San Salvador.— La decisión del Congreso salvadoreño dominado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele de destituir de un plumazo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general desató cuestionamientos a nivel internacional contra el gobierno de ese país por el trastocamiento de la división de poderes.
Como lo había anticipado, la nueva Asamblea Legislativa —con los votos de 64 de los 84 diputados de ese órgano— removió a los cinco magistrados con los respectivos suplentes y designó de inmediato a sus reemplazantes, a los que juramentó sin contratiempos. También destituyó al fiscal general, Raúl Melara, y nombró en su lugar al abogado Rodolfo Antonio Delgado.
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. En cuanto al fiscal, fue destituido por sus supuestas filiaciones con el opositor partido derechista ARENA. Ambas medidas se tomaron apenas asumir la nueva Asamblea.
Unas 25 organizaciones salvadoreñas se pronunciaron contra las destituciones: “Condenamos categóricamente este golpe de Estado avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, que mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una persona”, esgrimieron las asosiaciones a través de un comunicado difundido por el diario La Prensa Gráfica.
Más de 200 personas convocadas por un grupo llamado “Salvadoreños contra el autoritarismo”, acudieron a una protesta contra la acción de la Asamblea. Llevaban pancartas donde se leía: “Bukele fascista, títere del capital” y “No a la dictadura”.
También hubo manifestaciones en favor de la medida.
En Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, expresó a Bukele su “grave preocupación” por las destituciones y señaló, durante una conversación telefónica, que “un poder judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática”, según dijo el portavoz del departamento de Estado, Ned Price en una nota de prensa.
“El secretario Blinken subrayó el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, que incluye reforzar las instituciones democráticas y la división de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil dinámica, y apoyando al sector privado, que depende del Estado de derecho para fomentar un exitoso futuro para los salvadoreños”, añadó Price.
No fue el único. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó las destituciones e instó al gobierno de Bukele a “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”.
El Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: “Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) se sumó al rechazo, al señalar que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Ante las reacciones de representantes de gobiernos de otros países, Bukele dijo en Twitter: “A nuestros amigos de la comunidad internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso [las destituciones] no es de su incumbencia”.
El mandatario preguntó: “¿Esperan que la gente vote abrumadoramente por un nuevo gobierno, esperen dos años para que les permitan votar abrumadoramente [75% de los votos] por una nueva @AsambleaSV y que después de todo sigan los mismos funcionarios? ¿Ya revisaron su lógica? ¿Aceptarían eso en sus países?”
Agregó: “Si ustedes quieren llegar al poder para dejar al fiscal [del presidente venezolano, Nicolás] Maduro y a la Corte de Maduro, mejor díganle al pueblo la verdad. Díganles que apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro. En El Salvador nos costó 30 años liberarnos del régimen, no vamos a retroceder ahora”.
