La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, pidió otro juicio para su cliente ante el juez Brian Cogan, en Nueva York.
El abogado de García Luna presentó documentos judiciales diciendo que su cliente se reunió con altos diplomáticos, agentes del orden y funcionarios de inteligencia estadounidenses más de 180 veces desde 2007 a 2012, un periodo en el que un jurado de Nueva York determinó que había estado cometiendo delitos federales, reportó Alan Feuer en el The New York Times.
Varios testigos se presentaron para ayudar en su defensa, incluidos algunos de México que habían guardado silencio durante el juicio “por temor a represalias”, escribió César De Castro, luego de que el exsecretario fuera declarado culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno de engañar a la autoridad migratoria.
Además, entre las fuentes que proporcionaron nueva información se encuentran exfuncionarios de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y un alto exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón.
Entre las nuevas pruebas se encontraban los horarios diarios que llevaban los asistentes de García Luna mientras se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de México, un puesto poderoso a nivel de gabinete. Se menciona que hay 3.6 terabytes con información, "que contiene 133 mil carpetas", entre las que hay 980 mil materiales de documentos, audios, videos y fotografías".
Hay también "información sobre las pesquisas que llevaron a la captura de los testigos" que declararon en su contra.
También, según las nuevas pruebas, los testigos siguieron cometiendo delitos mientras juraban colaborar con EU. Cita que "Hector Villarreal Hernandez siguió cometiendo crímenes mientras colaboraba con el gobierno".
Se indica que "el segundo paquete de nueva evidencia recibida por la defensa es una declaración jurada de un recluso en el Centro de Detención Metropolitano, quien afirmó que los testigos que cooperaron en el juicio contra García Luna estaban hablando entre sí por teléfonos celulares de contrabando mientras estaban encarcelados antes del juicio, y en ese momento al menos uno admitió haber manipulado al gobierno para lograr un acuerdo de cooperación".
De Castro dijo que también tuvo en sus manos registros oficiales firmados por un alto funcionario de la DEA. El funcionario y el fiscal general mexicano documentaron que “el gobierno de Estados Unidos realizó extensas investigaciones de antecedentes” de García Luna y su personal que incluyeron pruebas de detector de mentiras.
Según los documentos judiciales, García Luna se reunió 24 veces con embajadores estadounidenses, ocho veces con el fiscal general, 15 veces con funcionarios de la CIA y casi 50 veces con la DEA, en gran parte con el director regional de la agencia.
De acuerdo con lo informado por la prensa, la DEA y la CIA realizó exhaustivas verificaciones de antecedentes de García Luna y de los miembros de su personal y no encontró evidencia de corrupción.
"El señor García Luna y su equipo fueron investigados exhaustivamente y absueltos de cualquier irregularidad por parte del gobierno de Estados Unidos”, escribió el abogado César de Castro.
Añadió: “Seguramente Estados Unidos no habría compartido durante años información sensible de inteligencia y de seguridad nacional con alguien en quien no confiaban”.
"Que los miembros de su departamento sean examinados y trabajen para la CIA. Esto explica por qué el gobierno de Estados Unidos confió al señor García Luna información y responsabilidades sensibles, a pesar de los rumores de corrupción en el gobierno mexicano", decían los documentos.
De Castro sostiene que los fiscales le ocultaron indebidamente algunos de estos registros, a pesar de que los solicitó específicamente al gobierno nueve meses antes de que se llevara a cabo el juicio. "Estos materiales habrían sido esenciales para la defensa y podrían haber conducido a un resultado diferente", escribió.
Los documentos fueron presentados en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn y son parte de una solicitud de De Castro para obtener un nuevo juicio para su cliente basándose en lo que, según él, son pruebas recién descubiertas.
Los fiscales ahora podrán responder a las acusaciones de De Castro. Posteriormente, el juez Cogan decidirá si concede o no un nuevo juicio en un proceso que podría durar varias semanas.
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