Lima.— Keiko Fujimori, la líder de la oposición en Perú, ex candidata presidencial y ex primera dama del país, se encuentra desde ayer en la cárcel luego de que un juez ordenara prisión preventiva por 36 meses (tres años) por presunto lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
El juez de la causa, Richard Concepción, leyó el fallo en el que argumentó que “debe tenerse en cuenta que en el presente caso el Ministerio Público ha iniciado investigación preparatoria contra una presunta organización criminal integrada por una pluralidad de investigados por el delito de lavado de activos agravado”.
“La investigada tiene todos los arraigos pero eso no garantiza que vaya a eludir a la justicia”, agregó al sustentar su fallo.
Fujimori ha negado su participación en esta trama de corrupción. Su defensa aseguró que apelaría la resolución, para lo cual tiene tres días.
La sentencia fue leída al final de una maratónica sesión que se prolongó por casi nueve horas en las que el juez leyó pruebas de cargo y descargo, y transcripciones de conversaciones de testigos identificados y protegidos. En varias ocasiones aclaró que no se juzga a un partido político, sino a una mafia al interior de esa agrupación.
El analista Juan Paredes Castro dijo a The Associated Press que “una detención preventiva de 36 meses me parece excesiva cuando la causa de acusación no está madura, no está consolidada. Eso nos llama la atención a nosotros y más aún a la comunidad internacional”.
La fiscalía sostuvo que Fujimori tenía conocimiento de fondos ilícitos y prácticas corruptas porque cuando era congresista votó a favor de un informe de una comisión multipartidaria que desestimaba las denuncias de supuestas irregularidades de la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de la Interoceánica Sur, uno de los importantes proyectos de Perú, entre otras obras.
Añadió que la lideresa del partido opositor Fuerza Popular encabeza una organización criminal que tenía la finalidad de lograr el poder político en las instituciones del Estado, por lo que se investiga el presunto lavado de 1.2 millones de dólares que Odebrecht supuestamente otorgó su campaña presidencial en 2011.
El juez que dispuso la prisión preventiva para Fujimori también ordenó esta pena por 18 meses para el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, así como la captura del también ex mandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien está en Estados Unidos. Estos tres últimos casos también están vinculados a presunta corrupción con Odebrecht, empresa que corrompía a funcionarios a cambio de obtener importantes contratos.
La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, afirmó que su cliente nunca tuvo “un juez imparcial” en la audiencia.
“Lo de hoy evidencia que aquí ha habido un juez totalmente parcializado”, comentó Loza, y destacó que no existe peligro de fuga por parte de Keiko Fujimori, como estimó el magistrado.
También señaló que la argumentación sobre la obstaculización de la investigación por una intromisión de su defendida en el sistema de justicia “es forzado e irracional”.
Por su parte, el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acusó al fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó la prisión provisional por 36 meses, de estar dirigido por el gobierno.
