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Caracas.— La justicia venezolana entregó ayer la sede del diario El Nacional, crítico del gobierno, al líder chavista Diosdado Cabello, una medida que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó de “robo del siglo al periodismo independiente” y el presidente editor del medio venezolano, Miguel Henrique Otero, como una prueba de que en Venezuela “una sentencia no pasa por el juez, sino por quien está arriba, llámese Cabello o quien sea”.
“En un irregular y clandestino remate judicial”, señala una nota de prensa de El Nacional, “se adjudicó directamente la propiedad de la sede [del periódico] y los lotes de terreno sobre los que ésta se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón”, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), detrás del presidente Nicolás Maduro.
La decisión estuvo a “cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general (...), Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas”, explicó la nota.
La decisión se produce luego del embargo anunciado en mayo de 2021 para cubrir los 13 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, le ordenó al diario pagar a Cabello en una demanda por difamación, introducida en 2015.
“Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de ‘robo judicial’, se completa parte de la condena impuesta a este diario, por los supuestos daños morales causados (...), en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación”, indicó El Nacional.
Cabello tomó acciones legales en contra del medio tras la reproducción de un reporte del periódico español ABC que lo vinculaba con narcotráfico. Después de presentar la querella, el poderoso dirigente lanzó varias amenazas al medio fundado hace ocho décadas y prometió convertirlo en una universidad o emplear sus terrenos para la construcción de viviendas populares.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, condenó “la consumación del robo del siglo al periodismo independiente, algo que sólo puede pasar en una dictadura”. El también CEO del Grupo Opsa, de Honduras, agregó que “la dictadura ha utilizado todas sus armas para cerrar medios y amordazar a la prensa durante estos 20 años, pero esta estrategia político-judicial es tal vez la más creativa”.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, acotó: “Una vez más observamos la falta de independencia de un sistema de justicia subordinado al poder político. Sin ningún pudor, de forma abusiva y de espalda a lo que dicta la ley, satisface la pretensión de un político que venía fervientemente amenazando con hacer desaparecer al diario”.
En entrevista con el diario peruano El Comercio, Otero se quejó de que nadie les informó de la subasta. “La jueza se lanzó con esta sentencia, asignó el edificio y supuestamente hizo una subasta. Nadie vio dónde llamaron a la subasta ni quién fue. No hubo cartel de remate en el edificio [del periódico]. Sólo fue el abogado de Cabello y le asignaron el edificio. Nosotros ni sabíamos que había esa subasta, se supone que cualquiera debería poder ir a comprarlo”, dijo. Otero, quien reside en Madrid, no está seguro de que con esta adjudicación terminen las medidas contra El Nacional. “No nos extrañaría que hubiera más represalias. Es una banda criminal, ellos van hasta el final, no tienen compasión”. Y agregó: “Cuando quieren criminalizar a alguien toman el expediente, buscan a un juez y dictan medidas cautelares. No hay juicio”. Con información de El Nacional y El Comercio/GDA
