Bruselas.— La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, afirma que en México no se reconoce a la mujer que con su activismo contribuye para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de garantías individuales.
Habla sobre el impacto, en entrevista con EL UNIVERSAL, de la pandemia por coronavirus en las mujeres defensoras, de la hostilidad que enfrentan en las redes sociales, así como del mecanismo que se supone debe garantizar el ejercicio de la defensa de las libertades fundamentales en México.
La profesora adjunta del Centre for Social Innovation, School of Business, del Trinity College de Dublín, además hace una evaluación de la situación a tres años de la visita al país realizada por su predecesor.
—Las defensoras de los derechos humanos de todo el mundo trabajan en contextos generalizados y selectivos de violencia y discriminación de género.
Es el caso de México, pero también se observa con firmeza en muchos otros países de la región. Frente a este hecho, que de ninguna manera es nuevo, las defensoras en Centroamérica y México han mostrado firmeza, determinación y valor.
Siempre me impresiona lo organizadas y proactivas que son, como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
Su resistencia me da esperanzas sobre sobre su futuro, a pesar de los muchos, muchos desafíos que allí enfrentan. Enfrentan situaciones muy difíciles.
Entre enero y octubre pasados, la red registró mil 313 ataques contra defensoras, periodistas, colectivos y organizaciones; ocho perdieron la vida. Los ataques aumentaron en el contexto de Covid-19; hemos visto a las autoridades de algunos estados y municipios manipular la situación para restringir derechos, en particular el de la reunión pacífica.
—La situación de los defensores de los derechos humanos en cualquier país es reflejo de los desafíos y la situación general de derechos humanos. Como dijo Michel al final de su informe, pocos avances habrá sobre la situación de los defensores en tanto la impunidad persista.
Es una buena señal que el gobierno haya reconocido la importancia de esto en su nuevo programa de derechos humanos, pero debe actuar en consecuencia. Es algo de lo que hablaré en mi próximo informe al Consejo de Derechos Humanos, sobre el asesinato de defensores de derechos humanos.
Gran parte del contexto en el que trabajan las defensoras de derechos humanos en México ha permanecido igual desde la visita de Michel.
Por lo que he escuchado de los defensores en el terreno, en muchas partes del país, y particularmente en el sur, las defensoras se encuentran en peligro por organizarse como miembros de comunidades indígenas de defensa al derecho a participar en la toma de decisiones y que su consentimiento libre, previo e informado sea necesario ante el desarrollo de megaproyectos en sus territorios. Al mismo tiempo, en el norte, su trabajo está fuertemente marcado por la presencia de la delincuencia organizada.
A esto se suman nuevos desafíos, incluyendo los que aparecieron con la pandemia. Las defensoras han sido fuertemente golpeadas por Covid-19, no sólo hay un aumento de los ataques en su contra, a menudo se están viendo fuertemente afectadas por los efectos económicos del virus. Están luchando por atender sus necesidades básicas.
En general, parece haber una falta de reconocimiento del valor de su trabajo y de su potencial para contribuir al desarrollo de políticas e instituciones públicas que puedan ayudar al Estado a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta falta de reconocimiento es uno de los factores que contribuyen a los ataques contra las defensoras en el país, tanto offline como online. Las defensoras que trabajan por los derechos sexuales reproductivos y en los grupos feministas se encuentran en mayor riesgo, como blanco de los grupos de derecha.
—El trabajo de los defensores de los derechos humanos y su papel en la creación de sociedades civiles y justas en las que las personas puedan vivir con dignidad, en general, es insuficientemente reconocido y divulgado. Es aún más evidente cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos. Además de las amenazas que enfrentan sus colegas varones procedentes de gobiernos y actores no estatales, sufren otras debido a su género. Son mucho más propensas que los hombres a sufrir violencia sexual.
Se están logrando algunos avances en la materia, en gran parte por la dedicación y el esfuerzo de las defensoras, y es cierto que a menudo están al frente de la lucha por los derechos. Las defensoras se ven obligadas a resistir los sistemas de opresión, así como a aquellos que promulgaron esos sistemas que durante siglos han creado una crisis de desigualdad de género, patriarcado y misoginia, de uso manipulador de la cultura, la tradición, las costumbres y la religión, a quienes tienen el poder de negar derechos y obtener beneficios políticos. En México, las defensoras de derechos necesitan del apoyo público a nivel federal y estatal.
—Lo que me han informado las defensoras es que enfrentan constante hostigamiento en las redes sociales, lo cual deslegitima su trabajo y genera el riesgo de que esa violencia trascienda a agresiones físicas. Lo percibo más intensamente en las mujeres que promueven y defienden los derechos sexuales y reproductivos.
El gobierno y las firmas que proporcionan las plataformas de redes sociales deben tomarlo muy en serio. El acoso en línea es un acoso real con consecuencias reales, independientemente de que después se manifieste o no fuera de línea.
—El mecanismo se ha centrado en la aplicación de medidas de seguridad parciales, en lugar de adoptar un enfoque más amplio de protección.
Tampoco ha abordado suficientemente las causas fundamentales de las amenazas. Los mecanismos de protección pueden ser una herramienta útil para la protección de los defensores; también pueden demostrar que los gobiernos se toman en serio el trabajo de los defensores.
El entorno para la defensa de los derechos no es estático, por lo tanto, tampoco puede serlo el mecanismo que trata de brindar una protección real.
Debemos recordar que los mecanismos de protección no están realmente diseñados para abordar las causas fundamentales de las amenazas, como la discriminación por motivos de género, sino para brindar protección a quienes intentan abordarlas.
Por lo que escucho de las defensoras sobre el terreno, el financiamiento del mecanismo se ha convertido en un problema grave. Los mecanismos deben contar con el personal adecuado y un presupuesto sólido para la implementación. Recientemente el mecanismo incorporó una perspectiva de género a sus métodos de análisis contextual y ha comenzado a aplicarla.
La forma en que esto se está haciendo debe publicitarse y compartirse con las defensoras para que puedan comentar y abordar cualquier brecha que pueda haber, como es el papel que desempeñan dentro de sus familias.
—Las visitas oficiales de relatores especiales que resultan en informes como el de Michel sólo pueden realizarse por invitación de los gobiernos.
El gobierno mexicano ha enviado una invitación permanente a todos los titulares de los mandatos de procedimientos especiales temáticos, pero mi mandato es global, lo que significa que tengo que trabajar por los defensores en todos los países. No está claro cómo van a funcionar ahora las visitas dada la pandemia y cuánto tiempo pasará antes de que pueda viajar. Las recomendaciones que hizo Michel siguen siendo muy relevantes, insto al gobierno a implementarlas.
—La situación de los defensores en México no va a mejorar mientras la impunidad por las violaciones de derechos humanos siga siendo generalizada. Esto debe ser abordado en todas sus formas, desde la impunidad por asesinatos, desapariciones y amenazas, hasta ataques específicos a las defensoras, como las campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo sobre la base de género, como el acoso sexual dentro y fuera de línea.
En su Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, el gobierno reconoce la contribución de la impunidad a la crisis de derechos humanos. Para hacerle frente, debe considerar los elementos particulares que impulsan la impunidad en los casos que involucran a defensores de derechos humanos y, como en el resto de los ámbitos, debe abordar el tema con una perspectiva de género.