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Quito.- Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, enfermera de profesión, que el viernes fue deportada de Argentina hacia Ecuador, quedó en el centro de una investigación internacional debido a que en menos de seis años se convirtió en una acaudalada empresaria, con bienes e ingresos millonarios, y por ser la mujer de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", temíbe líder de la organización narcocriminal ecuatoriana "Los Choneros", que se fugó hace dos semanas de una cárcel en Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años.
El llamativo enriquecimiento de Peñarrieta tiene un punto de partida en 2014, cuando la mujer era una simple enfermera. A partir de aquel momento, como empresaria, acumuló bienes, compañías y millonarios ingresos en sus cuentas bancarias. Sus socios cercanos eran todos familiares de ella y de su esposo, con antecedentes judiciales por delincuencia organizada, asociación ilícita, asesinato, tenencia de armas y robo.
En 2020, la policía y la fiscalía comenzaron a rastrear los movimientos financieros y conexiones de Peñarrieta tratando de averiguar el origen de los recursos de su esposo, que supuestamente los obtendría a través del narcotráfico y extorsiones dentro y fuera de las prisiones, según publicó el sitio ecuatoriano Primicias.
La Fiscalía decidió acusar a la esposa del capo y a los otros cuatro socios de lavado de activos, enriquecimiento no justificado y defraudación tributaria por depósitos de 2.1 millones de dólares.
En la audiencia celebrada ante el juez Juan Eduardo Espinosa Zapata, el fiscal acusó a Peñarrieta como cabeza de la organización porque manejaba los activos y creó dos empresas la compañía de carga pesada Jomavi SA y la envasadora de gaseosas Queenwater SA.
En 2015, los ingresos al sistema financiero de estas empresas llegaron a 344.000 dólares, pero sólo reportaron 199 mil dólares al fisco. Al año siguiente el ingreso fue de 261 mil dólares y reportaron 97 mil dólares. La Fiscalía demostró que Jomavi era solo una empresa fantasma.
De los 2.1 millones de dólares que Peñarrieta recibió entre 2013 y 2019 solo reportó 1.7 millones.
En relación con el resto de los cuatro acusados, la Fiscalía demostró que su patrimonio no se ajustaba con sus ingresos declarados.
Cuando terminó la audiencia, en 2022, el juez Espinosa Zapata determinó la prisión de Peñarrieta y de los otros cuatro acusados, la incautación de sus bienes y la inmovilización de sus cuentas bancarias. Pero en un giro sorpresivo del proceso, tres meses después todos los acusados fueron declarados inocentes, recuperaron sus bienes y dinero.
Espinosa Zapata fue destituido, pero luego recuperó el cargo con una acción de amparo. La Fiscalía investiga ahora a otros tres jueces.
Por estas horas, en Ecuador, se aguardan definiciones de la Justicia y del gobierno del presidente Daniel Noboa sobre la situación de Peñarrieta y el resto de los familiares del prófugo Macías.
Peñarrieta habría ingresado con su familia a la Argentina el 5 de enero, tres días antes de la fuga del narcotraficante Macías del penal en Guayaquil.
Un total de ocho personas fueron arrestadas este viernes en el barrio privado Valle del Golf, cerca de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Fuentes del ministerio de Seguridad identificaron a Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, de 48 años, y sus hijos: Michelle Jamilet Macias Peñarrietae, de 21, y dos menores de 12 y 4. Estaban junto a ellos la empleada doméstica Denny Yadira Laines Basurto, de 22; un sobrino de Macías, Javier Macías Alcivar, y un amigo de la familia, Ángel Zambrano.
En la Argentina, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ratificó que Peñarrieta “acumuló en pocos años propiedades, empresas y considerables ingresos millonarios en sus cuentas bancarias, siendo enfermera de profesión”.
Las capturas fueron llevadas a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba luego de varios días de investigación hasta que corroboraron la presencia de los detenidos en el país. El mega operativo incluyó el uso de helicópteros y patrulleros de la Policía de Córdoba.
Agencias ANSA y AP
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