San José.— “No existe ningún fundamento legal para ordenar la detención” de Álvaro Uribe, alegó el equipo de abogados defensores del expresidente de Colombia de 2012 a 2010.
La prisión domiciliaria dictada el 4 de agosto contra el exmandatario “no tiene nada de preventiva, suena más a vengativa” y es “un hecho injusto e innecesario”, porque el proceso “parece reflejar más un juicio a la personalidad” de Uribe “que a sus actos”, aseguró la defensa en una declaración de la que EL UNIVERSAL tiene copia.
Asediado por un fallo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que le impuso la casa por cárcel por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, Uribe renunció a su escaño de senador en un intento por trasladar su caso a la Fiscalía General. La Corte pretende determinar si Uribe compró testigos que declararan a su favor en una controversia por la creación de grupos paramilitares que involucra violaciones a los derechos humanos y en el entorno de la guerra civil que estalló en 1964. Si es hallado culpable, podría ser condenado de 6 a 8 años de prisión.
La defensa argumentó que la resolución de la Sala en contra del exmandatario es “infundada y sin precedentes” en Colombia y “demuestra” que se le violaron seis principios y derechos constitucionales. Uno es la presunción de inocencia, planteó. Otro es la investigación integral y objetiva, porque “no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan”, añadió. El equipo mencionó la exclusión de la prueba ilícita e ilegal. Un magistrado “investigó ilegalmente” al político “sin tener competencia, puesto que esto le correspondía a la Sala”, adujo. Se refirió al derecho a interrogar a los testigos de cargo.
Otro es la inviolabilidad de las comunicaciones abogado—cliente. Catalogó como “reprochable la sistemática filtración” de “algunos apartes del proceso” que generaron “desinformación entre los medios y los colombianos, tergiversando (...) el proceso”. Señaló la imparcialidad y calificó como “preocupante” que en la orden de detención fueran comparadas copias de documentos contra testigos que en “la indagatoria se declararon a favor de la versión” del exjefe de Estado, en una “clara coacción”.