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Quito.- Decenas de militares y policías han cercado la Asamblea Nacional de Ecuador, institución disuelta este miércoles por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, al aplicar la llamada "muerte cruzada", por "grave conmoción interna y política".
Los militares y policías, ataviados con equipo antimotines, rodean el edificio de la Asamblea, que también tiene el paso restringido a varias cuadras.
El conservador Lasso aplicó la "muerte cruzada" en medio del juicio político en su contra y ha pedido al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
El general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que la decisión de Lasso está fundamentada legalmente por lo que debe "ser respetada" por todos los ciudadanos.
Lee también: ¿Qué es la "muerte cruzada" mecanismo que aplicó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso?
"Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución", dijo en un mensaje difundido este miércoles.
Al mismo tiempo, añadió que están "seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia".
"En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos", agregó.
Proaño formuló un llamamiento a la unidad de los ecuatoriano para "mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz y un país con libertad y dignidad.
Lee también: Presidente de Ecuador disuelve el Parlamento y aplica la "muerte cruzada"
¿Qué sucede ahora?
Lasso permanecerá en su cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales fijan la fecha de las elecciones.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.