Washington.-
Tras una serie de revelaciones embarazosas, varios congresistas demócratas llamaron a inculpar a Donald Trump , pese a los obstáculos legales que protegen al mandatario. Pero, ¿cuál es el estatuto penal del presidente de Estados Unidos ?
En la campaña presidencial de 2016, Michael Cohen , entonces el abogado personal de Donald Trump , dijo que organizó a "petición" de su cliente, pagos a dos mujeres para que no hablaran de sus relaciones íntimas con el millonario empresario, según afirmaron los fiscales la semana pasada.
Para la justicia, estos pagos constituyen una violación de las leyes sobre el financiamiento de las campañas electorales.
Estas revelaciones reabrieron un debate sobre la inmunidad de un presidente en ejercicio.
"Creo con firme convencimiento que el presidente puede ser inculpado"
, declaró el senador demócrata Richard Blumenthal.
El representante Adam Schiff afirmó que cree que el Departamento de Justicia "necesita revisar" la opinión de la Oficina de Asesoramiento Legal (OLC) sobre que un presidente no puede ser imputado.
"Creo que el Departamento de Justicia necesita reexaminar la opinión de la OLC sobre que no se puede imputar a un presidente en ejercicio en circunstancias en que no hacerlo implique que esa persona evada la justicia", indicó Schiff .
Para él, hay que inculpar rápidamente a Donald Trump para evitar la prescripción, que en este caso son cinco años.
La Constitución estadounidense prevé un procedimiento específico para la destitución ( impeachment ) para remover de sus funciones a un presidente en casos de "traición, corrupción u otros crímenes o delitos graves".
En este caso, la Cámara de Representantes queda a cargo de la acusación y el Senado juzga.
Pero la duda que subyace es si este procedimiento impide que en paralelo se abran otros procesos judiciales.
La Constitución no se refiere al tema. Pero uno de los "padres fundadores" del país, Alexander Hamilton , había escrito en su obra sobre el federalismo -que sirve de referencia para interpretar la Constitución- que el presidente podría "una vez terminado su mandato, ser procesado y castigado por la justicia ordinaria".
Esto sugiere que el mandatario gozaría de una inmunidad durante su mandato.
En 1972 y en 2000, el Departamento de Justicia se pronunció al respecto diciendo que inculpar a un presidente en ejercicio "perjudicaría" el funcionamiento de la Casa Blanca.
El procedimiento de destitución fue puesto en marcha tres veces en la historia de Estados Unidos. La primera en 1868 contra el demócrata Andrew Johnson y después en 1974 contra Richard Nixon por el escándalo de Watergate . Sin embargo, éste último renunció antes de que se llevara a cabo la votación.
La última vez que se usó fue en 1998 contra el demócrata Bill Clinton, a quien se señaló de perjurio. El entonces presidente perdió la votación en la Cámara de Representantes pero se salvó de la destitución en el Senado.
Según el derecho civil, es la Corte Suprema la que decide si un presidente puede ser procesado durante su mandato por actos cometidos antes del inicio de su mandato. En 1997, el tribunal autorizó la demanda de Paula Jones contra Clinton por acusaciones de acoso sexual cuando era gobernador de Arkansas .
Esta fue la razón por la cual Summer Zervos , una exparticipante del reality show protagonizado por Donald Trump , pudo demandar por difamación al presidente estadounidense, a quien acusa de haber mentido al negar que la toqueteó a la fuerza.
Pero en derecho penal, ningún fiscal ha intentado nunca ir en contra de las normas del Departamento de Justicia.
El debate de los expertos
Algunos expertos aseguran que no hay nada escrito en piedra. El profesor de derecho Neal Katyal , que trabajó para el gobierno del presidente demócrata Barack Obama , estima que los memorandos del Departamento de Justicia tienen "directrices generales" pero no hay establecida una "jurisprudencia".
Pero como prueba de que hay un margen de interpretación importante en este tema, está el caso del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh , nombrado por Donald Trump. El abogado ya cambió de opinión sobre esta materia.
En la década de 1990, apoyó al fiscal especial Kenneth Starr en su investigación sobre el romance entre el presidente estadounidense Bill Clinton y la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.
"¿Por qué el presidente debería ser diferente de los otros cuando es convocado por un jurado?", escribió en 1995.
Pero en 2009, cambió de opinión y señaló que pensaba que un presidente debía quedar exonerado de procesos civiles y penales durante su mandato.
agv