La defensa de , encabezada por el abogado César de Castro, dijo que “el gobierno violó las obligaciones Brady, al no entregar los documentos exculpatorios en su posesión que responden directamente a las exigencias de la regla Brady 5(f) de la defensa”.

El Instituto de Información Legal, de la Facultad de Derecho de Cornell, menciona que la norma "requiere que los fiscales revelen información, material exculpatorio en el gobierno, a la defensa".

"El Material de Brady, o las pruebas que el fiscal debe revelar según esta regla, incluye cualquier información favorable al acusado que pueda reducir la posible sentencia de un acusado, ir en contra de la credibilidad de un testigo desfavorable, o de otra manera permitir que un jurado infiera en contra de la culpabilidad del acusado".

"En Estados Unidos contra Bagley, la Corte Suprema (...) declaró que la fiscalía tiene el deber constitucional de revelar toda la información y material favorable que tenga en su poder a los acusados, independientemente de si se solicita o no. Este deber se incumple independientemente de si esa información se retiene intencionalmente o no".

El Instituto de Información Legal añade que "debido a que la regla Brady implica inherentemente una falta de información por parte de la defensa, las violaciones de la regla Brady generalmente sólo se descubren después de que el acusado ya ha sido condenado. El resultado más común de una violación de la regla Brady es anular esa condena. Además, si la fiscalía retuvo material de Brady de forma intencionada o consciente, puede estar sujeta a sanciones".

Siempre de acuerdo con el instituto, "el acusado tiene la carga de demostrar que cualquier información retenida era tanto material como favorable. Un acusado cumple con esta carga si puede demostrar que existe una probabilidad razonable de que el resultado del juicio hubiera sido diferente si la información hubiera sido revelada. En Kyles v. Whitley, la Corte Suprema aclaró cuatro aspectos de esta prueba:

  1. La “probabilidad razonable” es una cuestión de si el hecho de que el gobierno no revele esta información socava la confianza en el resultado del juicio.
  2. La “probabilidad razonable” no es una prueba de suficiencia de pruebas y el acusado no necesita demostrar que las pruebas, salvo que sean socavadas por la información retenida, son inadecuadas para respaldar una condena. Más bien, el acusado simplemente debe demostrar que la información retenida puede considerarse razonablemente para presentar todo el caso desde una perspectiva diferente.
  3. No revelar información que tenga una probabilidad razonable de cambiar el resultado del ensayo es inherentemente perjudicial, por lo que no hay necesidad de un error inofensivo,
  4. Toda la información no divulgada debe considerarse colectivamente, no elemento por elemento".

Las nuevas pruebas en el caso de García Luna. ¿Qué sigue?

De acuerdo con la defensa de De Castro, hubo inconsistencias con los testigos, por ejemplo, siguieron delinquiendo, mientras colaboraban con el gobierno y habrían mentido; el exfuncionario y sus colaboradores habrían sido sujetos a controles de confianza del gobierno de EU, incluyendo la prueba del polígrafo; no se informó que la CIA realizó controles de confianza al mexicano y a su círculo cercano; además, los testigos convictos cooperantes en este caso se habrían comunicado previamente al juicio, mediante celulares de contrabando.

De Castro sostiene que los fiscales le ocultaron indebidamente algunos de estos registros, a pesar de que los solicitó específicamente al gobierno nueve meses antes de que se llevara a cabo el juicio. "Estos materiales habrían sido esenciales para la defensa y podrían haber conducido a un resultado diferente", escribió.

Los documentos fueron presentados en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn y son parte de una solicitud de De Castro para obtener un nuevo juicio para su cliente basándose en lo que, según él, son pruebas recién descubiertas.

Ahora, los fiscales podrán responder a las acusaciones de De Castro. Posteriormente, el juez Cogan decidirá si concede o no un nuevo juicio en un proceso que podría durar varias semanas.

Varios testigos se presentaron para ayudar en su defensa, incluidos algunos de México que habían guardado silencio durante el juicio “por temor a represalias”, escribió César De Castro, luego de que el exsecretario fuera declarado culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno de engañar a la autoridad migratoria.

Entre las fuentes que proporcionaron nueva información se encuentran exfuncionarios de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y un alto exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón.

Se menciona que hay 3.6 terabytes con información, "que contiene 133 mil carpetas", entre las que hay 980 mil materiales de documentos, audios, videos y fotografías". Hay también "información sobre las pesquisas que llevaron a la captura de los testigos" que declararon en su contra.

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