San José. – ¿Involucró el gobierno de México, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, a los de Colombia, Argentina y Bolivia en una aventura diplomática en Perú a favor del ex mandatario peruano Pedro Castillo, destituido por el Congreso de su país y acusado de golpista?
¿Puede decirse que el esfuerzo del “Cuarteto Castillo”—México, Argentina, Colombia y Bolivia—de reconocer al ex gobernante como legítimo presidente de Perú, rechazar su destitución y desconocer a su sucesora, se desinfla con el hecho de que Castillo se deslegitimó a sí mismo a partir del momento en que, en la mañana del 7 de este mes, intentó asestar un golpe de Estado y disolver el Congreso y el aparato judicial para gobernar de facto y por decreto?
Las dudas sobrevuelan en el lío diplomático que, a partir de ese día, estalló entre la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como gobernante tras la remoción legislativa de Castillo, y sus colegas izquierdistas de Argentina, Alberto Fernández, de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce, y con López Obrador como voz protagonista de ese cuarteto en la crisis.
“Esto (de Castillo) no es un tema político: es delictivo”, afirmó el criminólogo, politólogo, sociólogo y teólogo peruano José Luis Pérez, profesor de la (no estatal) Universidad del Pacífico, de Lima.
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Los cuatro presidentes “intervienen en temas delictivos como si fuesen políticos. Ese es el primer error de López Obrador y compañía. El segundo es meterse en política interna (de Perú) cuando se sigue un proceso constitucional que no es político, es netamente delictivo. Lo digo como criminólogo”, aseguró Pérez a EL UNIVERSAL.
“A mí ni me gustan el Congreso ni Boluarte, que era de la plancha (papeleta presidencial) de Castillo. Más de lo mismo. No es que estamos apoyando a Dina por Dina. No, para nada. Estamos apoyando el proceso constitucional porque es lo único que nos va a sacar adelante: la Constitución Política”, dijo.
“De lo que está siendo acusado inicialmente Castillo, parte de su familia, sus allegados, es de organización criminal por la Fiscalía de la Nación con 50 expedientes. Se le juzga por cleptocrático (dominio de los ladrones). Para evitar juicios por organización criminal, Castillo da el golpe de Estado. Como es tan inepto, ni siquiera eso hace bien y da pie” a que el Congreso lo destituya, precisó.
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Al destacar que “gracias a López Obrador, Castillo está preso”, recordó que un juzgado peruano le impuso anteanoche 18 meses de prisión preventiva y acogió el peligro de escape como elemento clave para dictar esa medida.
“Uno de los criterios es el riesgo de fuga por las declaraciones de López Obrador de que Castillo había pedido asilo (en México). Ha sido el argumento más sólido de la Fiscalía para que le den prisión. Por eso, agradecerle a López Obrador en todo caso la ayuda que está dando al Poder Judicial de Perú”, indicó.
Una proclama conjunta emitida el lunes anterior por México, Argentina, Bolivia y Colombia atizó la controversia hemisférica.
Al reiterar su apoyo a Castillo, los cuatro reafirmaron que todavía lo reconocen como gobernante legítimo tras ser elegido presidente por vía del sufragio en 2021, condenaron su arresto y adujeron que fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento” en sus 16 meses de labor. López Obrador adujo que Castillo fue víctima de élites económicas y políticas de Perú y defendió repetidamente la actitud de México en esta controversia.
Boluarte acusó anteayer a los cuatro de intromisión en asuntos internos y exclusivos de Perú y llamó a sus embajadores en esos países a consultas a Lima.
Denunciado por supuesta corrupción con manejos de dineros públicos, Castillo fracasó el 7 en instalar un régimen de facto. Al amparo del mandato constitucional de que ningún peruano debe obedecer a un gobierno “usurpador”, el Congreso lo destituyó ese día y lo reemplazó con Boluarte bajo la sucesión legítima como vicepresidenta para concluir el quinquenio que empezó en 2021.
Para el analista político, columnista y periodista peruano César Campos, “en efecto esta malhadada iniciativa de López Obrador y Ebrard de involucrar a gobiernos de América Latina para defender a un delincuente, como es Castillo, ha sido una aventura desafortunada”.
“El gobierno legítimo y constitucional de Boluarte, por más que uno no le tenga simpatías políticas, ha sido reconocido por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Chile (gobierno de izquierda) y Ecuador. Esto es un fuerte respaldo internacional a un proceso ciertamente complejo, convulsionado”, añadió.
En alusión a la mortal violencia política que fue detonada por los sucesos del 7, a favor y en contra de Castillo, Campos puntualizó que “esto es consecuencia de un mal paso dado por López Obrador, que realmente debería de avergonzar a los propios mexicanos”.
“No es ya lo que opinemos los peruanos sobre este desquiciado presidente mexicano, sino lo que piensa el pueblo de México respecto a lo que está haciendo” con Perú, ya que “la postura” de López Obrador, Petro, Arce y Fernández “se ha desinflado por completo”, aclaró.
“La ofensiva de este cuarteto que quiso defender a Castillo es ‘pégale a Pedro para que escuche Juan’. Tratar ellos defenderse de pesquisas judiciales en el futuro y creer que, con métodos autoritarios, pueden ponerse por encima de la separación de poderes y de la autonomía de los órganos jurisdiccionales”, alegó.
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