El jueves se difundieron unas fotos en las que se ve a Fabiola Yáñez, expareja del expresidente argentino Alberto Fernández, con varios golpes en el cuerpo, que forman parte de las pruebas en el caso de la exprimera dama contra el exmandatario por violencia machista.
La aparición de estas fotografías generó fuerte reacción entre los políticos de Argentina; entre ellos, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien escribió un brevísimo texto: "Señores: nunca más. Fin".
"Es absolutamente detestable por una cuestión de respetar las instituciones y la investidura presidencial”, dijo este viernes Adorni. “Utilizar lugares de todos los argentinos, que además revisten el carácter de un respeto mayor por ser el despacho del presidente de la nación, es absolutamente repudiable. Es difícil encontrar palabras para definirlo”.
“La justicia debe seguir adelante con la investigación y, si es culpable, deberá pagar por lo que hizo. Apelamos a que la justicia investigue y lleve al país a un lugar de mayor justicia. Tanta propagando se le ha hecho y tantos millones de dólares hemos gastado en políticas de género, lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios, política, crear empleo público y hacerse de recursos del Estado”, indicó.
También el ministro de Defensa, Luis Petri, se refirió al caso y afirmó que "debería ir preso ya como otros violentos con prisión preventiva", mientras que varios integrantes de La Libertad Avanza, el partido de ultraderecha con el que el presidente, Javier Milei, llegó a la Presidencia, difundieron las fotos en redes o abundaron en la idea de que Fernández vaya a prisión.
“Es opinión de todos los seres humanos de bien que cualquier persona que se dirija con violencia contra otra persona que, por supuesto, tiene que ir preso”, dijo Adorni.
El miércoles, el presidente argentino Javier Milei se sumó al repudio de todo el arco político local contra el exmandatario Fernández, y calificó de "estafa" las políticas de género, tras la denuncia de su expareja Yáñez por violencia de género presentada el martes.
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Yáñez denunció a Fernández el martes por violencia de género, tras la filtración a la prensa de mensajes que narrarían agresiones ejercidas por el exmandatario, y que descubrió el juez Julián Ercolini en el teléfono celular de la secretaria privada de Fernández, mientras investigaba otra causa por presunta corrupción.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, declaró en Medios Provincia, una radio local: “Por supuesto que todos estamos muy shockeados por esta situación. Esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva. Es gravísima la denuncia. Así que, bueno, estamos todos en shock”.
También repudiaron a Fernández integrantes de la alianza política que lo llevó a la presidencia en 2019, como la dirigente política feminista Ofelia Fernández, que lo llamó "hijo de puta" y "psicópata".
Malena Galmarini, dirigente aliada y esposa del exministro de Economía de Fernández, Sergio Massa, escribió en X: "la violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre (...) estamos del lado de la víctima".
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La primera Ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, se solidarizó con Yáñez en su cuenta de X y apuntó contra quienes criticaron al gabinete que condujo entre 2019 y 2022: "El ministerio era una herramienta institucional para revertir tanta desigualdad y violencia" y no una "celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario".
En la vereda política opuesta, el diputado oficialista José Luis Espert acusó a Fernández de ser "una basura" de que "molía a golpes a la madre" de su hijo y de merecer "el escarnio de por vida".
Tras la denuncia, Fernández se convirtió en el primer expresidente argentino acusado de violencia de género. La denuncia tiene como agravante que las presuntas agresiones se cometieron cuando él era jefe de Estado, y en la residencia presidencial. Presentada la demanda, el actual gobierno argentino, encabezado por Milei, ordenó reemplazar y reforzar la custodia policial que tiene Yáñez, quien desde que Fernández terminó su periodo presidencial, reside en Madrid, tras separarse de él. De ser declarado culpable podría ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión, por violencia de género.
