500 al día. La medida entró en vigor de inmediato debido a que las últimas cifras disponibles eran mucho más altas, de aproximadamente cuatro mil encuentros diarios.
Las restricciones permanecerán vigentes hasta dos semanas después de que la cifra de encuentros diarios entre los puertos de entrada caiga por debajo de mil 500 durante una semana seguida. Pero está muy lejos de quedar en claro cuándo es que los números alcanzarán niveles tan bajos; la última vez fue en julio de 2020 durante la pandemia de COVID-19.
La orden entró en vigor el 5 de junio, y funcionarios del gobierno federal han dicho que anticipan que las deportaciones alcancen niveles sin precedentes.
Pero los activistas argumentan que suspender el asilo para los migrantes que no lleguen por un puerto de entrada específico —lo que el gobierno de Biden está tratando que hagan— viola la actual ley federal de migración, entre otras inquietudes.
Biden invocó la misma autoridad jurídica que utilizó el gobierno del expresidente Trump para su prohibición al asilo, que corresponde a la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si su ingreso se considera “perjudicial” para los intereses del país.
Durante su campaña de reelección, Biden ha criticado en repetidas ocasiones las políticas migratorias de Trump y su gobierno alega que esta directriz es distinta, ya que incluye varias exenciones por motivos humanitarios. Por ejemplo, las víctimas de tráfico de personas, los menores que viajan sin compañía de un adulto y aquellos con problemas médicos graves no estarían sujetos a los límites.
“Nos atenemos a la legalidad de lo que hemos hecho”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en declaraciones al programa “This Week” de la cadena ABC previo a que se interpusiera la demanda.
En virtud de la directriz de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera y no expresen un temor creíble de volver a sus países de origen serán objeto de una deportación expedita de Estados Unidos, la cual se llevaría a cabo en cuestión de días o incluso horas. Estos migrantes podrían enfrentar penas que podrían incluir una prohibición hasta por cinco años para ingresar nuevamente a Estados Unidos o incluso un proceso penal.
En tanto, los migrantes que expresen temor por su seguridad o la intención de solicitar asilo serán revisados por un funcionario de asilo estadounidense, pero bajo un estándar más estricto al actual. Si pasan esa revisión, pueden solicitar otras formas de protección humanitaria, incluidas aquellas contempladas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual prohíbe enviar de regreso a las personas a un país en el que enfrentan la posibilidad de ser torturados.
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