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Madrid.— Un juzgado español decretó ayer la libertad provisional de La Manada, como es conocido el grupo de cinco hombres condenados por una violación en las fiestas de San Fermín de 2016.
El caso de La Manada generó una de las mayores olas de indignación que se recuerdan en España en respuesta a una sentencia judicial. Los cinco hombres fueron condenados el 26 abril a nueve años de prisión por abusar de una joven durante las celebraciones taurinas en Pamplona. Con base en consideraciones técnicas, los jueces sentenciaron que se trató de un abuso y no de una agresión (castigada con una pena mayor).
La polémica decisión de ayer responde de nuevo a argumentos jurídicos. En España, el tiempo máximo de permanencia en prisión preventiva es de dos años. Los miembros de La Manada fueron arrestados el 7 de julio de 2016, el mismo día de la denuncia de su víctima. Por tanto, dentro de unas semanas se cumplirían los dos años y expiraría el plazo de retención provisional. Los hombres ya han sido condenados, pero han recurrido la sentencia y están a la espera de la sentencia firme, que puede tardar meses.
La ley española permite la ampliación de la prisión provisional en casos muy señalados hasta la mitad de la condena. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra (la misma que juzgó el caso) renunció ayer a esta posibilidad después de haber rechazado tres veces en el pasado la puesta en libertad de La Manada, alegando entonces riesgo de fuga y reiteración.
Los jueces han decretado esta vez que, a cambio de 6 mil euros, los cinco condenados pueden dejar la cárcel hasta que la sentencia sea definitiva.
Las redes sociales se hicieron eco del malestar ciudadano con lemas como “Si #LaManada sale, nosotras ocupamos las calles”. Ayer se registraron movilizaciones de rechazo en Pamplona y Barcelona, pero se espera que el grueso de protestas se celebren hoy, especialmente en Madrid ante el Ministerio de Justicia.
El juicio de La Manada ha sido uno de los motores del emergente movimiento feminista en España, que ve en el caso un símbolo de la discriminación que sufren las mujeres. Todos los condenados eran hombres de gran envergadura (uno de ellos militar y otro guardia civil), de mayor edad que la víctima (entre 24 y 27 años, contra los 18 de ella) y tres tenían antecedentes penales. La base de su defensa fue que existía un consentimiento implícito por parte de la víctima para mantener relaciones sexuales, a pesar de que ésta lo negaba.
La fiscalía pedía 22 años contra los acusados. Los cinco podrán dejar la prisión a partir de hoy. Deberán comparecer en el juzgado de guardia más cercano a su residencia (Sevilla) tres días a la semana y no podrán pisar Madrid, donde vive su víctima.
Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos, criticó la decisión, que llamó “golpe a las mujeres” y exigió, vía Twitter, “mayor protección a la víctima y juzgados epecializados”. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, del gobernante Partido Socialista (PSOE) , dijo que “hay resoluciones difíciles de entender. Mi pensamiento vuelve a estar con la víctima”.
